Gabriel Vargas

Gabriel Vargas

Académico del Departamento de Geología de la FCFM - U. de Chile

Qué Pasa

A cuatro años de los aluviones en Atacama, ¿qué aprendimos de ese desastre?


El 25 de marzo de 2015 (25M) Atacama sufrió uno de los desastres socionaturales más severos de su historia, cuando lluvias inusualmente intensas y cálidas sobre la ladera andina causaron fuertes aluviones que bajaron por las quebradas y los ríos principales de la región, produciendo la pérdida de 47 personas, más de 35.000 damnificados, perjuicios en la infraestructura pública y privada, colapso de la red vial básica y de servicios como el agua potable, la electricidad, el alcantarillado, el aislamiento de zonas pobladas y la inminencia de una crisis sanitaria.

El episodio no solo fue particularmente severo por la intensidad del fenómeno natural, sino por la magnitud y complejidad de su impacto en la población. Este evento puso en evidencia vulnerabilidades estructurales en cuanto a una inadecuada infraestructura crítica para enfrentar las emergencias, escasa planificación territorial, medidas de mitigación inadecuadas dada la intensidad de los fenómenos geológicos en cuestión, la carencia en sistemas de alerta temprana y monitoreo sistemático de variables climáticas a escala regional, la escasa información oportuna disponible por parte de la población, así como la fragilidad del sistema educacional y del tejido social.

A lo anterior se añade un preocupante problema de salud pública, relacionado a las altas concentraciones de metales en sedimentos removidos por los aluviones desde pasivos mineros en playas y quebradas. Un diagnóstico recogido en el libro “Aluviones y resiliencia en Atacama. Construyendo saberes sobre riesgos y desastres”, preparado por académicos de la U. de Chile y la U. de Atacama, que busca además aportar a la discusión sobre políticas públicas en la materia (http://www.libros.uchile.cl/838).

La naturaleza se manifiesta particularmente intensa en nuestro territorio, y Atacama no es la excepción. Más aún cuando los registros evidencian que estos desastres socionaturales han acompañado su historia, y todavía más cuando resultados de investigaciones científicas proyectan la posibilidad de una disminución de la precipitación total anual (en un 15-30%), al mismo tiempo que una intensificación de las lluvias torrenciales generadoras de aluviones de aquí hacia el final del presente siglo.

Pero más allá incluso, el 25M en Atacama, así como la complejidad de los problemas medioambientales en nuestro país, nos interpela en cuanto al real avance que hemos tenido en pos del derecho a un medio ambiente sano, entendido como “el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas” (ONU, 1972), y no simplemente como “el derecho a un medio ambiente libre de contaminación”, tal como lo planteó la aún vigente Constitución de 1980.

El 25M en Atacama evidenció la necesidad de abordar los problemas medioambientales desde una perspectiva compleja, multisectorial, con un énfasis social, basado en conocimiento científico y con la real posibilidad de participación de una comunidad informada, en decisiones vinculantes a la gestión de su propio territorio

No parece razonable, por ejemplo, insistir en dejar a la mera especulación inmobiliaria la gestión de territorios que sabemos que son amenazados por fenómenos catastróficos de la naturaleza. No parece razonable dejar a la especulación del mercado, fuertemente imperfecto por lo demás, la gestión de un recurso fundamental como el agua disponible para la vida y el consumo humano en particular, en desmedro de una planificación holística e integral del mismo; concebir este recurso como un bien privado, tal como se asegura constitucionalmente en nuestro país, parece cada vez más insostenible. No parece razonable insistir en el concepto de “zonas de sacrificio”, pretendiendo que existen zonas que hayan podido ser desechadas desde una perspectiva ambiental en pos del crecimiento del producto interno bruto; esas zonas deben ser recuperadas, usando para ello todas las inteligencias, el conocimiento y la tecnología que disponemos.

El desarrollo sostenible requiere conocimiento, innovación y participación efectiva de la comunidad. ¿Cuánto avanzamos en Atacama? ¿En Chile?



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