Al cumplirse un mes del ingreso de la Reforma Previsional al Congreso y luego que la comisión escuchara a distintos expertos, vale la pena analizar en profundidad algunos detalles de las iniciativas presentadas por el Gobierno. Esta reforma está conformada por tres proyectos de ley: la reforma constitucional que crea el nuevo Consejo Autónomo de Ahorro Colectivo, el proyecto que crea el nuevo ahorro colectivo y aumenta la cotización en un 5% y el que modifica el marco regulatorio de las AFP.

De estas tres iniciativas, la Reforma Constitucional es la que presenta un mayor avance, debiendo pues ya fue aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara. Lo anterior cobra sentido toda vez que la aprobación de este cambio a la Carta Fundamental podría facilitar el trámite constitucional del segundo proyecto de ley (el que crea el ahorro colectivo) al incorporar el componente solidario dentro del sistema previsional. Solidaridad que podría justificar la evidente afectación tributaria a la que se ve expuesto el componente de ahorro colectivo que propone la Reforma. Así, el aporte intergeneracional, el bono compensatorio mujer y el aporte intrageneracional podrían entenderse como una solidaridad entre trabajadores activos y pasivos, entre hombre y mujeres y entre personas de ingresos medio alto y quienes tienen ingresos medios bajos, respectivamente. Comprensión, dicho sea de paso, muy lejana al espíritu de nuestro sistema previsional.

El sistema previsional chileno de los últimos años se ha caracterizado por premiar el esfuerzo de los trabajadores. La capitalización individual, es el reflejo del ahorro que cada uno logra generar durante su etapa laboral activa y rentabilidad que logren estos ahorros por medio de las gestiones de las AFP. Rentabilidades que han llegado a representar cerca del 70% de los fondos de quienes llevan más de 30 años en el sistema. De esta forma, el reclamo actual contra las administradoras o el sistema en general, no encuentra asidero en la práctica. Con la baja cotización mensual que realiza cada trabajador, alguien que trabaje 40 años sólo habrá acumulado ahorros para financiar 4 años de jubilación (presumiendo una misma renta en toda la vida laboral). Sin embargo, sabemos que esto no es así y que finalmente esas personas reciben una tasa de reemplazo cercana al 60% de sus últimas 10 rentas.

Entonces, ¿cuál es el problema de nuestras pensiones? El conflicto que posee cualquier sistema de pensiones en el mundo es el cómo hacerse cargo de los vaivenes del mercado laboral. La inestabilidad laboral es el principal enemigo de una buena pensión. Pues bien, la reforma que nos ofrece el Gobierno afecta principalmente al corazón de todo sistema previsional: el empleo. Tal como lo indica el Informe de Productividad de esta iniciativa (elaborado por el propio Ejecutivo y que la Presidenta desconoció en público), el impacto que ésta podría tener sobre el mercado del trabajo oscila entre 2.000 y 400.000 puestos de trabajo. La variabilidad dependerá, según el Informe, de la percepción de propiedad que tengan los trabajadores sobre la nueva cotización. Una percepción difícil de administrar, sobre todo para un hombre joven y de altos ingresos, quien sabrá que parte importante de su mayor cotización irá a parar al bolsillo de otros y que, por tanto, tendrá pocos incentivos para cotizar por su ingreso formal.

Es por esto que la Reforma Previsional del Gobierno no ha logrado la aprobación que el oficialismo esperaba. El chileno es solidario, sí. Sin embargo, no se le puede imponer una solidaridad como la que se plantea. Es rol del Estado hacerse cargo de las personas que más lo necesitan. Por ello, hoy más que nunca debiésemos preguntarnos, ¿dónde quedó la subsidiariedad que ha caracterizado la política social chilena de las últimas décadas?