Reflexiones de verano




LAS VACACIONES son un periodo ideal para sustraerse de los problemas -a menudo agudos- que nos aquejan a diario en lo personal y reflexionar con altura de miras sobre el futuro de nuestra sociedad. En ese sentido es evidente que nuestro país tiene -a pesar de haber llegado a ser recientemente y en unas pocas décadas, el de mayor PIB per cápita de la región- serios problemas económico sociales, los que se reflejan, entre otras cosas, en su baja tasa de crecimiento económico, en su incapacidad de generar empleos formales, en sus pensiones relativamente bajas, en una oferta de servicios de salud inadecuada, y en una institucionalidad educacional que deja a pocos contentos. ¿Será posible encontrar alguna o algunas pocas causas generales de este fenómeno?

Los países -tal como cualquier otro conglomerado humano- progresan cuando tienen un objetivo, y un modo de logarlo, ampliamente compartido. Es lo que sucedió en Chile a partir de los años 1990, en que una inmensa mayoría de los chilenos anhelaba el pleno desarrollo económico-social y se propuso lograrlo en el ámbito de un sistema político democrático y de una economía social de mercado. Además, las autoridades comprendieron que el progreso solamente se podía dar dentro de ese marco en base a políticas específicas ampliamente compartidas y técnicamente bien diseñadas. El resultado fue, en líneas generales, óptimo.

Si bien el sistema redujo espectacularmente los niveles de pobreza en Chile, no sucedió lo mismo -al menos hasta una década atrás- con la desigualdad (Sapelli 2016). Surgió entonces un importante sector de opinión, que llegó al gobierno en 2014 y que incluyó a los comunistas, a favor de la implementación de políticas de redistribución y de la simultánea estatización de los servicios sociales. Por supuesto que junto con ello se quebró el consenso nacional anteriormente mencionado, no tanto porque no se compartieran los objetivos sociales buscados, sino porque en su implementación se propusieron fórmulas que cercenan la libertad individual y que fracasaron décadas atrás. El resultado está a la vista: un país estancado por la reacción frente al tipo de políticas aplicadas y por la incertidumbre institucional generada.

Las encuestas reflejan a una población que desde los años 1990 fue mutando desde una deseosa por alcanzar el pleno desarrollo -un objetivo ambicioso pero lograble si se persigue con tenacidad- hacia privilegiar, en 2014,una mayor igualdad. Ahora, no habiendo alcanzado ni lo uno ni lo otro, la mayoría de los chilenos parecieran contentarse, muy lamentablemente, con una reducción en los niveles de la inseguridad que perciben, entre otros ámbitos, tanto en el empleo, como en el monto de sus ingresos, en el acceso a servicios confiables de salud, y en materia de criminalidad. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente. Es posible crecer y reducir simultáneamente la inseguridad, como sucedió entre 1990 y 2013, si es que se aplican pragmáticamente regímenes públicos técnicamente competentes y políticamente consensuados.

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