Los Agoreros tenían razón




Hace unas semanas, el gobierno ingresó un proyecto de ley para introducir algunas modificaciones que hagan posible la implementación de la –mal llamada- ley de "inclusión", promulgada hace ya un año y medio. Con esto queda de manifiesto que los problemas que muchos advertimos desde su tramitación en el Parlamento, no fueron con el afán de hacer una "campaña del terror", sino que por el contrario, constituían una preocupación sensata luego de la realización de un diagnóstico y de un análisis que desde el Gobierno, en cambio, prefirieron ignorar.

Recordemos a la misma Presidenta Bachelet en febrero de 2016, cuando en un acto público previo al inicio del año escolar, salió a celebrar anticipadamente los supuestos logros de su reforma educacional –aun cuando ésta ni siquiera entraba en vigencia- y señaló: "hay un conjunto de agoreros que pronosticaron que no íbamos a poder hacerlo o que sería un gran retroceso, y la verdad es que se equivocan".

Pues bien, al parecer los agoreros a los que ella se refirió en dicha oportunidad tenían razón. La ley tiene problemas que recién hoy el Gobierno está reconociendo de alguna forma, al enviar un nuevo proyecto para tratar de enmendarlos. Dicho proyecto, sin embargo, será insuficiente, pues sólo busca postergar la entrada en vigencia de la ley ya promulgada, pero no corrige ni evita los daños que ésta traerá.

Es que las falencias de esta ley están en sus principales contenidos, que no serán reformulados: en la imposición de una excesiva carga administrativa y de un control del uso de los recursos para prevenir "el lucro", en la obligación de que los sostenedores educacionales se hagan dueños de los edificios en que funciona su colegio, en la prohibición de que los padres puedan aportar regularmente recursos para complementar la subvención que entrega el Estado para la educación de sus hijos, en la concentración de los procesos de admisión en el Ministerio de Educación y en la eliminación de cualquier criterio de selección relativo al mérito o a la diversidad en las preferencias de las familias y los proyectos educativos.

Todas esas nuevas exigencias significarán una distracción de tiempo y recursos desde lo estrictamente educativo. O como describió el anterior Ministro de Educación, equivalen a "quitarle los patines" a los colegios y sus estudiantes. Y, sin embargo, el proyecto recién ingresado no modifica ninguna de esas normas, sino que sólo las posterga: amplía el plazo para que los sostenedores cumplan con la obligación de adquirir el inmueble en que funciona el colegio (hasta junio de 2023 o 2026) y para que quienes así lo decidan, den aviso del cierre de su establecimiento (junio de 2017).

Dicen que el tiempo cura las heridas, pero en este caso no creo que vaya a ser así. El aplazamiento por parte del Gobierno quizás logre retrasar las consecuencias –y los daños- de su reforma, traspasando además a las próximas administraciones la responsabilidad de enfrentarlas. Sin embargo, mientras no se corrijan realmente los problemas de fondo, de manera de tomar un mejor rumbo, no hay señales de que los efectos negativos en el sistema escolar vayan a revertirse.

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