“La otra víctima de la guerra contra el terrorismo: los costos medioambientales”

Soldados estadounidenses protegen sus caras de la tierra mientras un helicóptero se acerca a recoger a sus compañeros heridos en Afganistán, en agosto de 2011. Foto: AFP




Con la retirada de EE.UU de Afganistán, se ha debatido acerca de los costos económicos, sociales y geopolíticos de la “Guerra contra el Terrorismo” iniciada hace veinte años por el gobierno de G. W. Bush, con un balance sombrío para las potencias occidentales que han participado en las operaciones al alero de la OTAN.

No ha existido, sin embargo, semejante preocupación sobre los costos ambientales de las acciones militares impulsadas por Estados Unidos desde los atentados del 11-S. Sabemos, por las estimaciones del Watson Institute for International and Public Affairs de Brown University, que las guerras contra el terrorismo en Afganistán, Irak, Siria y Pakistán han provocado un daño importante a nivel ambiental en cada uno de estos países.

En lo general, es claro que los territorios donde se desarrolla la guerra son afectados severamente por la contaminación de las aguas, el daño al suelo cultivable, la deforestación y contaminación del aire por emisión de toxinas que aumentan las tasas de enfermedades respiratorias en la población local y los militares en servicio. Hemos conocido como la tala ilegal de árboles en Afganistán, por parte de la insurgencia talibán y los señores de la guerra, han producido un impacto negativo duradero en los ecosistemas. También se ha informado cómo el aumento del cáncer se ha relacionado con la contaminación de los territorios ocupados por las fuerzas de la OTAN, especialmente en el caso de Irak.

Por otra parte, informes de instituciones de investigación vinculadas a las Fuerzas Armadas estadounidenses han reiterado que el problema del calentamiento global puede convertirse en un problema de seguridad nacional, por migraciones y desplazamientos forzosos que en la actualidad, afectan severamente a los países de la Unión Europea.

Diversos informes muestran que el Departamento de Defensa de EE.UU. es uno de los mayores consumidores de petróleo a nivel global y por lo tanto, un importante emisor de gases de efecto invernadero. Según Watson Institute, las Fuerzas Armadas de EE.UU desde 2001, han generado aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero, cantidad equivalente a más del doble de las emisiones anuales de todos los automóviles estadounidenses.

Foto: AP

Sin embargo, como en cada una de las aristas del problema de la crisis climática, no basta con la voluntad política unilateral por parte de los Estados. La persistencia del sistema internacional como agregación de 193 estados (más o menos), sin instituciones internacionales robustas, difícilmente avanzará en políticas eficientes para el seguimiento de la huella de carbono en el sector de la defensa y en la industria militar. Es poco probable que los estados se autorregulen en este tema para enfrentar la crisis climática y, sin embargo, el sector de la defensa constituye una poderosa industria. En consecuencia, las estrategias que parecen más eficaces y eficientes para abordar una agenda de largo plazo en este tema serán aquellas que consigan articular intereses nacionales, con la actuación de instituciones de gobierno cosmopolita y el derecho internacional.

*Cientista Político, doctor en Estudios Americanos y académico de la Facultad de Humanidades de la U. de Santiago

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