Tribunal ruso ordena bloqueo de Telegram en todo el país

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Foto: EFE.

La aplicación es conocida por ofrecer una alta confidencialidad y mantiene un pulso desde hace varios meses con las autoridades rusas, que ejercen una creciente presión sobre internet estos últimos años.


Un tribunal de Moscú ordenó el viernes el bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram en Rusia, por negarse a proporcionar acceso a los servicios especiales (FSB) a conversaciones privadas.

El organismo de control de comunicaciones Roskomnadzor, que llevó el caso, había exigido antes de que se bloqueara el servicio tan pronto como se anunciara el fallo.

El ruso Pavel Durov, el autoexiliado fundador de Telegram, ha dicho en multitud de ocasiones que rechazará cualquier intento de los servicios de seguridad del país de obtener acceso bajo mano a la aplicación.

La aplicación gratuita, que permite a la gente intercambiar mensajes, fotos y vídeos en grupos de más de 5.000 personas, ha atraído a más de 200 millones de usuarios desde su creación en 2013.

La aplicación es conocida por ofrecer una alta confidencialidad y mantiene un pulso desde hace varios meses con las autoridades rusas, que ejercen una creciente presión sobre internet estos últimos años.

El abogado de la aplicación Pavel Chikov denunció una decisión que "demuestra una vez más que la justicia sirve fielmente a los intereses del poder, sin preocuparse de guardar las apariencias".

Telegram es especialmente popular entre los activistas políticos de todo tipo, pero también ha sido empleada por yihadistas.

En septiembre de 2017 el FSB pidió claves de cifrado, dijo Durov, provocando una queja formal cuando la solicitud fue rechazada.

El 20 de marzo, Roskomnadzor había dado 15 días a Telegram para facilitar sus claves de cifrado.

"Las informaciones difundidas por Telegram pueden contener datos utilizados por organizaciones terroristas y extremistas", declaró en la audiencia un representante de Roskomnadzor, asegurando que esto constituía "una amenaza para la Federación Rusa".

Durov escribió el año pasado que las peticiones del FSB son "técnicamente imposibles de llevar a cabo" y violan la Constitución rusa, que da derecho a los ciudadanos a la privacidad de su correspondencia.

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