Castigo de filtraciones

La comisión de Constitución del Senado aprobó una indicación que castiga la violación de las normas del secreto en las investigaciones criminales. Con ello se pretende evitar que continúen las supuestas filtraciones que habrían perjudicado a algunos sectores políticos en las causas sobre financiamiento irregular de la política.

La norma ha provocado cierto revuelo, porque algunos entienden que sería aplicable a la prensa, lo que atenta contra la libertad de expresión. Más que discutible que sea así, porque la redacción del delito no cambia las cosas. En efecto, dice que "el que violare las normas sobre secreto establecidas en el presente artículo" (en alusión a las normas ya vigentes), sufrirá penas de cárcel. Y la ley vigente -en el inciso inmediatamente anterior al que se viene agregando- obliga a guardar secreto a "los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieren conocimiento de las actuaciones de la investigación", norma que nunca se ha entendido que abarque a la prensa. No obstante, las autoridades que han salido a defender el nuevo delito se han mostrado disponibles a mejorar la redacción, lo que es prueba que no están seguros de lo que hicieron ni tienen claro su alcance.

Y ese es el punto, la forma en que se legisla: a "la chilena"; como práctica, no como régimen institucional. Pues la vapuleada Constitución dispone que los proyectos de ley no pueden ser objeto de indicaciones ajenas a las ideas matrices, que -según ha declarado el Tribunal Constitucional- se refieren al asunto que se quiere resolver, concepto dentro del cual las redacciones y propuestas pueden cambiar durante la tramitación. Pero el proyecto de ley llamado "agenda corta anti delincuencia" nunca buscó sancionar las filtraciones de la investigación, sino que otros objetivos, y sólo se aprovechó que estaba muy avanzado y que se hacían algunas modificaciones al secreto de las investigaciones, para agregarle el mencionado delito.

Entonces ese delito es inconstitucional por no respetar las ideas matrices, lo que a nadie le importa. Pero importa, porque la democracia es adoptar decisiones fundadas en un debate previo, que por definición requiere ser informado. Para esto hay procedimientos: los proyectos deben pasar por las dos cámaras legislativas (de origen y revisora) en su discusión, escuchando a la ciudadanía y especialistas, para que exista la debida representatividad y se no cometan errores. Introducir un tema nuevo, nunca antes debatido, al final del trámite en la cámara revisora contradice la democracia y favorece los errores.

Por eso es sabia la exigencia constitucional de respetar las ideas matrices.

Un senador para justificarse dice que le "pasaron un gol". Pero si para evitar que eso suceda hay normas, cuyo acatamiento no reclamó. Mientras éstas y las buenas prácticas no se respeten, nuestros legisladores seguirán poniéndose colorados con creciente frecuencia ante normas que quedaron mal hechas. O peor, disculpándose por errores que no han cometido. Y después se extrañan del desprestigio de la política.