Voces

40 horas: un proyecto económicamente viable

Félix Ordóñez y Vicente Lastra

Economistas de la U. de Chile

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Para muchos fue una sorpresa cuando, el pasado miércoles 5 de Abril, la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto presentado por la diputada Camila Vallejo para reducir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales. La sorpresa se debía al intenso debate público generado por la propuesta, en particular tras conocerse que la posición de la Mesa de la Cámara era su inadmisibilidad. Una tras otra se multiplicaron –y lo siguen haciendo- las opiniones en contra de “expertos”, muchos de los cuales se esmeran en desecharlo a priori por los supuestos efectos adversos que traería a la economía. Las diferencias llegaron incluso al gabinete del Ejecutivo: mientras los ministros Valdés y Eyzaguirre –de Hacienda y Segpres- se manifestaron en contra, sus pares Fernández y Krauss –Interior y Trabajo- lo ven con mejores ojos.

El primer elemento que dichos expertos suelen soslayar, o bien minimizar hasta la total irrelevancia, dice relación con las horas trabajadas y la productividad. En esta materia, los datos de Chile no son precisamente benevolentes. En nuestro país se trabaja en promedio 1.988 horas anuales, mientras que el promedio de la OCDE es 1.766 (gráfico 1). Por su parte, la productividad del trabajo es de las más bajas de la OCDE. En el conjunto de miembros que componen este organismo internacional, se observa que la tendencia es que los países donde más se trabaja son, a la vez, los países donde dicho trabajo es menos productivo. De hecho, mientras en Chile la productividad por hora no llega a los US$ 40, el promedio de la OCDE se empina por sobre los US$ 45.

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De esta manera, resulta evidente que requerimos una mejora en productividad. La pregunta es ¿con la reducción de la carga laboral va a aumentar la productividad instantáneamente? Seguramente no, no hay que ser ilusos. Pero existen canales por los que la menor carga laboral va acompañada de ganancias de productividad: (1) por la vía de menor carga fisiológica (física o psicológica) y (2) por mejoras en la gestión del tiempo (Golden, 2011). Una hipótesis básica de la economía es que la productividad marginal del trabajo dada una cantidad constante de capital es decreciente. Es de toda lógica pensar que respecto al tiempo –que, por construcción, es constante-, ocurre lo mismo.

Es absolutamente plausible pensar que en Chile este efecto puede ser importante. Según la encuesta CASEN 2015, de las personas que trabajan más de 40 horas semanales, 1 millón y medio se demora una hora o más en llegar a su lugar de trabajo. A su vez, casi dos tercios de ese grupo gana menos de 400 mil pesos mensuales. Es decir, enfrentamos una combinación de extensas jornadas laborales, largos tiempos de transporte y bajos salarios, lo que para efectos de la productividad es fatal.

Sin duda, la propuesta por sí sola no basta: debe ser acompañada por mejoras institucionales como disminución de la concentración del poder económico; mejora de la estructura productiva; fomento a procesos de innovación y desarrollo; aumento de la calidad de la educación y capacitación laboral; fortalecimiento de sindicatos e instituciones laborales, entre otros (Astorga y Bertranou, 2017).

Por otro lado, los críticos suelen centrar el foco en la cuestión del crecimiento. Cecilia Cifuentes, economista de la Universidad de Los Andes, afirmó –probablemente haciendo una regla de tres- que el crecimiento podría desplomarse 8% tras la medida. Otros son más moderados y sitúan la negativa en un tema de timing ¿Es la economía chilena lo suficientemente robusta para reducir la jornada? ¿Es este el momento adecuado para hacerlo? Para responder estas preguntas la experiencia internacional resulta de gran ayuda.

Países como Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra o Estados Unidos, ya a principios de la década del 80 tenían jornadas de trabajo menores a 40 horas semanales. Podría argumentarse que se trataba de economías ya entonces desarrolladas, y que nuestra situación es completamente distinta. Pues bien, la pregunta que entonces nos debemos hacer es: ¿Dónde se encontraban los países cuándo implementaron la jornada laboral de 40 horas? El gráfico 2 muestra la evolución del PIB per cápita para una selección de países y el año en que éstos implementaron la jornada de 40 horas (cuadrado negro). La mayoría no había superado los 30.000 dólares per cápita e inclusive varios tenían un ingreso menor que el de Chile en la actualidad (línea roja punteada). Croacia, República Checa y Polonia tenían un PIB menor al de Chile en 2016, Portugal y España estaban levemente por sobre, mientras que Finlandia, Italia y Suecia se encontraban entre los 30-35 mil dólares per cápita.

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El tema de la oportunidad para bajar la jornada laboral también ha sido objeto de controversia. “Nos dicen que la situación nunca está para hacer cambios que beneficien a los trabajadores: cuando hay bonanza hay que ahorrar, y en períodos de bajo crecimiento es irresponsable plantear medidas que mejoren las condiciones laborales”, señaló la propia Vallejo. Sobre este último punto, la experiencia comparada ratifica la posición de la diputada.

Los países que en las últimas décadas redujeron la jornada laboral no se encontraban en un gran proceso expansivo. Algunos atravesaban periodos de muy bajo crecimiento o derechamente recesión. Sin embargo, al año posterior a la medida varios de los países mejoraron sus cifras y en el debate no se ha mostrado evidencia para argumentar que estas medidas afectaron negativamente el crecimiento económico. La tabla 1 muestra el crecimiento del PIB per cápita de un grupo de países el año de la reforma, el anterior y el posterior.

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En síntesis, la experiencia internacional tiende a refutar las principales críticas realizadas por los “expertos” con respecto a la productividad y al timing de implementación de una eventual reducción de la jornada laboral. Una medida de reducción de la jornada manteniendo el salario, en consecuencia, apunta en la línea correcta de fortalecer condiciones dignas para la gran mayoría trabajadora, y permitir el desarrollo de las capacidades productivas de la economía.

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