El agua es nuestra




Hace algunos días hizo noticia el interés de la ONG canadiense "Blue Planet Project" por avanzar en terminar la privatización del agua en Chile, argumentando lo perjudicial que este modelo ha sido para la población. Este llamado llega en la mitad de la discusión sobre el Código de Aguas y se suma a la lucha de múltiples organizaciones sociales en Chile, además del interés que han manifestado algunos candidatos por la nacionalización del agua, como bien lo ha manifestado Beatriz Sánchez.

Ante este escenario, nos parece fundamental recalcar la necesidad de una reforma al Código de Aguas que realmente beneficie a las personas y a los ecosistemas. Pues, según datos entregados por la ONEMI, el año 2015 más de 400.000 personas se vieron afectadas por crisis hídrica, debiendo ser abastecidas de agua potable con camiones aljibe. Y esta cifra no tiene que ver sólo con la sequía: muchos de estos casos se ubican en regiones lluviosas (ej. 91.000 personas sólo en la araucanía). Y uno de los grandes problemas que explican esta crisis es que el actual Código de Aguas permite un uso privilegiado de agua potable para fines productivos, en industrias que requieren de muchísimo de este recurso para sobrevivir lo cual genera una sobreexplotación y agotamiento del recurso que perjudica directamente a las comunidades y los territorios.

El proyecto de modificación del Código de Aguas -hoy en el Senado- incluía algunos avances (aunque insuficientes) como el reemplazo de la figura de derechos de aprovechamiento de agua por la de concesiones. Este punto era clave, ya que uno de los mayores problemas es que hoy los derechos de propiedad sobre el agua se entregan a perpetuidad, como la propiedad sobre cualquier bien, lo cual hace sumamente difícil intervenir en casos de suplir las necesidades básicas, los conflictos o los períodos de escasez. Esto significa en la práctica que estos derechos se tratan legalmente como cualquier otro bien; de hecho los derechos deben ser inscritos en el conservador de bienes raíces como cualquier bien inmueble. El modelo de concesiones -que originalmente iba a reemplazar el modelo de los Derechos de Aprovechamiento de Agua- permite otorgar acceso al recurso por un período de tiempo (estaba planteado originalmente para un plazo de 30 años) y de sujetar su renovación al cumplimiento de ciertas condiciones. Es decir, permite al Estado poder regular el uso del recurso en miras al bien común sin tener que recurrir a la expropiación.

Otro cambio en el que se retrocedió fue en la iniciativa de eliminar la figura de las "Aguas del minero" que da derecho a quienes explotan yacimientos mineros de utilizar las aguas que encuentren durante sus operaciones sin pedir autorización. Esto significa que las empresas pueden explotar sin restricciones estas aguas halladas, incluso cuando esto perjudique a asentamientos o actividades aledañas.

En ambos casos el poder ejecutivo decidió ceder ante presiones del sector privado que acusaban que la reforma dañaba sus perspectivas de inversión. Una vez más se privilegia la posibilidad de hacer negocios por sobre la supervivencia de los ecosistemas y el acceso al agua para consumo de la población. Seguir apoyando industrias extractivas que secan nuestras cuencas y amenazan la sostenibilidad de toda vida -incluyendo la humana- es impresentable. 

Es por esto que desde el Frente Amplio nos jugamos por abrir el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo para Chile, uno que respete los ecosistemas y tenga como principal foco el bienestar de todos y todas, en todos los rincones de Chile. Un modelo que produzca prosperidad y calidad de vida, no sólo riqueza para unos a costa del empobrecimiento de muchos. La demanda actual por la nacionalización del agua es un paso fundamental y necesario en esa dirección.

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