En medio de las manifestaciones estudiantiles, el 13 de octubre del año pasado, Ricardo Paredes fue nombrado presidente de la comisión de expertos del Ministerio de Educación, que en ese entonces lideraba Felipe Bulnes. Seis meses más tarde, el economista y académico de la Universidad Católica, desmenuza el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior impulsado por el gobierno, advirtiendo que la propuesta “solo resuelve el problema en su primera derivada”, por lo que reconoce que quedan muchas cosas por resolver. En ese punto, explica que las universidades con programas de investigación podrían verse afectadas bajo la nueva metodología.

¿Estamos ante un cambio importante en las reglas del mercado de la educación?
Sin duda que hay un cambio importante, que tiene que ver con el funcionamiento. Con el sistema que tenemos actualmente las instituciones de educación superior tienen la completa libertad de cobrar los aranceles que deseen, independientemente de la ayuda que reciban los estudiantes. Con la nueva propuesta se les involucra directamente, en el sentido en que mantiene la libertad de cobro, pero si se exceden del arancel de referencia y el resultado del alumno al salir de la carrera no es valorado en término de empleabilidad, tendrán que pagar la diferencia. Es un cambio sustancial. Es como una garantía a la calidad entregada por la institución, porque si el alumno no logra ubicarse en el mercado laboral, la institución tendrá que pagar cualquier exceso de cobro respecto al de referencia.

Sin embargo, hay universidades que pueden preferir no pagar el costo adicional, bajar los costos y acercarse al arancel referencial, con una menor calidad…
Por eso los aranceles de referencia debieran reestudiarse, y la propuesta considera que quedarán determinados por la empleabilidad. Si la institución bajara su calidad y producto de eso cae la empleabilidad de sus egresados, eso le repercutirá directamente y tendrá menores aranceles de referencia. En ese sentido, hay un elemento adicional, que uno no puede dejar de lado, que esto no sustituye una regulación de certificación y fiscalización. Pero, insisto, si bajan la calidad repercutirá en su empleabilidad.

Entonces, ¿cuáles son los incentivos (o desincentivos) que genera el nuevo sistema?
Es difícil, pero se puede predecir que un grupo de universidades optarán simplemente por becar, sobre todo aquellas que tienen más cercanos sus costos al referencial. Por el otro lado, las universidades que tengan mucha expectación respecto a la empleabilidad, van a privilegiar los créditos, como en el caso de Ingeniería en Minas. Ahí no creo que haya becas.

¿Serán capaces de asumir estos costos las universidades?
Es que cuando las universidades tengan una brecha de costos, lo que tendrán que hacer es subir los aranceles y que paguen los más ricos para pagar las becas de los menos ricos. Este método uno lo ve en las universidades más prestigiosas del mundo, donde los aranceles son muy elevados, y los que son pagados por una minoría sirven para financiar las becas y las ayudas de un grupo mayor.

En ese sentido, ¿se podría generar un problema de discriminación por parte de las universidades, de elegir solo a quienes puedan pagar?
Cuando uno acepta estudiantes vulnerables no puede tener un esquema paralelo de aceptación que no sean por razones estrictamente académicos. Es decir, no puede dentro de los elegibles, pedir un cheque en blanco o pedir los antecedentes. Es algo evidente y no se puede hacer ese tipo de selección. Sin embargo, sí podría decir que no acepta estudiantes con subsidios, pero en su totalidad.

¿Qué pasará con los alumnos que no entran a trabajar de inmediato o que se cambian de carrera? ¿Quién paga?
A ver, claramente la propuesta que estamos viendo resuelve el problema sólo en su primera derivada, pero hay muchas cosas que quedan sin resolver y que se tendrán que perfeccionar en el camino. Por ejemplo, no está resuelto aquí el tema de los estudiantes de regiones, que tienen mayores costos de viajes y de mantención, ni el tema de los programas de investigación.

¿Se podrían ver afectados los programas de investigación de las universidades?
En la medida en que uno aplica este esquema, que está orientado a la ayuda estudiantil, sin duda que dejará en una situación desmedrada a las universidades de investigación pura, si es que éstas no tienen carreras de alta empleabilidad. Una universidad de mucha investigación, por ejemplo, en biología, con alumnos que quizás no tienen gran empleabilidad, si no hay un apoyo financiero aparte a esa universidad, tendrá serios problemas.

¿Considera coherente con el nuevo sistema la tasa del 2%?
Uno no podría tener estas brechas de las que se discute con una tasa del 5%. Es una tasa justificada por el diagnóstico de que la educación superior genera un aumento de la productividad nacional y de la movilidad social. Es un subsidio orientado a los grupos menos privilegiados. Ahora, si ese es el porcentaje mágico nadie ha hecho un estudio sobre si lo es. Pero aquí está clara la voluntad de impulsar una actividad que tiene beneficios sociales y que el estado se pone para promoverla. No sé si el 2% será el número mágico.