Discusión presupuestaria: emparejando la cancha

Esta columna fue escrita junto a Sofía Donoso, investigadora de Espacio Público.

La semana pasada se rechazó nuevamente el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones del sector público. Estas semanas que vienen son además cruciales para la discusión parlamentaria y aprobación de la ley de presupuestos para el año 2017, dos temas que afectan directamente las arcas fiscales y que en muchas ocasiones enfrentan al gobierno con el Congreso.

Ante este complejo escenario, la pregunta que surge es ¿Quién tiene la razón? ¿El gobierno cuando dice que sus propuestas son prioritarias y corresponden a la realidad fiscal, o el Congreso cuando señala que se puede hacer un esfuerzo mayor y reordenar las prioridades? Y ahí estamos frente a un problema de falta de información, tanto nosotros, como los mismos parlamentarios que deben aprobar estas normas.

Mucho se ha escrito sobre el carácter presidencialista de nuestro sistema político. En el ámbito de definición del presupuesto nacional, esto se traduce en que es el gobierno el que define prioridades y elabora una ley de presupuesto. Para esto cuenta con la expertise de funcionarios altamente calificados del Ministerio de Hacienda y Dipres, quienes analizan la información contable del año previo y las proyecciones económicas durante un año antes de presentar el proyecto de ley. La labor del Congreso, en contraste, se limita a negociar a través del rechazo del proyecto o ciertas partidas. Más allá del debate sobre nuestro régimen presidencialista, el objetivo es destacar el problema que significa la poca información que tienen nuestros parlamentarios –y la ciudadanía en general– para poder contrarrestar o corroborar lo que señala el gobierno de turno. Todos perdemos con la falta de accountability que esto implica.

Si revisamos la experiencia comparada, países como Estados Unidos o Corea del Sur, entre otros, tienen departamentos especializados en el Congreso con las capacidades para realizar un análisis y evaluación potente que le permita ser una contraparte de peso para el Ejecutivo en la discusión de políticas públicas en temas relacionados con el presupuesto público, como en otras materias con importantes consecuencias sociales y económicas.

En abril de este año, desde Espacio Público, propusimos que nuestro Congreso fuera dotado de una dirección parlamentaria con facultades similares. Por supuesto que esto implica un gasto y que esto es complicado en época de vacas flacas. Pero se trata de una inversión a futuro para hacer más eficiente y eficaz el trabajo colegislador y fiscalizador de nuestro Poder Legislativo y que finalmente tiene como resultado contar con mejores leyes. Para esto, es también clave es que el Gobierno entregue a una Dirección Parlamentaria como la que proponemos la información relevante y actualizada que se requiere para que los parlamentarios puedan elaborar sus propios informes, contrastar y someter a debate los proyectos de ley presentados por el Gobierno.

Lo anterior en ningún caso viene a sustituir la discusión política, inherente y necesaria en todo Congreso. Esa labor queda en manos de los parlamentarios como representante electos de la ciudadanía. Sin embargo, la información y feedback que le pueda dar esta dirección parlamentaria será muy valiosa a la hora de apoyar sus argumentaciones y dar mayor evidencia al momento de discutir políticas públicas de calidad y necesarias en nuestro país.