La migración haitiana en Chile: un estado pasmado

Haití es un país de casi 11 millones de habitantes. Su saldo migratorio ha sido constantemente negativo: en 2015 fue de - 150 mil personas. Hemos visto en Chile en los últimos años una inmigración sin precedente desde este país caribeño. No hay datos precisos pero una estimación moderada hace oscilar esta cifra en torno a 40 mil los haitianos asentados en Chile. Con seguridad el Censo 2017 nos dará cifras más exactas de esta emergente migración. Las razones son múltiples mas la teoría migratoria lo explica sin gran controversia. En este caso la causa más relevante dice relación con las amplias diferencias sociales y económicas entre ambas naciones. Solo algunos ejemplos basados en datos 2015 del último informe del Banco Mundial (2017): las personas situadas bajo la línea de la pobreza en Chile es de 14,4% mientras que en Haití es de 58,5%. El ingreso per cápita (PPA) para Haití es de 1.760 dólares en tanto que para Chile es de 22.760 dólares. La esperanza de vida promedio al nacer es en el país caribeño de 63 años y en nuestro país llega a los 82 años. La mortalidad de niños menores de 5 años por mil nacidos vivos es en Haití de 69 y en Chile de 8. Y bien podríamos seguir en esa línea en forma interminable pero esta muestra significativa de indicadores hace ver la inmensa brecha existente. De ahí que la evaluación que puede hacer un ciudadano haitiano para venir a Chile es muy favorable, más allá de las evidentes dificultades inherentes a todo proceso migratorio, es decir, las diferencias culturales, el idioma como barrera en este caso particular y una idiosincrasia con carácter andino introvertido que choca a un caribeño de cultura más abierta y amistosa. Se suma por cierto a un clima inhóspito durante los meses de invierno en casi todo el territorio nacional al cual no están acostumbrados.    

Con todo, no basta con la detección por parte de los migrantes de las distinciones antes señaladas - con la globalización, la sociedad de la información y el incremento del uso de redes sociales se hace bastante más sencillo saber mucho de un país antes poco conocido -  sino que también se evalúan las facilidades o trabas que entregan los posibles países de destino de los migrantes. Y es en este segundo aspecto en el cual nos concentraremos en esta columna.

Actualmente Chile es una nación que enfrenta los flujos migratorios en función de los requerimientos del mercado. El Estado solo se dedica a gestionar el fenómeno, y con muchas falencias, con escasas herramientas normativas que le permitan regular y delimitar en función de las necesidades nacionales la llegada de personas con motivación de asentamiento residencial permanente. El derecho que tienen las personas para salir de su lugar de nacimiento es por cierto un derecho humano que compartimos plenamente; sin embargo, este derecho no colisiona con el derecho de los países a dimensionar la magnitud de la inmigración por las razones que estime procedente en tanto nación soberana. Nadie puede arrogarse el derecho de obligar a una nación a incrementar su población por el solo predicamento que "debe hacerlo" porque presenta mejores indicadores de desarrollo y es políticamente estable o ha conseguido progresar o ser más democrático. Los países más desarrollados del orbe se ven constantemente impelidos a sobrellevar estas presiones y se tensionan fuertemente por aquello como bien sabemos. Por lo mismo es necesario enfatizar que el derecho a migrar no excluye el derecho a ordenar el proceso migratorio desde el Estado.

En esta línea en la cumbre para el Desarrollo Sostenible de 2015 los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. En el objetivo 10, referido a la reducción de las desigualdades se insta a los estados a "facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas". Es claro pues que Naciones Unidas acepta que, para hacer frente a este fenómeno de movilidad humana, el Estado debe y puede jugar un rol proactivo y ordenador. A la luz de estas indicaciones queda en evidencia que no hay interferencia entre el derecho individual a migrar y la generación de políticas regulatorias que emanen desde el Estado.

Evidenciado lo anterior veamos ahora qué ocurre con el sistema de ingreso de población haitiana a Chile. Primeramente debe decirse que los ciudadanos de esta nación caribeña pueden hacer ingreso a Chile en calidad de turista con pasaporte al día; es decir solo tienen que justificar recursos económicos para mantenerse en nuestro territorio por el tiempo de estadía definida por la fecha de su pasaje de regreso. Se les solicita adicionalmente una carta de invitación y la suma de mil dólares. Es sabido por todos que esa suma es muy difícil de obtener en Haití por un ciudadano de renta promedio y que tampoco vienen a Chile para hacer turismo. Es innecesario dar más explicaciones al respecto. Una vez obtenidos ambos requisitos, los cuales son enviados desde Chile, en una cadena interminable pues luego deben devolver ese dinero sumando una comisión por el favor concedido, inician su periplo hacia nuestro país con la intención de obtener su residencia temporal y luego definitiva. También desde los organismos del Estado, incluida la PDI en frontera, se sabe que es un ingreso espurio pero nada se puede hacer para evitarlo si cumplen los requisitos que la normativa estipula. En ese caso estamos frente a una migración falaz pues ingresa al país en una categoría que luego modifica mediante la consecución de un contrato de trabajo, verdadero o simulado. Y disponen de hasta 6 meses para obtener ese contrato pues el permiso de turista, que es normalmente máximo hasta por 3 meses, pueden extenderlo por otros 3 más mediante el pago de 100 dólares.

¿Qué ocurre en el intertanto? Es bueno saber que en este lapso el migrante haitiano queda en una situación de indefensión toda vez que no cuenta con recursos suficientes para enfrentar esos difíciles meses antes de conseguir, eventualmente, un trabajo. Esa precariedad hace que opte por un espacio de abrigo muy limitado y sin mínimas condiciones de habitabilidad, cayendo las más de las veces en hacinamiento crítico. Este es un hecho conocido y hace poco hemos observado en forma impotente el fallecimiento de un joven haitiano debido a esta precariedad habitacional en condiciones climáticas muy adversas. La espera angustiosa por un contrato se hace eterna y en esa calidad pasan a vivir en un estado de precariedad que los coloca en condiciones de alta vulnerabilidad social.

En marzo de 2015 el Departamento de Extranjería y Migración – DEM – del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, modificó administrativamente la visa sujeta a contrato por una nueva visa laboral. La primera por cierto contenía aspectos que debían modificarse como el pago del boleto de regreso por parte del empleador y también la obligación de permanecer con el mismo empleador por dos años. Esos eran cambios evidentes y había que hacerlos. Con todo, esta decisión administrativa, tomada al margen del Consejo Técnico de Política Migratoria, contenía varios aspectos que facilitaría las desregulación de la migración, hecho que efectivamente ha ido en aumento desde esa fecha. Era posible hacer cambios positivos pero con diálogo interministerial para evitar los efectos perversos de dicha medida. Infelizmente el accionar del DEM en materia migratoria ha consistido en escuchar preferentemente el clamor de organizaciones no gubernamentales con visión asistencialista, acción que actúa como paliativo y complemento del enfoque economicista, en vez de trabajar en conjunto con sus pares ministeriales e ir avanzando en una visión de Estado pragmática, basada en una prospectiva sociodemográfica y ligada a las carencias en recursos humanos de diversa calificación  que los órganos competentes identifiquen.

La migración haitiana está tensionando fuertemente la actual normativa y la capacidad del Estado y la sociedad chilena en materia migratoria. El riesgo es alto de "victimizar" o "criminalizar" este nuevo flujo migratorio, en particular por sus rasgos asociados con una alta vulnerabilidad social. Es lo que se debe evitar y para aquello es necesario establecer, y no solo para esta población caribeña, en una nueva política y ley migratoria una clara diferenciación entre ingreso a Chile en calidad de turista y un ingreso con fines laborales, empresariales, de estudios u otros. Incluso en 2015 existió discusión al interior del gobierno para colocar visa de ingreso a la población haitiana en las mismas condiciones que rige para sus vecinos de isla dominicanos. Esta medida no prosperó quedando nuevamente en evidencia las desavenencias de criterio en esta materia en el poder ejecutivo.

También en 2015, en el contexto del Consejo Técnico de Política Migratoria, representando al conjunto de los ministerios sociales, hicimos planteamientos respecto de la necesidad de instaurar una especie de visa de exploración laboral, la cual debería ser obtenida en los consulados de Chile en los países de origen de la migración. Esta visa tendría la ventaja de permitir definir perfiles migratorios de acuerdo a la dinámica demográfica, social o económica del país y acceder de esta forma a la posibilidad, como pide Naciones Unidas, de aplicar políticas migratorias seguras y reguladas con gestión activa por parte del Estado. La decisión de separar el permiso para turismo del permiso con motivos de residencia no es un invento nuestro ni mucho menos; es lo que se utiliza en los países OCDE para poder enfrentar en forma apropiada el fenómeno migratorio y permitir que, tanto los migrantes como la sociedad de llegada, salgan fortalecidos y enriquecidos luego del encuentro cultural que se produce. Ganamos en seguridad, en regularidad, en direccionamiento y en entregar a todos los migrantes igualdad de derechos y oportunidades que tienen los propios chilenos. Esta es una máxima que hemos mantenido en largos años de trabajo en migraciones, desde la academia, el ámbito público o de intervención social: no debe existir ni menos ni más derechos de los inmigrantes respecto de los chilenos. Este simple enunciado engloba un pensamiento acogedor de la migración mas responsable de conservar la armonía social entre las distintas comunidades con base en el principio de igualdad y la regulación de los flujos así como la regularidad en la permanencia.  

Bajo esta premisa tendremos también que debatir acerca de los distintos modelos de integración. En este ámbito nos inclinamos por políticas que apunten a conseguir cohesión social pluricultural, alejándonos de enfoques multiculturales que han fracasado en países de Europa. Es necesario ser muy precavidos con la exacerbación del  comunitarismo por sobre la idea de una sociedad que respete la diversidad cultural pero que mantenga en alto el concepto de Estado con sentido unitario.

Creemos que el rol del Estado, en este caso, consiste en garantizar la igualdad de oportunidades y fomentar el desarrollo personal de los inmigrantes pero no intervenir en el propio abordaje de su adaptación social, de esa forma podrá exponer sus mayores virtudes y diversidades aportadoras a la construcción societaria con renovadas miradas culturales. El Estado debe regular el flujo migratorio, es un deber ineludible, y proteger asimismo el conjunto de libertades civiles sin interceder en la autonomía de los propios inmigrantes. El método es conocido: la democracia y sus instancias formales y participativas. La construcción de la ciudadanía se debe conseguir por el mérito de una adaptación a nuestra sociedad y el respeto por sus normas, costumbres y hábitos. Es así como florecerá una sociedad renovada desde el punto de vista cultural sin que se corra el riesgo de perder el norte como nación unitaria.

Es imprescindible  conjugar vínculos virtuosos entre un Estado proactivo, y por cierto mucho más profesional, y el respeto por las libertades individuales y las diversidades culturales en el marco antes señalado, siendo tolerante y evitando discriminaciones de cualquier tipo y un laissez faire extremo que no protege ni a los inmigrantes ni a la sociedad de llegada.  

No dudamos que la migración haitiana será un aporte para Chile. Es conocida, entre otras expresiones, la calidad artística y musical de ese noble pueblo y sus gentes podrán demostrar que en un contexto propicio podrán desplegar sus mejores aptitudes. Por esta misma razón es deseable que éste, y también otros flujos humanos de distintas latitudes, estén sujetos a una transparente regulación. De esta forma el difícil proceso de adaptación se hará en condiciones de igualdad con la población local chilena. Mantener una migración desregulada perjudica al principio enunciado en el objetivo 10 de desarrollo sostenible referido a reducir las desigualdades.

Avancemos pues por el sendero correcto, sin arredrarnos frente a quienes preconizan una afrenta a los derechos humanos cuando se habla de planificar y ordenar el fenómeno migratorio. Es todo lo contrario: un Estado pasmado e irresoluto debe hacer su trabajo en bien de la nación, ese es rol que le cabe en la toma de decisiones migratorias que incidirán en el desarrollo de Chile.

Lo que hemos propuesto para el caso haitiano es por cierto válido para todos los casos, incluyendo la revisión del acuerdo Mercosur de libre movilidad residencial entre países - en especial la situación de la inmigración boliviana que en un alto porcentaje aplica a residencia temporal por esta vía - y el acuerdo Mercosur ampliado que incluiría ahora a nacionales de Perú, Colombia y Ecuador. La ciudadanía regional que ha propugnado un bloque de países de la región, como puente hacia un "planeta plurinacional y ciudadanía universal", bajo el liderazgo de Bolivia, Ecuador, Venezuela y en su momento por Argentina, es una utopía populista que dificulta la planificación de los flujos migratorios por parte del Estado de Chile y debe ser entendido de esa forma. Estamos en presencia de una suerte de placebo con la idea de libre movilidad territorial y la ciudadanía migratoria, sirve para hacer discursos vibrantes pero si se trata de conducir en forma seria un Estado estas nociones significan muy poco. Si alguien no comparte esta idea lo invito a revisar las ácidas contiendas vecinales en la Haya.

Con esto no queremos alejarnos de pueblos con quien estamos hermanados por la historia, la geografía y la cultura mas sí poner en evidencia que el pragmatismo histórico y social debe prevalecer por sobre quimeras populistas trasnochadas que terminan perjudicando precisamente a quienes supuestamente se quiere favorecer. Frente al realismo mágico migratorio que hoy impregna al Estado chileno proponemos un realismo progresivo, basado en una razón sensible, que nos permita soñar, siempre es bueno hacerlo, pero sin arriesgar la estabilidad política conseguida luego de decenios de progreso económico y social.

Para conseguir esto se necesita que el Estado juegue un rol de primera línea en esta materia,  con capacidad de imaginación previsora, una acción intersectorial inclusiva y con el concurso de organizaciones no gubernamentales que cooperen positivamente con la acción de quienes tienen la responsabilidad de dirigir en forma decidida y asertiva este complejo fenómeno poblacional que caracterizará a Chile durante este siglo XXI.