Religiosidad estatal

Son varias las preguntas. ¿Por qué un grupo de exaltados le grita asesina a la Presidenta de la República, justo antes de que ella ingrese a su propio acto religioso? ¿Por qué un candidato a diputado de la derecha toma la palabra y, disfrazado de sermón, se despacha una arenga político-electoral? ¿Por qué lo secundan en el mismo tono otro puñado de pastores, relegando a segundo plano lo que ahí se pretendía celebrar? ¿Por qué el candidato de la oposición guarda un cómplice silencio ante los hechos, no solo alentando las sospechas de que fue parte de un montaje político comunicacional, sino también contribuyendo a mancillar la misma dignidad presidencial que él pretender detentar en algunos meses más? En definitiva, ¿por qué la Presidenta de la República asiste a estos eventos, con varios de sus ministros, dándole así un aura republicana a una ceremonia religiosa?

Lo ocurrido esta semana y que posteriormente fue refrendado por una parte de la cúpula que agrupa a esa confesión religiosa, le hizo un flaco favor a la causa. No solamente se agredió verbalmente y faltó el respeto a la máxima autoridad del país, sino que -paradójicamente- la víctima fue esa mujer que instauró el día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes, que liberó una importante suma de dineros estatales para la remodelación de su templo, y cuya contribución a esa religión ha destacado muy por sobre todos los otros presidentes del país. Más que mal agradecidos, reproche que legítimamente podría hacerse, el bochornoso episodio los terminó presentando -no a todos ciertamente- como un grupo de fanáticos e intolerantes y que además aparecen comprometidos con una específica campaña electoral.

Pero la discusión de fondo no debería centrarse en la falta de criterio y ordinariez de un puñado de los anfitriones, sino en por qué en un Estado laico todavía se alientan este tipo de discriminaciones. La laicidad no se refiere a oponerse a las creencias religiosas de las personas; sino que, cosa distinta, a tratarlas con igual consideración y respeto, sin tener preferencias ni menos adoptar alguna en particular. Se trata de una importante manifestación de la autonomía y dignidad personal, que el Estado debe garantizar pueda profesarse de manera privada y pública, pero que en ningún caso merece ser elevada -en los ritos, el uso de los recursos fiscales, o en la atención de las autoridades en el ejercicio de su cargo- a una categoría republicana o común a todos los ciudadanos.

Lamento lo ocurrido, especialmente por la enorme contribución al país de la mayoría de los pastores y feligreses evangélicos. No tienen la culpa de los errores y miserias de quienes temporalmente los representan. En todo caso, no han sido los primeros y tampoco probablemente serán los últimos.