La investigadora chilena que encabeza equipo que documenta las violaciones a DDHH que exportará su modelo a México y Colombia

Oriana Bernasconi es académica del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado y dirige un equipo que sistematiza la disgregada información disponible sobre violaciones a derechos humanos en Chile.

Junto a su equipo interdisciplinar de investigadores, crearon el proyecto "Tecnologías Políticas de la Memoria  (1973-2013): Genealogía  de los Dispositivos de Registro y Denuncia de las Violaciones a los Derechos Humanos por la Dictadura Militar en Chile". La investigación hurgó en todos los registros sobre violaciones de DDHH en el país, registro que a su juicio es único, porque la documentación de la represión en nuestro país es única y emblemática "porque se hizo simultáneamente a las violaciones a través de diversos organismos que de la sociedad civil que produjeron información con una semántica y una narrativa que hoy, a ojos de los investigadores, sigue guiando a jueces para esclarecer que pasó con los chilenos desaparecidos".

Pero dice que esa información no se ha reunido en una base de datos integrada. Esos esfuerzos se hicieron en las comisiones de verdad, pero los datos no están disponibles, menos los de la Comisión Valech cuya información tiene un embargo por 50 años. En consecuencia, los jueces, cuando investigan, deben comprobar cada vez que existió algo que se llamaba Villa Grimaldi y eso hace que los juicios sean muy lentos y "durante el proceso los testigos mueran y no se esclarezca la verdad. Este proyecto quiere contribuir a pensar estos temas", explica.

Su investigación sistematiza estos datos y le valió ganar el Premio especial del Jurado del Newton Prize 2018. Este galardón aporta 200.000 libras para ampliar la investigación sobre violaciones a los derechos humanos en América Latina. Es decir, gracias al premio, Bernasconi podrá replicar su trabajo en otros países de la región.

El Newton Prize 2018 es un premio otorgado en Reino Unido a los proyectos  de investigación conjunta entre académicos del Reino Unido y de los 15  países socios con economías emergentes. Las investigaciones financiadas abordan los objetivos de desarrollo sustentable definidos por la Unión Europea. Este año Chile se gradúa de esta lista de países socios y, por lo tanto, es la última vez que participa y se beneficia del fondo.

Oriana Bernasconi explica que la postulación se realizó en mayo bajo estrictas pautas que ampliaban el impacto de la investigación a nivel regional.

-¿Es muy complejo documentar violaciones a derechos humanos? El sentido común dice que estos atropellos no dejan registros.

Efectivamente, es muy complejo. Si el registro sucede mientras la violencia política ocurre, los perpetradores intentarán encubrir sus crímenes, impedir el registro y manipular a otros poderes para que la verdad no se conozca. Si el registro se realiza con posterioridad a los hechos y mediando muchos años, el proceso de documentación es difícil porque requiere recoger los testimonios de las víctimas, testigos y responsables y reunir las pruebas que acrediten las violaciones ocurridas. Por eso usualmente es el estado el que lidera estos procesos documentales a través de las Comisiones de la Verdad.

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Oriana Bernasconi en la U. Alberto Hurtado, donde es académica.[/caption]

-¿Cómo es el registro en Chile respecto a otros países? ¿Mejor, peor, similar?

En Chile lo que tenemos es una situación excepcional. Desde octubre de 1973 la sociedad civil sostuvo un proceso de registro de las violaciones a los derechos humanos que perpetraba la dictadura cívico militar en el país. No sin costos por supuesto. La primera de estas organizaciones el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, fue forzado a cerrar sus puertas en diciembre de 1975 por presión directa del general Augusto Pinochet. Y los trabajadores de la organización que la sucedió – la Vicaría de la Solidaridad, y de otras organizaciones que surgieron con el correr de los años como la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas o la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo-, también fueron blanco de la violencia política por realizar esta labor de asistencia a las víctimas. Sin embargo, el registro continuó, la documentación fue conservada y ha resultado clave para sustanciar los procesos de calificación de víctimas en las comisiones de la verdad, y como evidencia jurídica en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Este acervo ha sido fundamental también para los ejercicios de memoria y reconstrucción histórica indispensables para garantizar la no repetición de estas violaciones. Sin embargo, en Chile aún no tenemos una base de datos integrada de todos los casos documentados. Ella podría acelerar enormemente los procesos judiciales y convertirse en un tremendo recurso pedagógico.

Países como Brasil o Argentina contaron con registros parciales de la violencia de Estado durante sus dictaduras. Ambas sociedades han tenido también acceso a algunos archivos de las fuerzas represivas. No es el caso en Chile.

-¿Cuál es a su juicio la mayor virtud de su trabajo y el de su equipo que les permitió ganarse el premio?

Premiaron esta investigación porque aborda un problema global. Lamentablemente ninguna sociedad es inmune a este tipo de hechos. Documentarlos es clave para todos los procesos que he señalado. Creo que también la premiaron porque reunimos un equipo interdisciplinar de las ciencias sociales, las humanidades y el arte para desarrollarla. Y porque trabajamos con los actores: los organismos de derechos humanos, sus ex trabajadores, los archivistas, los sobrevivientes, los familiares. También creo que fuimos capaces de realizar un proyecto científico abierto capaz de generar impacto en la comunidad científica nacional e internacional y también en la sociedad. Y para eso trabajamos duro en crear formas de mediación que permitieran poner el tema en la sociedad de maneras que le fueran sensibles. Si se quiere acomodamos la ciencia a la sociedad y no la sociedad a la ciencia. La obra de arte "La Sábana" del artista chileno Nicolás Franco, comisionada por el proyecto, es un ejemplo. Esta obra trabaja con un documento de registro de detenidos desaparecidos creado por la Vicaría de la Solidaridad y con un archivo fotográfico personal del artista. Trasladar el documento de registro y al arte ha permitido generar experiencias distintas y abrir diálogos contemporáneos en la población. La hemos expuesto en cinco ciudades donde ha sido vista por más de 14.000 personas. También ha sido un instrumento pedagógico; en Chiloé donde estuvo expuesta el verano pasado, 3.500 estudiantes y sus profesores y profesoras la visitaron.

-¿Cuál es la próxima etapa en su trabajo?

El premio nos permite continuar nuestra investigación por un año más. En esta etapa estudiaremos la documentación de la desaparición forzada en el continente. Para ello trabajemos con el caso de México, Colombia y Chile donde este crimen ha sido producto de distintas formas de violencia: narcotráfico, conflicto armado y dictadura militar. La tarea es seguir produciendo conocimiento y también contribuir a quienes realizan estas labores de registro en el mundo, reuniendo aprendizajes que pudieran serles de utilidad para su trabajo.