Voces

Proceso Constituyente Indígena, resultados para digerir

David Soto

Sacerdote Jesuita

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DURANTE ESTE mes se entregó la Sistematización del Proceso Participativo Constituyente Indígena. Dicho documento reúne los aportes de los ocho pueblos indígenas presentes en Chile y su  sistematización se realizó bajo derechos que son reconocidos internacionalmente, o sea, no hay invenciones extremistas, sino decantado de experiencia internacional. Más aún, el documento presenta la mayor participación de personas pertenecientes a pueblos indígenas que alguna vez se haya realizado en el país.

El proceso que dio origen a este documento fue impugnado por los grupos más movilizados, los llamados “extremistas” del Movimiento Mapuche, quienes finalmente se restaron del proceso. Por tanto, lo que nos muestra este documento son las deliberaciones de los pueblos indígenas  que dentro del marco institucional democrático y con espíritu cívico acogieron el llamado a construir una nueva carta constitucional, los “buenos indígenas” como a ciertos sectores les gusta distinguir. Para su tranquilidad no hay extremistas, irracionales ni terroristas.

Lo anterior es importante, pues un argumento común para invalidar las demandas del Pueblo Mapuche, especialmente respecto a reconocimiento constitucional, autonomía/autodeterminación y territorialidad, ha sido la tesis que tales demandas no corresponden más que a un grupo minoritario extremista del Movimiento Mapuche, pero que en ningún caso representa el sentir del pueblo mapuche. Así, una salida al conflicto es sentarse a la mesa con los “mapuche buenos” y “civilizados” aislando el factor “extremista” con sus peticiones “irracionales”.

¿Y qué nos encontramos en el informe? Las mismas demandas por derecho que han sido adjudicadas a los mapuche “extremistas”. A saber: reconocimiento constitucional, estado plurinacional, autonomía/autodeterminación y territorialidad entre otros. Al parecer, las demandas mapuches no son un sueño guerrillero, sino que una convicción decantada en la base amplia. Más todavía, ya no son demandas solo del pueblo mapuche sino también de los otros siete pueblos indígenas que existen en Chile, y que están aún más invisibilizados que los mapuche.

Ante esta realidad, surgen algunas preguntas: ¿por qué casi nada de lo que aquí aparece con fuerza (plurinacionalidad, autonomía/autodeterminación y territorialidad) no existe en el informe de la comisión asesora de la presidencia para La Araucanía? ¿Será posible que finalmente el Estado chileno y sus gobiernos se atrevan a abordar políticamente estas temáticas con todos los actores? La incapacidad del Estado de acoger políticamente las demandas expresadas en la consulta de Imperial en 1989, que dio pie a nuestra actual y pobre ley indígena, tiene directa relación con que parte del Movimiento Mapuche tomara el camino de la violencia política. Hoy después de conocer las demandas de todos los pueblos indígenas del país, en la instancia de mayor participación histórica y sin participación de grupos “extremistas”, ¿qué hará el Estado chileno y sus gobiernos? Esperamos que no postergue por décadas, como los 18 que tardó en aprobar la aplicación del 169 de la OIT y los 27 años en que aún no ha cumplido con el reconocimiento constitucional, pues los territorios y su gente anhelan la paz que sabemos solo llegará con la justicia.

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