REVELA MUCHO de la idiosincrasia chilena la relación que tenemos con Carabineros. Persistentemente manifestamos que la delincuencia es uno de los temas que más nos preocupan y, paradojalmente, siendo que por tamaño y facultades Carabineros debiera ser la principal institución responsable, no solo no le pasamos la cuenta por esos malos resultados, sino que la premiamos con elevados niveles de confianza. Levantamos los abusos policiales como uno de los principales problemas de derechos humanos que nos aquejan, pero rogamos al mismo tiempo por mayor presencia de carabineros y le decimos a nuestros niños que, ante cualquier problema, acudan al primer uniformado que encuentren. En fin, estamos orgullosos de que nuestros policías no acepten sobornos en las calles, pero no parece importarnos mucho saber y poder influir en cómo gastan el presupuesto público que se les asigna para su funcionamiento.

No es sino otra manifestación de estas incongruencias la fuerte reacción de estos últimos días ante los fraudes detectados en la institución. Nos sorprende mucho que estos hechos hayan podido ocurrir -durante un prolongado espacio de tiempo e involucrando cifras millonarias- pero al mismo tiempo nunca hemos sido capaces como país de lograr que Carabineros opere con los estándares de transparencia y control público propios de un Estado democrático.

Y pareciera que desde hace un tiempo simplemente nos dimos por vencidos. De hecho, la pura existencia en el país de dos policías obedece a un tácito reconocimiento de que como no podemos controlar su funcionamiento con los mecanismos democráticos, es preferible echar a correr en paralelo dos cuerpos para que mutuamente se vigilen. Más recientemente, la creación de las pseudo "policías municipales" surge también como respuesta a las enormes dificultades para que Carabineros se vincule efectivamente con las comunidades y pueda responder a sus demandas.

No sostengo que las policías municipales sean de suyo negativas o que sea imprescindible monopolizar la actividad policial en una sola institución. Hay experiencias comparadas buenas y malas con pluralidad de cuerpos policiales. Sin ir más lejos, varias de las funciones que históricamente asumía la policía en el país desde ya hace tiempo vienen siendo delegadas a cuerpos de seguridad privados (que en muchos casos portan armamento) lo que no parece una mala solución, sobre todo para evitar subsidios con recursos públicos de actividades eminentemente privadas.

El punto es que adolecemos de una crónica falta de política policial en el país, lo que da pie a reacciones espasmódicas, voluntaristas y a veces con sesgos populistas, que distan de ser una solución pensada a los problemas que se busca enfrentar. Desarrollar cuerpos policiales locales perfectamente pudiese ser una alternativa -hay quienes parecieran olvidar que las municipalidades son también parte del Estado- pero ello debiera ser parte de una estrategia global, generalizable y con claras delimitaciones de ámbitos y competencias. Ojalá los recientes acontecimientos se transformen en una oportunidad para al menos iniciar la discusión de estos temas.