Transbank llega a la Suprema: actuación del TDLC es "inconstitucional"

Transbank se fue en picada contra la resolución del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) de inicios de septiembre, donde se le ordenó una completa modificación en su sistema de cobros, que no incluya discriminar por categorías ni rubros, entre otros. Esto, luego de que el Tribunal resolviera la consulta realizada por Cruz Verde en 2016 para que se dictaminara si Transbank aplica tarifas más altas a las farmacias que a los supermercados por el pago con tarjetas,

El pasado 21 de septiembre la operadora de tarjetas presentó el recurso de reclamación a la Corte Suprema, alegando que si bien tienen la convicción de no haber discriminado arbitrariamente a Cruz Verde, "no entiende por qué el H. Tribunal optó por adoptar la medida más gravosa posible de entre las disponibles para solucionar el asunto".

En el documento, la empresa de propiedad de los bancos asegura que el TDLC actuó de forma desproporcionada, y que la resolución que dictaminó es inconstitucional e ilegal.

"Si el H. Tribunal efectivamente hubiera detectado una falla en la aplicación práctica del merchant discount cobrado a Cruz Verde y hubiera considerado que se requería una intervención regulatoria; tendría que haber analizado cuál era el mejor mecanismo para corregir el supuesto problema; y, en definitiva, haberse asegurado que los efectos generados a partir de la mejor solución detectada tuvieran altas probabilidades de mejorar el bienestar público. Claramente este análisis costo-beneficio no se realizó por el H. Tribunal al ordenar una intervención de mercado tan desproporcionada como la contenida en la Resolución Nº53", afirma el documento.

Es más, Transbank apunta a que la resolución del TDLC "implica un cambio -ilegal- general y profundo en la industria, que generará efectos insospechados con implicancias para la seguridad, inclusión y penetración de los medios de pago, así como para los emisores".

Por ello, Transbank solicitó dejar sin efecto la medida del TDLC. En caso de no acogerse lo anterior, exige que se permita la diferenciación de los merchant discounts por rubros, "siguiendo criterios razonables, objetivos y no discriminatorios; otorgue un plazo de al menos un año para presentar un plan de tarifas de merchant discount con los ajustes realizados; y, fije un procedimiento que asegure, conforme a la libre competencia, la debida participación de los emisores bancarios y no bancarios para la determinación de tales tarifas".