Tribunal Constitucional declara inadmisible recurso contra proyecto Dominga

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La Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros argumentaban que el Tribunal Ambiental fue discriminatorio al declarar suficiente la línea de base marina presentada por Andes Iron.


El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad  presentado por la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros que buscaba revertir el veredicto del Tribunal Ambiental de Antofagasta que resolvió que el proyecto minero portuario Dominga debía volver a ser evaluado.

"Que, del examen del requerimiento interpuesto, esta Sala ha logrado formarse convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, al concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura. Conforme se tiene del expediente constitucional, el conflicto que plantea el requirente está referido a materias que deben ser resueltas por el sentenciador ordinario de la instancia competente, en este caso, la Corte Suprema conociendo los recursos de casación accionados contra la sentencia que, a su turno, dictara el Primer Tribunal Ambiental", señala el fallo.

Asimismo la resolución establece que el fallo del Primer Tribunal Ambiental "no aparece aprobando el Proyecto Dominga, ni dispone que éste haya de quedar sin evaluación ambiental. Su parte resolutiva IV únicamente ordena retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental a la etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, de manera tal que se proceda a una nueva votación —esta vez ajustada a derecho- de parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

El fallo añade que "no es admisible el efecto inconstitucional que le atribuyen los requirentes a la norma legal impugnada, siendo de agregar que las críticas que han dirigido contra el fallo señalado son materias a ser resueltas por los tribunales del fondo y no por el Tribunal Constitucional".

Los opositores a la iniciativa argumentaban que el Tribunal Ambiental fue discriminatorio al declarar suficiente la línea de base marina presentada por Andes Iron, pese a que no existe una guía metodológica que oriente a los participantes.

En paralelo el proyecto enfrenta un proceso en la Corte Suprema donde la ONG Oceana y otras organizaciones presentaron un recurso de casación, mediante el cual buscan dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto por US$2.500 millones de Andes Iron, empresa propiedad de las familias Délano y Garcés, considera el desarrollo de una mina de hierro y cobre además de un puerto que se emplazarían en la comuna de la Higuera, en la Cuarta Región.

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