Preguntas

Hemos fracasado. Más allá de todos los esfuerzos e iniciativas de estas décadas, la relación con nuestros pueblos originarios y especialmente la convivencia en la región de La Araucanía solo ha empeorado. Pese a los cambios constitucionales, varias leyes, creación de institucionalidad, programas de fomento y destino de cuantiosos recursos, se vuelven a repetir los hechos de violencia -tanto delictuales como terroristas- que nos obligan a interrogarnos por cuál es el próximo paso o por dónde es posible construir una solución que deje meridianamente satisfechas a todas las partes.

Y quizás lo primero sea reconocer que no hay forma de cumplir con las expectativas de todos, y muy especialmente de los grupos más radicalizados -de uno u otro lado- cuya acción derechamente conspira con la posibilidad de una convivencia conjunta, al punto de negar la existencia del otro, como la legitimidad de sus pretensiones y el reconocimiento de sus derechos. Por lo mismo, cualquier razonable salida al conflicto supondrá siempre la posibilidad de que una minoría se resista a dicho acuerdo, aunque su acción no sea representativa de la comunidad local ni del grupo al que dicen representar.

Lo segundo, entonces, es interrogarnos por cuáles son las manifestaciones de esa disidencia que como sociedad estamos dispuestos a tolerar. Ningún acuerdo será posible si éste no se construye sobre la intolerancia radical y mayoritaria a cualquier acto que lesione gravemente el derecho de los demás. Mientras no exista un reproche y sanción colectiva a la violencia, especialmente entre los propios pares, será imposible legitimar cualquier proceso que tienda a una solución definitiva.

Pero cuando de derechos se trata, y ahora en tercer lugar, no solo me estoy refiriendo a la vida, integridad física o propiedad de los habitantes y empresas de la zona; sino que también a un conjuntos de derechos de los pueblos originarios, ancestrales y nacionales, cuyas vulneraciones históricas y sistemáticas, y su no reconocimiento y reparación todavía, alimentan la frustración e injusticia de una comunidad que seguirá viendo con escepticismo los esfuerzos y promesas que provengan del Estado.

¿Y de qué Estado? ¿Estamos dispuestos, junto con reconocer a los pueblos originarios, a declarar que Chile tiene un origen plurinacional y establecerlo así en nuestra Constitución? ¿Podemos avanzar en mayores niveles de autonomía local, donde por de pronto partamos por garantizar su representación política en el parlamento? Y por su parte, ¿están los principales líderes del pueblo Mapuche disponibles para condenar, sin matices y explicaciones, los actos de violencia que se suceden en la zona y facilitar que se investigue y condene a los culpables?

Quizás valga la pena partir haciéndose éstas y otras preguntas.