• Esta columna fue escrita junto a Carlos Noton Académico Ingeniería Industrial - Instituto Milenio MIPP  - U. Chile. 

Existe abundante evidencia de los bajos niveles de comprensión por parte de algunos consumidores en el mercado financiero y crediticio. En efecto, los resultados de la prueba PISA 2017 fueron bastante insatisfactorios en su medición de alfabetización financiera en Chile.

Dada esta realidad, las autoridades de distintos países, como EEUU y la Unión Europea, han implementado diversas regulaciones que buscan simplificar y homogeneizar la información que los bancos deben proveer a los consumidores respecto de los costos crediticios.

En marzo de 2012 se introdujo en Chile la Ley 20.555 que regula el formato obligatorio para informar el valor total de un crédito y una medida universal de tasa de interés que incluya todos los costos, denominada Carga Anual Equivalente (CAE). El objetivo es hacer comparables los distintos productos financieros y, con ello, favorecer la elección de la mejor alternativa por parte de los consumidores.

A pesar de que este tipo de regulaciones son frecuentemente implementadas para ayudar a los consumidores e inducir a una mayor competencia bancaria, la efectividad de este tipo de políticas públicas no se evalúa empíricamente con rigurosidad.

Con el apoyo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), utilizamos  datos de créditos de consumo entre los años 2009 y 2014, con el fin de evaluar los efectos de la Ley CAE en las tasas de interés efectivas de los consumidores. Nuestro principal resultado es que la regulación CAE tuvo efectos heterogéneos en la población, dependiendo principalmente del nivel de ingreso y de la educación financiera del solicitante del crédito.

Nuestras estimaciones preliminares sugieren que un mayor ingreso y la presencia de educación financiera son los principales factores que explican reducción de tasas de interés posteriores a la implementación de la regulación. No encontramos fuertes efectos estadísticamente significativos para el resto de la población en ninguna otra dimensión.

Basados en nuestra evidencia, consideramos que se confirma la ausencia de una comprensión cabal por parte de todos los consumidores en conceptos importantes para una elección satisfactoria en mercados crediticios. En una sociedad de mercado con decisiones financieras complejas, tales como la elección de AFP, Isapres, seguros y monto de endeudamiento en distintas alternativas crediticias, la existencia de información simplificada es condición necesaria, pero no suficiente para garantizar una toma de decisiones óptima por parte de los consumidores.

Estos resultados ponen de manifiesto un gran desafío para Chile: si verdaderamente creemos en una sociedad basada en la elección individual, entonces debemos garantizar la información y los conocimientos necesarios para que podamos tomar las mejores decisiones para nuestro  bienestar.