A cinco meses de estar operativa la Ley 20.818 que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, sólo un 22% de las organizaciones públicas del país se ha inscrito en al Unidad de Análisis Financiero (UAF) para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

Según cifras de la UAF, hasta la primera quincena de julio, 264 entidades de un estimado de 1.252 organismos habían realizado la inscripción. Entre ellas están la Contraloría General de la República, Servicio de Impuestos Internos (SII), Carabineros, y la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco), entre otras.

Cabe consignar que hasta inicios de este año, los organismos públicos no estaban llamados a reportar a la UAF, sólo lo hacían entidades privadas como bancos, casinos de juegos, conservadores, notarios e hipódromos, por nombrar algunos de los 38 sectores que fija la ley modificada.

Según explica el director de la UAF, Javier Cruz, si bien todos los servicios públicos están llamados a integrarse a este sistema, la Circular  N°20 de mayo pasado del Ministerio de Hacienda precisó aún más el deber de que estas instituciones debían inscribirse en el Registro de Entidades Reportantes de la UAF antes del 1 de junio de 2015. Así, todos los servicios deben establecer un enlace para hacer operativa la norma, la cual se activa inscribiéndose vía web a través de la página del organismo.

Destaca la autoridad que hoy “tenemos casi 300 instituciones públicas inscritas y seguimos avanzando rápidamente. Esto no es un proceso automático, porque la definición de la persona que internamente va a asumir esas labores varía mucho dependiendo del servicio que se trate, porque es distinto una municipalidad que un ministerio o las Fuerzas Armadas.

Apunta que en estos últimos meses han tenido muchas reuniones para apoyar el proceso de inscripción pública, ya que las o la persona que se constituya de enlace con la UAF sea las más idóneas.

“Hemos preferido que este proceso sea bastante consensuado y meditado para obtener los mejores resultados posibles. Acá la premura es una mala estrategia. Lo que tenemos que hacer es respetar los tiempos, pero siendo lo más acotados posibles para tratar de obtener el mejor resultado. Hay que conseguir la visión más autocrítica y el análisis más profundo que pueda hacer cada organismo de sus riesgos internos”, asegura Cruz.

Según el director de la UAF, de aquí a diciembre 2015 es esperan llegar a la totalidad de organismos inscritos, dado que la recepción que han tenido “ha sido muy positiva y proactiva. La complejidad está dada por hacer las cosas bien; el  asegurarnos a futuro tener un sistema preventivo modelo a nivel público”, asegura.

De hecho, Cruz destaca que la incorporación de órganos públicos a unidades como la UAF “no se ha hecho en ninguna parte de Latinoamérica y muy pocos países de Europa lo han hecho de manera consistente como lo estamos haciendo nosotros. Creo que eso va a dejar un paradigma bastante alto a nivel internacional para el país”.

Mejor UAF. El aumento de facultades legales para investigar y el que el sector público pase a ser parte de quienes deben inscribirse en la UAF a para reportar cualquier ilícito ha llevado a la entidad a reforzar sus mecanismos de fiscalización.

Cruz puntualiza que estos mecanismos van en “la línea correcta” para igualar los estándares internacionales y “definir de forma más precisa que hay que reforzar” para tener una legislación más óptima.

“En general hemos invertido mucho en tecnología para tener una mejor calidad en el manejo de datos, algo que es fundamental. Y también estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para ojalá dotar a la unidad de mayor personal en el manejo de los datos”, aseguró.

Respecto al último punto la autoridad agrega que han estado en una carta Gantt para definir  “un desarrollo más orgánico del servicio, porque no nos interesa tener una cantidad X de gente, sino gente con capacidad profesional importante”.