Gobierno judicial

Uno de los temas que quedan pendientes de la transición es el dotar al Poder Judicial de un gobierno acorde con la independencia que requieren los jueces. Esta puede ser vulnerada tanto desde el exterior, cuando los poderosos y particularmente la política influyen en cómo se resuelven los casos, como también desde el interior del Poder Judicial, cuando los superiores imponen sus visiones por vías distintas a los recursos procesales. Los jueces en Chile son razonablemente independientes de las presiones externas, pero la organización extremadamente jerárquica del Poder Judicial, debido a que la Corte Suprema concentra las funciones de gobierno y tiene una incidencia decisiva en la carrera judicial, hace que la independencia interna de ellos sea tan solo relativa.

Para solucionar lo anterior, siguiendo el modelo de los países de Europa continental y buena parte de América Latina, desde la recuperación de la democracia se ha propuesto la creación de un Consejo de la Justicia que se haga cargo de las funciones de gobierno judicial, dejando así a la Corte Suprema solo con sus tareas jurisdiccionales. Pero la experiencia comparada con estos consejos no ha sido positiva, precisamente porque ellos han sido la puerta de entrada para la intromisión de la política en la justicia. Se da entonces la paradoja de que por tratar de ganar en independencia interna se puede poner en riesgo lo ya logrado en materia de independencia externa. Por esa razón, y por no querer ceder ni compartir su poder, la Corte chilena se ha opuesto tenazmente a la idea del Consejo.

Pero seguir el modelo de los consejos europeos no es la única solución posible, también existen otros diseños, como las conferencias judiciales en los Estados Unidos, en donde las funciones de gobierno son asumidas por representantes de todos los jueces, no solo por la cúpula, aunque sin externos al Poder Judicial. La ventaja de este modelo es que resguarda de mejor manera la independencia tanto interna como externa.

La discusión sobre una nueva Constitución volvió a poner en Chile este tema sobre la mesa. Anticipándose a posibles malas soluciones, la Corte Suprema, en octubre de 2014, dictó un Auto Acordado en que por primera vez se abrió a desprenderse de sus funciones de gobierno, ofreciendo entregarlas a un ente interno, con representación de todos los estamentos del Poder Judicial. Esto sucedió poco antes de la elección de la Presidenta Bachelet, en cuyo programa se proponía precisamente impulsar con el Poder Judicial una discusión sobre este tema. Sin embargo, nada se ha hecho, y tanto el gobierno como los propios jueces están desperdiciando una oportunidad única para lograr un avance significativo en esta importante materia. Es de esperar que el Ejecutivo que asuma en marzo retome este tema y logre concretar estos largamente anhelados cambios al gobierno judicial.