La tregua en la fiscalía que activó las causas de abusos contra sacerdotes

Reservadas reuniones entre Jorge Abbott y el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, con quien no hablaba hace casi un año, detonaron la embestida que hoy protagoniza el Ministerio Público en busca de la “verdad judicial” de cientos de denuncias contra religiosos. “Se va a investigar todo, incluso si está prescrito”, ordenó la máxima autoridad de la fiscalía.


El ascensor estaba a punto de cerrarse en el piso 9 del edificio institucional del Ministerio Público -ubicado en Santiago Centro- cuando el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, detuvo el elevador y le pidió al jefe de la Unidad de Delitos Sexuales y Derechos Humanos, Luis Torres, que lo acompañara a la oficina del fiscal nacional, Jorge Abbott, que queda un piso más arriba.

Hace casi un año que Arias no hablaba con la máxima autoridad del Ministerio Público debido a las públicas controversias que los mantenían alejados. Sin embargo, ese martes 12 de junio se firmaría una tregua entre ambos -de la cual Torres sería testigo privilegiado- y que impulsaría una histórica arremetida de la fiscalía en causas de abusos sexuales contra sacerdotes en Chile, que tendría su clímax esta semana, en la citación a declarar como imputado del máximo representante de la Iglesia en Santiago, Ricardo Ezzati.

Al llegar Arias al despacho de Abbott, hasta la secretaria del fiscal nacional se sorprendió. Desde que se inauguró y se dio uso al nuevo edificio institucional de la Fiscalía Nacional, en agosto de 2017, el fiscal regional de O’Higgins nunca había pisado el recinto ubicado en calle Catedral. En los actos protocolares enviaba un subrogante. Lo mismo para los consejos de fiscales regionales. De inmediato el jefe del Ministerio Público lo salió a recibir y, según testigos del encuentro, Abbott le habría dicho: “Me alegro mucho, Emiliano, de verlo aquí. ¡Qué bueno que vino!, ya es hora de superar las diferencias pasadas y que trabajemos juntos por esta institución”.

Por esos días, la diputada del Frente Amplio Claudia Mix ya amenazaba con una solicitud de remoción del fiscal nacional a través de la prensa, la que se concretó hace un par de semanas y que, ahora, está tramitando la Corte Suprema. Abbott no necesitaba más conflictos, y abriendo esa puerta supo, según se comenta en los pasillos de la fiscalía, que se iniciaría la tregua con el primer fiscal regional que él mismo nombró.

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En dos años, desde que fue nombrado en mayo de 2016 como fiscal regional de O’Higgins, Abbott le abrió en tres oportunidades sumario a Arias. En una de ellas con una sanción que le fue notificada en el último consejo nacional de fiscales regionales, al que el jefe de Rancagua asistió en junio de 2017. El motivo del castigo administrativo fue por haber emitido opinión en una reunión con víctimas por una causa de incendios en la zona que estaba en curso. De ahí en adelante la pugna entre ambos solo escaló y agudizó las dos veces que Emiliano Arias recurrió al Poder Judicial presentando recursos de protección en contra de su jefe, los que fueron desestimados por la Corte Suprema.

Pasaría casi un año exacto para el reencuentro. El 12 de junio, Arias no solo había sostenido una reunión de coordinación con el abogado Luis Torres, además había notificado al jefe de la Unidad de Delitos Sexuales y Derechos Humanos que al día siguiente allanaría importantes dependencias de la Iglesia Católica a propósito de investigaciones por abuso sexual que tramitaba. Que Arias pisara terreno de la Fiscalía Nacional solo respondía a gestiones que el propio Torres había realizado unos días antes. El 1 de junio, a través de un correo electrónico, y pese a los puentes cortados desde la Fiscalía Regional de O’Higgins con Santiago, el abogado decidió ofrecer a Arias ayuda y asesoramiento jurídico de su unidad luego de que una publicación sostuviera que se investigaba por varios delitos sexuales al excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz.

Torres es considerado un “hombre de Abbott”, ya que él lo trajo a la Fiscalía Nacional. Antes, el abogado trabajaba en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y al poco tiempo de asumir como fiscal nacional, Abbott lo fichó en su equipo directivo. De hecho, fue su labor anterior en la fiscalía lo que hizo que Torres y Arias se conocieran. Este último lideró una investigación por apremios ilegítimos cuando era fiscal jefe de Pudahuel, en contra de oficiales de la PDI. El caso fue denominado “red de corrupción” en la policía civil, y en esa causa penal el INDH se hizo parte como querellante y ambos abogados trabajaron en conjunto para lograr condenas.

En el Ministerio Público no sabían de esta “relación previa” entre Torres y Arias, por lo que, comentan, pensaron que el ofrecimiento desde la Fiscalía Nacional para asesoría jurídica que sería explicitado en el correo del 1 de junio no tendría eco. Sin embargo, el fiscal Arias respondió agradecido e invitó al directivo a visitar la Fiscalía de Rancagua. Una semana después de ese encuentro vendría el tratado de paz entre Abbott y Arias y el respaldo total de la fiscalía a la labor del fiscal que hoy día se erige como el especialista y principal fiscal de Chile que indagará abusos y encubrimientos de estos ilícitos en la Iglesia chilena.

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Arias aceptó un café y se sentó en la oficina de Abbott. Junto con dar visiones generales de cómo la Fiscalía Regional de O’Higgins estaba abordando los abusos denunciados en su zona, como dicta la tradición, Arias le advirtió a su jefe de una diligencia importante. En sus manos contaba con una autorización judicial para allanar las principales sedes eclesiásticas -en Santiago y Rancagua- de la Iglesia. No era necesario contarle, porque el fiscal nacional tiene prohibido entregar una instrucción particular, sin embargo, los perseguidores penales cuando van a realizar una pesquisa que pueda impactar a la opinión pública le informan a su superior.

Quienes conocen de esta reunión, en la que también estaba Torres, afirman que Abbott habría sido enérgico en señalar una disposición que luego se transformaría en un protocolo que deberán seguir todos los fiscales preferentes para indagar estas causas en el país. “La fiscalía no puede cerrarles la puerta a las víctimas, hay que asegurar que todas puedan exponer sus casos y denuncias y se va a investigar todo, aunque pueda parecer que está prescrito”, dijo ese día tras apoyar la diligencia intrusiva de Arias en los recintos religiosos. La decisión se transformó en una especie de política interna de persecución penal de la fiscalía ante estos delitos. La postura se toma justo en momentos donde se le cuestionan a la institución los acuerdos en los casos de financiamiento irregular de la política. ¿Una decisión para mejorar la imagen? La suspicacia se instala entre quienes ven con sospecha la efectividad de las diligencias que se han comenzado a anunciar, aunque el Ministerio Público descarta que se trate de una operación comunicacional. De hecho, Abbott les pidió a sus asesoras comunicacionales no aparecer en la entrega del catastro de causas vinculadas a delitos sexuales que involucran a sacerdotes. Esto se mantendrá mientras esté vigente la petición de remoción en su contra y alguien pueda hacer una lectura de que está aprovechándose de estos casos.

Abbott es conocido por llevar de forma ferviente su catolicismo. Sin embargo, habría querido demostrar en ese minuto que el Ministerio Público podría arribar a una “verdad judicial” necesaria en los tiempos que estaba viviendo la sociedad chilena, tras la visita del Papa a mediados de enero de este año. De esto también había convencimiento en la unidad liderada por Torres, que en un inicio trabajó el tema de torturas creando una división especial de derechos humanos, pero cuyos funcionarios -en la actualidad- están abocados al asesoramiento en todas las fiscalías regionales del país para activar las diligencias de estas causas.

Ese 12 de junio, Arias ya contaba con la orden de entrada y registro cursada por un juez de la República. La fiscalía debía actuar con rapidez antes de que la información pudiera filtrarse y se acordó realizar los allanamientos al día siguiente. En paralelo, Torres había gestionado una reunión protocolar -con miras a petición de cooperación internacional al Vaticano- con los enviados, por esos días, del Papa: el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu. Luego de que este último diera luz verde al encuentro, que se concretó la tarde de los allanamientos, se pensó en un inicio que solo se reunieran Abbott y los investigadores de la Doctrina para la Fe. Sin embargo, en pos de la tregua, Abbott pidió que asistieran también Arias y el fiscal regional de la Zona Sur, Raúl Guzmán, quien también encabeza una indagatoria por presuntos abusos de los Hermanos Maristas.

Otra reservada reunión, entre Abbott y Arias, se concretó este martes 24. Nadie sabe bien los detalles y el motivo de este encuentro, aunque horas más tarde el arzobispado mandaría un comunicado dando a conocer que el fiscal regional de Rancagua había citado a declarar en calidad de imputado a Ricardo Ezzati. Y tres días después, el viernes 27, el propio Abbott empoderó aún más al jefe regional para que pueda indagar más allá de O’Higgins, su zona, eventuales conductas de abusos, encubrimiento de estos y obstrucción a la investigación.

Solo algunos que han presenciado o conocido de las citas entre Abbott y Arias reconocieron a Reportajes que este último, sin darle detalle de contra quiénes tiene prueba, le habría advertido a su jefe que iba “a llegar a lo más alto de la Iglesia”, a lo que la autoridad habría asentido.

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