Los chilenos tenemos un amplio consenso en torno a que la política de Defensa es una política de Estado, es decir, trasciende a las administraciones de turno, son suprapartidarias, y buscan objetivos de largo plazo. Son estrictamente nacionales. Por lo mismo, la política de Defensa no cambia año a año, ni de administración a administración. Su análisis corresponde a un examen riguroso, amplio y realista que desemboque en una apreciación de seguridad en la que el país se encuentra. Corresponde a las autoridades e instituciones llevar a cabo esta labor de la más alta importancia.

 ¿Qué sucede cuando emergen amenazas hasta hace poco desconocidas?

La espectacular revolución científico-técnica en la que nos encontramos, nos plantea nuevos desafíos. Las nuevas tecnologías aportan nuevas oportunidades, pero también acarrean nuevos peligros. Tal es el caso del llamado ciberdelito, y también de la ciberdefensa, lo que en la práctica crea un nuevo dominio para la Defensa y la seguridad nacional.

Así como muchos ciudadanos, desgraciadamente, han sido víctimas en el último tiempo de clonación de tarjetas, de robo electrónico, o invasión de sus datos personales, los países también son víctimas de ataques. Si bien en este campo predomina la confidencialidad, conocemos varios casos que han trascendido al conocimiento público.

Uno de los casos más connotados fue el "apagón" que sufrió Estonia el año 2007, que lo dejo prácticamente a ciegas, lo que posteriormente motivó a que la OTAN creara Brigadas ad-hoc para enfrentar esta nueva amenaza.

Cotidianamente conocemos de casos de ataques con fines delictuales, tales como la sustracción de datos, de dinero, o de secretos industriales y tecnológicos. Pero en estos años también hemos conocido de diversos casos nacionales en las que varias FF.AA.  han sido atacadas con fines de obtener información o degradar sus capacidades. Se trata de ataques de alcance estatales. Como estamos ante un nuevo campo de acción, que a menudo se beneficia del anonimato, podría darse el caso que un país mantuviese formalmente buenas relaciones con otro Estado y al mismo tiempo estuviese desarrollando activas políticas de ataque cibernético.

Esto nos lleva a asumir las tareas de una ciberdefensa, parte integrante de una política nacional de ciberseguridad, la cual, como toda política pública debe ser producto de un análisis donde se determine el nivel de seguridad del Estado y cuáles son las amenazas que se deben  enfrentar. Además de proteger la necesaria confidencialidad de los datos privados de sus ciudadanos y empresas, cada Estado hoy en día ha de preocuparse por proteger los datos de sus instituciones, de su infraestructura y de sus servicios básicos en lo fundamental.  

Por cierto, como ya lo señalamos, esta preocupación también involucra a las bases de datos, las comunicaciones y los sistemas de mando y control de nuestras instituciones de la Defensa. Este sí es un nuevo aspecto de la política de Defensa que corresponde  asumir a plenitud y que nos plantea un nuevo desafío como Estado.