Tras varios meses de análisis, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) finalmente puso en consulta la nueva normativa sobre procedimientos para Personas Expuestas Políticamente (PEP), regulación surgida luego de que estallara el caso Caval y se cuestionara el rol del Banco de Chile en la operación inmobiliaria del hijo de la Presidenta de la República.

La norma -en consulta hasta el 26 de junio- busca “establecer procedimientos especiales” cuando realicen operaciones o contratos con personas expuestas políticamente (PEP).

“Este nuevo capítulo, que será incorporado a su Recopilación Actualizada de Normas, tras recibir los comentarios de los interesados, señala que estas políticas “deberán ser descritas en su sitio web para conocimiento del público”, señaló la SBIF en un comunicado.

Así, la norma detalla que se establece el rol que debe desempeñar el Directorio de un banco cuando se realicen operaciones con PEP, y que las “aprobaciones de los créditos que se otorguen a PEP y que superen un monto definido por el Directorio para el efecto, deberán recaer en un nivel superior al previsto para las mismas operaciones con los clientes en general. En casos excepcionales, se podrá considerar al Directorio como instancia superior”.

Asimismo, establece que el Directorio deberá recibir información periódica acerca de este tipo de operaciones.

Además, indica que esa instancia deberá recibir información periódica respecto de: las personas expuestas políticamente que son clientes de la institución, sus productos u operaciones y las condiciones de los mismos; los contratos celebrados entre el banco y las PEP, en que éstas tengan la calidad de prestadores de bienes o servicios o de contrapartes comerciales de cualquier naturaleza; y reporte de cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados por el Directorio emanado de la auditoria interna.

Al mismo tiempo, la Superintendencia de Bancos especificó que la figura de PEP está contemplada en la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) a través del Capítulo 1-14 que se refiere a “Prevención del lavado de activo y del financiamiento del terrorismo”, donde se define a dichas personas como “los chilenos o extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en algún país, Chile inclusive, a lo menos hasta un año de finalizado el ejercicio de las mismas”.

También se detalla que entre los PEP se debe incluir a jefes de Estado o Gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus familiares y personas relacionadas.

“La norma actual fija cierto piso en términos de tener una política PEP, pero creemos importante subir ese piso y ser mucho más precisos de lo que requerimos”, había afirmado el titular de la SBIF, Eric Parrado, hace algunos meses tras ser consultado respecto de la situación de Banco de Chile.

La entidad entregó un préstamo de $6 mil millones a la sociedad Caval, de la cual participaba la esposa de Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon, luego de que ambos se reunieran con el controlador y presidente del banco, Andrónico Luksic.

El financiamiento permitió a la firma adquirir un terreno en al comuna de Machalí, el cual posterior fue vendido, generando una utilidad de más de $2.500 millones.