Amantes del César

Un nuevo escándalo sacude a los representantes de la soberanía popular. El denominado caso "copy paste" -ya a esta alturas "copy gate"- enfrenta al Congreso y a la Fiscalía Nacional, por la solicitud de todos los antecedentes vinculados a las asesorías parlamentarias. Hagamos algunas distinciones.

Primero, tratándose de dineros públicos y de informes cuyo propósito es iluminar el juicio de los honorables en la tarea de legislar, parece poco razonable la resistencia a facilitarlos que se ha observado en varios diputados y senadores, al punto de trabar una contienda de competencia con otra institución estatal. Aunque no haya sido el propósito, una reacción semejante solo profundiza la sospecha en la ciudadanía, alimenta el prejuicio sobre la incomodidad que provoca la transparencia en algunos, y consolida la idea de un club que tiende a protegerse de manera corporativa.

Sin embargo, y en segundo lugar, sí parece plausible el alegato de que la manera en que procede la Fiscalía contribuye a la generalización de un reproche, el que debió hacerse de manera individual, fueran pocos o muchos. El instrumento utilizado más se asemeja a una suerte de redada institucional, que pone el foco en el juicio que se hace a la corporación y no a la conducta individual de sus miembros. Y dicha generalización también afecta a todos los prestadores de estos servicios, donde -por experiencia puedo decirlo- hay varios cuyo producto y trabajo es el de la más alta calidad.

Tercero, y he aquí la cuestión de fondo, nos enfrentamos al típico problema generado con motivo de las medias tintas o la tiranía de lo políticamente correcto, en donde nos negamos a reconocer y menos justificar una realidad o necesidad, para intentar vestirla o disfrazarla de algo diferente. La mala calidad de muchos de los informes detectados en los últimos días, es consecuencia directa de que nunca se pensó en que éstos fueran el real propósito de la asesoría que prestan las personas que los escriben o redactan; textos que se confeccionan solo para justificar una determinada rendición, pero que poco y nada dicen de la naturaleza del servicio prestado.

En efecto, los parlamentarios necesitan de asesores políticos y legislativos cuya contribución no se limita a informar técnicamente un determinado proyecto de ley, sino que principalmente orientan estratégicamente el quehacer de un senador o diputado: en cuestiones comunicacionales o territoriales, proveyendo información relevante, y sirviendo de puente con otros colegas o partidos políticos. En definitiva, son consejeros cuyo valor e importancia, como su trabajo y dedicación, van mucho más allá de lo que -tardíamente y a la carrera- se plasma en lo que no es más que una exigencia administrativa. ¿No sería mejor sincerar esto de una vez?