Discriminación en entrada en vigencia de la carrera docente

La semana pasada se informó que, desde este semestre, los profesores que ejercen en establecimientos municipales percibirán un alza en sus remuneraciones. Esta alza se debe a la entrada en vigencia de la Ley de Carrera Docente, promulgada por el actual gobierno, que establece una nueva asignación que varía con los resultados que logren en su evaluación docente.

Por un lado, una buena noticia: que se dispongan recursos para incentivar el buen desempeño de los profesores, reconociendo y premiando el valioso trabajo de aquéllos que –desde algún parámetro- lo hacen bien.

Pero, por otro lado, malas noticias.

En primer lugar, porque la evaluación docente que contempla la ley no pareciera ser la más apropiada para el fin que se le ha encomendado. Ésta consiste en una prueba de conocimientos y en un portafolio donde el docente reúne algún material, como la grabación de una clase, para dar cuenta de su cometido. Si bien la prueba de conocimientos es algo así como un "desde", en tanto lo mínimo esperable es que el profesor maneje los contenidos que va a enseñar, no es claro que el video de una clase permita reflejar correctamente su desempeño regular. Es que difícilmente la evaluación centralizada desde el Ministerio de Educación será capaz de contextualizar e identificar correctamente la calidad de la docencia de los profesores que ejercen en cada aula del país. De esta forma, el mayor gasto que la Ley de Carrera Docente considera –con el que probablemente la mayoría está de acuerdo-, no necesariamente irá hacia los docentes de buen desempeño ni ayudará a promover las conductas que debieran reforzarse en la sala de clases.

En segundo lugar, la ley que entra en marcha este mes adolece de un grave problema de discriminación, pues excluye a más de la mitad de los profesores del país. Ésta dispone la entrega de recursos sólo para el sector municipal, no obstante, para los profesores del sector particular subvencionado, que atienden al 55% de la matrícula escolar, el aumento se dará recién el año 2026. Si bien la Ley de Presupuestos debiera contemplar la entrega de recursos para el ingreso anticipado de algunos colegios particulares subvencionados al nuevo régimen desde 2019, ésta constituye sólo una excepción.

Si a este trato desfavorable a los más de 100 mil docentes del sector particular subvencionado, se suman las dificultades que están debiendo soportar sus colegios producto de las nuevas exigencias que les impone otra de las leyes promulgadas por este gobierno –la mal llamada de inclusión-, se vaticina un panorama complejo. Pues además de preocuparse de cumplir con la nueva burocracia (relacionada a la figura jurídica del establecimiento, a restricciones de gasto y a la propiedad de la infraestructura en que funciona el colegio), ahora también deberán enfrentar la desventaja de disponer de menos recursos para sus docentes, producto de la discriminación injustificada de la que están siendo objeto.

En los últimos años, tanto autoridades de gobierno como parlamentarios afines a éste, se han manifestado muchas veces contrarios a la proliferación del sector privado en educación, aun cuando las familias chilenas han optado mayoritariamente por la educación particular subvencionada (55% de la matrícula versus 36% en el sector municipal). De esta forma, vemos cómo las piezas van comenzando a encajar y va quedando en evidencia que sus leyes coinciden en el intento por entorpecer el funcionamiento de la educación no estatal, con el consecuente daño no sólo a sus dueños, sino también a sus alumnos y ahora a sus docentes. Lamentablemente, las palabras del ex Ministro Eyzaguirre en relación a "bajar de los patines" a quienes asisten a la educación particular, cobran hoy cada vez más sentido.