Manuel Guerra, fiscal regional metropolitano oriente: “No voy a postular ni me interesa ser fiscal nacional”

El fiscal Guerra desestima cualquier intención futura por llegar al máximo cargo del Ministerio Público, suspicacia instalada tras impulsar un acuerdo con los máximos directivos del holding Penta y el exsubsecretario Wagner, en el que se desestimó la acusación de cohecho. Explica que su decisión estuvo basada en falta de pruebas, ya que -a su juicio- no fue posible acreditar ese delito para asegurar una condena contra los imputados.


Fue una semana agitada. El fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, estuvo todos los días en tribunales por los abreviados que liberaron del delito de cohecho a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner. Y su semana finalizó el viernes 6 en una reunión con los enviados de la Ocde que vinieron a Chile a evaluar el accionar del Ministerio Público, justamente, en materia de corrupción.

Los evaluadores no pudieron evitar preguntarle por un tema que se planteó durante la semana en medio de las críticas a su decisión de renunciar a perseguir el delito de cohecho en el emblemático caso de financiamiento irregular de la política. “¿Quiere ser fiscal nacional?”. La respuesta que les dio a los evaluadores Ocde la respondió también en esta entrevista.

¿La decisión de renunciar a la imputación de cohecho en el caso Penta puede haber afectado la evaluación de la Ocde?

No creo. Espero que no. Siempre hemos explicado ante la comisión las decisiones que hemos tomado, y como tienen fundamento técnico, creemos que no debieran influir en la postura que toma la comisión.

¿Cuándo decide dar el giro y eliminar el delito de cohecho?

Esto comenzó en marzo. Empezamos a reunirnos primero con la defensa de Lavín y Délano y luego también con la de Wagner. Siempre aspiramos a tratar de obtener un acuerdo sobre la base de un cohecho en un abreviado cerrado, es decir, que aceptaran los hechos tal y como estaban en la formalización. Pero ellos, desde un inicio, dijeron que no lo iban a aceptar. Ellos sentían que se ponían una condena en el cuerpo por un delito que señalaban no haber cometido. Si en algo estaban convencidos -estoy transmitiendo lo que ellos señalaban- era que jamás habían coimeado o cohechado a Pablo Wagner. Lo que nosotros sí teníamos acreditado, sin ninguna duda, son los pagos hechos a Wagner, estaba claro que en el período en que él fue subsecretario, desde junio de 2010 hasta agosto de 2012, se efectuaron 14 pagos, que esos pagos fueron regulares, que se hicieron depósitos a su cuenta corriente, que para esos fines se ocuparon boletas de honorarios falsas de su cuñada; falsas porque no se prestó ningún servicio por ellas. Eso era lo que teníamos claro. Y que la debilidad de este caso, que siempre estuvo presente en la interna del Ministerio Público, era el tema de los actos propios del cargo que se exigen en el cohecho.

¿Por qué sostiene que eran débiles en este caso?

Porque las conductas que Wagner había realizado era complejo clasificarlas dentro de actos propios del cargo de subsecretario de Minería. Y, lamentablemente, en Chile no está penado lo que se llama cohecho por la función, es decir, voy a pagar por tener a un “propio” dentro de un servicio público para que el día que lo necesite, voy a ir a pedirle una ayuda para que me haga un favor. Eso en Chile, desde la perspectiva del que paga, no está penado.

Si usted -y la fiscalía nacional- tenía claro desde un inicio las debilidades de probar el cohecho en este caso, ¿por qué el 2016 planteó que la aceptación del cohecho era intransable para llegar a un acuerdo?

Se ha hablado harto de ese tema. Eso ocurrió en junio de 2016. Yo llegué a la Fiscalía Oriente a fines de 2015 y lo primero que conozco son los hechos del caso, no los más de 72 tomos y donde están todos los antecedentes. Por lo tanto, me guío básicamente por la información que me entregan los fiscales del caso. Además, estábamos en un contexto de un fuerte enfrentamiento con la defensa. Por un tema también estratégico uno no podía decir en ese momento públicamente mire, sí, estamos dispuestos a transar, porque mostraría una debilidad con el caso. Pero era objetivo que teníamos un problema. Al seguir revisando los antecedentes del caso, uno encuentra que en la resolución del 28 de abril de 2015, cuando la magistrada Alicia Rosende revoca la prisión preventiva de Wagner, hace alusión a todas estas debilidades. Si una magistrada, para los efectos de una medida cautelar, que tiene un estándar probatorio mucho más bajo, considera que aquí no hay cohecho, qué nos queda si el día de mañana nos enfrentamos a un juicio oral. Y eso nos hacía a todos llegar a la conclusión de que teníamos un problema probatorio importante.

¿Fue un error el haber dicho que el cohecho era intransable?

Todos cometemos errores. Pero más que un error, fue imprudente haber hecho ese tipo de afirmación.

¿Y esa debilidad probatoria la compartía el fiscal Gajardo, quien ahora dice que nunca vio esa situación cuando tuvo el caso?

No recuerdo haber conversado el punto preciso con él. Sí debo decir que Carlos Gajardo siempre fue de la idea de que esto se resolviera en juicio. Eso sí es real. Pero desde la Fiscalía Nacional hacia abajo siempre se habló de la debilidad probatoria del caso.

¿El giro en la estrategia tuvo que ver con la salida de los fiscales Gajardo y Norambuena? ¿Ellos eran un dique para que les ofreciera un acuerdo de este tipo a las defensas de Délano, Lavín y Wagner?

No eran un dique en absoluto. Lo de marzo tiene que ver con que ya había vencido el período de reapertura de la investigación. En cualquier momento una defensa iba a pedir el apercibimiento del cierre e íbamos a tener que tomar decisiones. Por lo tanto, empezamos a revisar uno a uno los más de 30 grupos de hechos que hay en este caso para revisar los antecedentes que teníamos y así fuimos tomando definiciones.

¿Sabía que esta decisión sería costosa?

Teníamos claro que tendría costos y que sería impopular, porque, sin lugar a dudas, cuesta que la ciudadanía entienda que en un caso en que se habían formalizado estos hechos y se había señalado que eran particularmente graves, en definitiva no se continúe la persecución del delito funcionario. La sanción del cohecho, lamentablemente, tiene más que ver con un estigma social que con una sanción penal elevada. Pero tenemos que tomar una definición de cara a un juicio oral y hacerlo seriamente, sin endosarle la responsabilidad al Poder Judicial, porque resulta muy fácil ir, acusar por todo y traspasarle este conflicto al Poder Judicial. Ese no es nuestro rol. Sería irresponsable.

¿El exfiscal Gajardo seguía esa estrategia de ir hasta el final y que fuera el tribunal el que decidiera?

No solo el fiscal Gajardo, sino que mucha gente. Es una estrategia que muchas veces se ha usado, pero uno tiene que tener convicción de las imputaciones. Uno está acusando a gente de haber cometido un delito. Me molesta que se diga que uno está encubriendo y protegiendo a cierto tipo de gente, pero nosotros insistimos públicamente al SII para que se querellasen en contra de otras empresas contra las cuales no se presentaron acciones. Éramos partidarios de que se persiguiera a todos, pero el tema es que en este contexto de convulsión social, la fiscalía también se vio imbuida en esta presión por aparecer satisfaciendo la demanda ciudadana, que en principio no tiene nada de malo, pero en la medida en que uno tenga las herramientas con las cuales ir a la guerra. Si no las tenemos, lo que uno al final hace es una promesa que después no se cumple y genera una expectativa que a la larga tiene un costo mayor. Lo que hicimos fue un ejercicio de realismo, asumiendo que tiene un costo de imagen para quien toma la decisión, que soy yo y la fiscalía.

Existe desconfianza en la ciudadanía, en el sentido de que se persiguen delitos que afectan a personas comunes y corrientes, pero no a los poderosos…

Si tengo cómo acreditar un caso de soborno por $ 100 mil a un carabinero, voy a perseguir la condena, y si es un millón de dólares, también. Pero si no tengo las pruebas para sustentar una acusación, lo que hago es generar una expectativa que no va a ser satisfecha y a la larga va a generar una sensación de insatisfacción en la ciudadanía mucho mayor. Aquí no hay en ningún caso un acto de favorecimiento a nadie. Délano y Lavín están condenados y Wagner también, además por un delito funcionario que nunca antes se había sancionado en Chile: debe ser el primero con condena por enriquecimiento ilícito.

¿Se eludió sancionar la corrupción? Si se ve lo que pasa en países de la región como Brasil o Perú, se ha señalado que aquí vamos a contrapelo.

No creo; la fiscalía ha hecho un esfuerzo importante por perseguir los delitos de corrupción, con resultados disímiles, sin duda, y considerando las penas y conductas descritas en la ley. Quienes hoy tienen la pelota en sus manos son el gobierno y el Congreso, encargados de promover y acelerar la tramitación de los proyectos de ley que sancionen con mayor fuerza ese tipo de delitos. Ojalá que en el caso del cohecho, con penas de crimen para que sea cárcel efectiva, pero además ampliando su tipificación y facilitando la prueba.

¿Pero se hace cargo de lo que dijo el exfiscal Gajardo de la señal que usted estaría dando?

No, porque los empresarios no pueden llegar y pagar a un funcionario público. Los funcionarios no pueden recibir dineros distintos a los de su remuneración, pues son trabajos con dedicación exclusiva. Eso no corresponde, y el antecedente que estamos dejando es que el funcionario puede ser condenado por enriquecimiento ilícito. Hay un argumento tendencioso en lo que dice el exfiscal Gajardo, pues el problema es que cuando no hay prueba de una contraprestación por esos pagos, no existe una sanción para el particular que paga y eso se debe corregir. Incluso, la fiscalía ha instado por eso ante el Congreso. No estamos diciendo que lo que hicieron Délano y Lavín al pagarle a Wagner haya estado bien, pero sí que falta en la ley referirse a ese tipo de pagos cuando no se puede probar que haya existido un favor o una gestión propia del cargo a cambio. Hay quienes pueden asegurar que había ese tipo de gestiones y que se podían acreditar. Nosotros sostenemos que no y conocemos los estándares de los tribunales. No es que el Ministerio Público renuncie a perseguir el soborno, lo persigue cuando tiene pruebas.

En la estimación de las pruebas y de los antecedentes que tenían hubo presiones políticas.

Ninguna.

El fiscal Gajardo menciona el oficio que envió el entonces senador Hernán Larraín al fiscal nacional, advirtiendo que las actuaciones de los fiscales respecto de parlamentarios afectaban los quórums, justo antes de que se modificara la situación de Moreira…

No, no tiene nada que ver, de hecho, a ver… me enteré del oficio que había mandado el senador Larraín a través de un oficio que me reenvió el fiscal nacional, que es un oficio remisor, no me dice “oiga, por favor, apúrese, denle prioridad”, nada, simplemente transmito a usted comunicación recibida de parte del Senado, punto, y desde antes, yo estaba en conversaciones y también después con la defensa de Iván Moreira, así que, por lo tanto, no hubo ninguna influencia política… ni tampoco en esto hay un afán personal, se ha pretendido inclusive que yo estaría tomando estas decisiones porque quiero congraciarme con determinados sectores debido a que pretendo ser fiscal nacional y eso no es así.

Se lo pregunto derechamente, ¿quiere ser fiscal nacional?

No me interesa ser fiscal nacional del Ministerio Público.

¿No va a postular?

No voy a postular. Además, estamos hablando de un debate que se está anticipando más de cuatro años, que no va a ser resuelto por este gobierno, ni por el actual Senado. Uno tiene conciencia de que cuando ve este tipo de casos siempre quedan personas heridas, cualquiera sean las decisiones que tomes, por lo tanto, sería poco realista. Por otra parte, siempre he considerado, si ustedes lo ven desde el punto de vista de la relevancia, que el ejercicio de la acción penal, que es el instrumento más fuerte que tiene el Ministerio Público pasa por sus fiscales regionales y no por el cargo de fiscal nacional. Los fiscales regionales tenemos, en cambio, esa facultad, esa potestad, y eso a mí me parece mucho más atractivo y yo la verdad no tengo interés en conducir el Ministerio Público como fiscal nacional.

Por lo tanto, usted deja aquí firmado de que no está en sus planes postular a fiscal nacional.

No está en mi proyecto ser fiscal nacional. Lo digo de frentón. Tengo conciencia de que no soy una persona que probablemente reúna el consenso que requiera la nominación de ese cargo. Si hubiese sido por congraciarse, acusemos a todos, vamos a juicio oral, seamos, populares, que nos aplaudan en Twitter, que nos digan muchos links que estamos muy bien, pero la verdad es que ese no es el objetivo mío. No pretendo ser fiscal nacional, no pretendo congraciarme con ningún sector político y en ese sentido, por qué aquí se persiguió gente de un sector, porque la causa de Penta se trataba de una causa que favorecía a un sector, pero eso no quiere decir que estemos tomando decisiones para acomodarnos, debido a que estamos tras el cargo de fiscal nacional, eso lo descarto completamente y, por ende, me parece que hacer ese tipo de imputaciones gratuitamente es algo de mala fe de parte de quienes lo dicen.

Y qué le parece que sea un exfiscal quien aliente esas críticas. ¿Le parece desleal, le parece que está en su justo derecho?

Cada persona tiene derecho a emitir las opiniones que le parezcan convenientes. Yo soy de la idea de que cuando las personas dejan las instituciones, lo más adecuado es que se conduzcan, ojalá, con sobriedad, por respeto a las propias instituciones en las cuales han trabajado.

¿Le afecta el ver en las redes sociales que algunas personas lo traten de corrupto?

Creo que uno tiene que tomar las críticas de parte de quien vienen y dónde se expresan. Normalmente, a nivel de muchas de las redes sociales, lo que se establece son especies de francotiradores que están disparando la primera idea que se vino a la cabeza y uno entiende que es parte de los costos que tiene un cargo que tiene una alta exposición pública. Pretender que a uno lo aplaudan en el Ministerio Público, se equivocó de lugar.

El exfiscal Gajardo ha dicho que la renuncia a perseguir los delitos de corrupción es un peligro para la democracia…

Quienes persiguen, en definitiva, la fama utilizando medios de comunicación social de manera irresponsable pueden terminar dañando las distintas instituciones y, además, en lo otro, no hemos renunciado a perseguir la corrupción, simplemente es que lo hacemos cuando tenemos la convicción de que tenemos los antecedentes suficientes para hacerlo. Quien diga lo contrario, se equivoca. Quienes utilizan este tipo de medios, ya a través de campañas permanentes, ya denunciando siempre los vicios ajenos y las virtudes propias, ahí siento que en ese tipo de liderazgos hay mucho de megalomanía de por medio, de mucha necesidad de estarse viendo en fotos y escuchándose en radios y en canales de televisión.

¿Qué le parece que el Consejo de Defensa del Estado le diga a usted que está haciendo actos ilegales?

Están absolutamente equivocados y así lo refrendó la resolución del juez cuando se discutió el punto en la audiencia. Por ley, la decisión de reformalizar la investigación es una decisión privativa del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que determina qué hechos va a contener en su formalización, por lo tanto, malamente quien ejerce una facultad que le entrega la ley puede estar ejecutando una actuación ilegal. Creo que hay una expresión equivocada y siento que hay cierta ligereza en la expresión de juicio por parte del Consejo de Defensa del Estado en la audiencia.

¿Es efectivo que usted tomó la decisión de reformalizar en el caso Penta en contra de la postura de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional?

Es una información sesgada. En esto hay mucho de información sesgada y lamento que personas que han desarrollado el rol como fiscales se toman de esa información sesgada cuando no veo cómo podrían tener acceso a las conversaciones, a los debates que se produjeron a partir de este tema.

¿Qué pasó en realidad?

Lo que la Unidad Anticorrupción nos planteó de cara a esta recalificación y a las reformalizaciones que pretendíamos hacer, es que ellos consideraban que era preferible continuar con la imputación por cohecho, pese a existir debilidades probatorias y que sea el tribunal quien resuelva. Yo ahí manifiesto mi discrepancia y digo yo no soy partidario de esa tesis. Cuando uno va a un juicio como acusador, va porque tiene certeza y tiene que ir con toda la convicción de que persigue una condena porque está seguro de que esos hechos ocurrieron y tienes el sustento probatorio. Cuando eso no ocurre tenemos que empezar a ver qué otras alternativas tenemos y esa fue la discrepancia. No es que la Unidad Anticorrupción diga esto es cohecho sí o sí.

O sea, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional sí quería darle una chance al Consejo de Defensa del Estado y usted fue el que la limitó…

Nosotros la limitamos, pero no porque buscásemos limitarle la posibilidad de actuación al Consejo, sino que porque teníamos una mirada jurídica distinta.

¿Hubo una pugna entre usted y el fiscal nacional?

No hubo ninguna pugna.

¿Tampoco planteó renunciar?

No he ofrecido ningún tipo de renuncia. Sí mencioné en su momento que si este tema generaba a lo mejor un conflicto que pudiese dañar a la institución, siempre -y así lo expresé- el fiscal nacional tiene la posibilidad de entregarle el caso a otro fiscal. El fiscal nacional me dijo que esa no era una posibilidad, entendiendo, además, que estábamos casi ad portas de un cierre de investigación, que nosotros teníamos la causa y que él respetaba la independencia de decisiones del fiscal regional, y que me quedara tranquilo, porque, en definitiva, esto no era más que una opinión que tenía la unidad, quien tenía todo el derecho a expresar su opinión. Y en esos términos se resolvió.

¿No le da miedo pasar a la historia como “el fiscal que le dio un gran perdonazo a la clase política”?

No, la verdad que no. Hay ciertos términos que se han ido instalando en el debate público que son bastante errados. No soy el defensor de Penta ni me corresponde serlo. Penta sin duda que ejecutó conductas gravísimas en materia tributaria. Había un esquema diseñado para que muchas de las actividades del grupo Penta se hicieran con infracción a las leyes tributarias y evadieran impuestos. Eso era así no solamente en el financiamiento de la política, sino que era también para retiros de parte de los propios propietarios para entregarles dinero a sus cónyuges, para pagarles los bonos a sus altos directivos y ejecutivos de las empresas, y todo eso redundaba, con esquemas poco sofisticados, como las boletas y otros mucho más sofisticados, como los forwards, y todo eso destinado a evadir impuestos. Y evadir cantidades importantes de impuestos… Pero sí hay que decir una cosa: el porcentaje de los delitos tributarios de Penta, relacionados con el financiamiento ilegal, es mínimo. Si uno suma todas las boletas y facturas emitidas para financiar la política, se van a encontrar con que en cantidad de dinero, en el total, es un porcentaje menor. Es distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en Soquimich. En Soquimich ustedes no tienen fórmulas para evadir impuestos distinta que no sea el financiamiento ilegal de la política, Soquimich evadía impuestos y aceptaba facturas falsas. Y les pagaba transversalmente o le financiaba transversalmente a distintas candidaturas de todos los sectores. Se descubre que en Soquimich el abanico se abría completamente, y que en esto se veían beneficiados moros y cristianos. En materia de financiamiento ilegal de la política, Penta tiene la relevancia, porque es el primero, sin lugar a dudas, no lo podemos negar, esa fue la puerta de entrada a esto. Pero si uno lo pone en el contexto global de las distintas empresas, no es la más importante en financiamiento de la política y, aún más, diría yo, hay muchas otras de aquellas contra las cuales no se presentó querella que, probablemente, en materia de financiamiento ilegal de la política, tenían tanto o más dinero que Penta y que lamentablemente no hubo querella, pese a que insistentemente lo pedimos, porque nos interesaba perseguir esos casos. Y obviamente que al perseguirlos podíamos ver si teníamos alguna situación constitutiva de cohecho.

Aun así quedó la sensación de que hay una justicia para los pobres, que es la que termina en la cárcel, y una justicia para los ricos, que termina con una multa. ¿Que respondería a esa percepción?

Yo creo que, efectivamente, está instalada esa percepción. Esa percepción tiene mucho de cierto y, por ende, junto con agregar nuevas conductas es necesario elevar penas y propiciar que estas sean cumplidas efectivamente.

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