TODO INDICABA que el compromiso del  Gobierno por llevar adelante un ambicioso plan de infraestructura hospitalaria era inviable en vista de la restricción financiera y la limitada capacidad de gestión de la cartera.

En la actual encrucijada se debería privilegiar  el pragmatismo por sobre la ideología. El ampliar la participación privada dentro del campo de la salud no sólo se fundamenta en que una influencia excesiva del Estado encierra riesgos en la calidad y cobertura de la atención y eficiencia en el uso de los recursos, sino también en el control estatal de las remuneraciones del personal de salud y en la influencia de criterios políticos por sobre los técnicos.  

Los inevitables incrementos de costos y las tensiones que sufren los sistemas de salud obligan a buscar nuevos mecanismos que garanticen la máxima eficiencia, equidad y sostenibilidad en el tiempo.

En las últimas dos décadas el aumento sostenido del gasto público en salud no ha ido de la mano de un mejor desempeño hospitalario.

Más aún, si nos comparamos con los países de la OCDE, el gasto per cápita se podría reducir hasta en un tercio manteniendo constante los indicadores biomédicos.

Con todo, se puede construir un modelo que permita aprovechar una mayor complementariedad, que provea la infraestructura y equipamiento necesarios, que aseguren el acceso a la salud y refuercen la equidad. Lo anterior debe ir acompañado de una definición e implantación de estándares clínicos que garanticen la calidad y oportunidad de las prestaciones y contemple los mecanismos de control suficientes para garantizar una mayor transparencia y confianza.

Asimismo, la experiencia de los primeros hospitales concesionados (Maipú y La Florida) hace imperativo poner el foco en el diseño de los contratos de concesión.

La experiencia de España en el desarrollo de un nuevo modelo de participación público-privada puede ser un referente. El concesionario atiende a una población que pertenece a una red de servicios de salud y el Estado regula, garantiza y controla la calidad de las atenciones primaria y hospitalaria. Mediante esta fórmula se puede superar el déficit de inversión pública en salud y mejorar la satisfacción de la población y de los profesionales de la salud.

Por último, es evidente que la gestión privada de establecimientos de salud pública lleva consigo retos que no son simples de resolver.

La resistencia ideológica de los funcionarios públicos es una materia compleja que se puede resolver con mejores condiciones de trabajo y aprovechando el impacto positivo que ha tenido el sistema de Alta Dirección Pública en la gestión hospitalaria. De la misma manera, una calidad garantizada por normas de acreditación haría que el sistema rápidamente sea aceptado por los pacientes y la población en general. Para el Gobierno, el ahorro de la inversión inicial y de la operación de un hospital debería ser un buen incentivo, ya que la liberación al menos temporal de recursos le permitiría comprar más y mejores prestaciones de salud.