COP25: la hora de saldar la deuda de Chile con su biodiversidad y Áreas Protegidas

La institucionalidad ambiental en Chile sigue incompleta y, ya entrando en la segunda década de este siglo, consolidarla es una tarea inaplazable. Un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) no puede seguir posponiéndose, dado que se trata de una pieza fundamental, que sumada a la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales, terminará de cimentar un entramado institucional básico para la protección efectiva de nuestra naturaleza y un desarrollo realmente sustentable.

Hace más de 100 años, con la creación de su primera área protegida (Reserva Forestal Malleco, 1907), Chile fue pionero en conservación en América del Sur, junto con Argentina (1903). Un siglo después, nos hemos quedado atrás. Países como Perú, Costa Rica o Colombia, llevan la delantera en términos institucionales, de gestión y modelos de financiamiento.

Desde WWF, llamamos a los legisladores a darle la suma urgencia requerida por el Ejecutivo al proyecto de SBAP, que terminará con la actual dispersión y superposición de facultades en esta materia.

Contar con este nuevo servicio, además, propiciará incentivos necesarios para la conservación de la biodiversidad e integrará la gestión de todas las Áreas Protegidas, tanto terrestres como marinas.

Sin duda se requieren mejoras para alcanzar estándares internacionales como los de la UICN, en particular los referidos a compensaciones de biodiversidad, donde debe asegurarse que ésta se use solo como último recurso, y que se garantice la equivalencia entre lo compensado. Asimismo, deben estandarizarse las categorías de manejo y gobernanza, como ocurre en los sistemas modernos de áreas protegidas.

Otro aspecto crítico es el respeto de los derechos indígenas y las convenciones y acuerdos globales, como el consentimiento previo, libre e informado. Finalmente, es necesario un presupuesto robusto y mecanismos de financiamiento innovadores que complementen el presupuesto público, como los fondos fiduciarios.

Sin embargo, estos temas no deberían entrampar o condenar al SBAP a continuar su deambular legislativo, que se remonta a 2011.

No solo urge que la COP25 encuentre a Chile con una Ley de Cambio Climático en regla: la protección de la biodiversidad debe también consolidar su base institucional. El cambio climático es uno de los impulsores de la actual pérdida de biodiversidad, a la vez que es la naturaleza bien conservada y protegida una de las herramientas más costo/efectivas para adaptarnos a los efectos de un clima cambiante.

Más del 60% de las especies nativas en Chile están amenazadas o en peligro crítico. El último informe de la plataforma científica IPBES, alerta de la posibilidad de extinción de un millón de especies a nivel global al 2050, e instala al cambio climático como uno de los cinco generadores directos de impactos negativos en los ecosistemas.

No podremos hablar de una COP25 exitosa para Chile, y que mueva al mundo a un Nuevo Acuerdo por la Naturaleza y las Personas –como propone WWF- si el país aún sigue en deuda con su biodiversidad y sus Áreas Protegidas.