Para no creer

CAMILA VALLEJO propuso reducir las horas máximas de trabajo semanales, argumentando que la medida tendría por objeto incrementar la productividad del trabajo, reducir el desempleo y aumentar el tiempo disponible para compartir en familia. Anteayer la iniciativa correspondiente fue declarada como admisible por la Cámara de Diputados por un amplio margen, a pesar de que la vocera de gobierno declaró que la materia no se encontraba entre aquellas de prioridad. ¿Es, desde un punto de vista económico, razonable la iniciativa? Y si no lo es ¿por qué se propone?

El razonamiento económico que pareciera subyacer a esta propuesta es errado, dado que implica que los trabajadores en el sector privado están actualmente trabajando más de lo que les conviene a ellos y también a las empresas contratantes. En efecto, nada impide que con la actual legislación se trabajen menos horas al mismo salario diario. Es más, la iniciativa postula que frente a una reducción en el número de horas máximas de trabajo mandatadas, las empresas mantendrán constantes la producción, porque las personas -ahora menos cansadas- se hacen más productivas. Si es así ¿por qué reducir solo las horas máximas trabajadas a 40 horas semanales, si se puede hacer a 20 o menos?

Sabemos que en la práctica y en el sector privado, tanto empresas como trabajadores ajustan su comportamiento a las condiciones del mercado, de modo que el esfuerzo de trabajo observado tiende a ser el óptimo, dado las preferencias de los habitantes (trabajadores), el stock de capital existente, y la tecnología disponible. Esto es literalmente cierto para el mediano y largo plazo, en que dichos ajustes se completan. Como la medida propuesta implica un aumento del costo del trabajo en relación a aquél del capital, ésta se reflejará -todo lo demás constante- inexorablemente en una caída de las horas de trabajo, en una disminución de los salarios reales por hora, y en una reducción de la producción por persona (PIB per cápita).

Sin embargo, y esto no es trivial, en el corto plazo es muy probable que a las empresas les convenga -mientras ajustan por la vía de la depreciación sus stocks de capital per cápita a lo deseable- cancelar horas extras o incluso contratar personal adicional. Lo harán, por supuesto, a costa de una disminución de sus rentas y será un fenómeno transitorio.

Es para no creerlo. Podríamos estar frente a una propuesta técnicamente incompetente -aquella de reducir la jornada máxima a 40 horas semanales- que debiera ser rechazada de plano en el Congreso. No obstante, es más probable que se trate de una oferta populista, que puede dar votos, y que solo por eso goce de apoyo parlamentario. En el corto plazo y a costa del empobrecimiento del país, la iniciativa efectivamente permitirá a muchos -ciertamente una mayoría de aquellos que trabajan en el sector público- trabajar menos por la misma remuneración. Afortunadamente el ministro de Hacienda, en una actitud que lo engrandece, se ha opuesto pública y tajantemente a dicha reducción de la jornada de trabajo.