No somos Canadá, Australia, Nueva Zelanda ni Reino Unido. Esos países están en los primeros lugares del ranking de los mejores servicios públicos del mundo acuerdo a la Universidad de Oxford. Sin embargo, hace pocos días se publicó una sorprendente noticia: la totalidad de los servicios públicos chilenos que participan en el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), lograron en 2016 el 100% del incentivo institucional por haber cumplido todas sus metas, por sobre el 90%. En la práctica, este incentivo significa obtener un bono correspondiente al 7,6% de sus remuneraciones, lo que equivale a casi un sueldo adicional anual.

Según un estudio del Banco Mundial (2008) este incentivo le costaba al erario nacional U$80 millones anuales, de los cuales nada menos que el 40% se destina a la mera administración del sistema para producir y monitorear los propios indicadores.

Es difícil comprender que instituciones como la Dirección de Obras Públicas (Puente Cau Cau), la Subsecretaría de Prevención del Delito (primera prioridad en las preocupaciones ciudadanas) o el Sename (con múltiples casos de vulneración de derechos en infancia), puedan estar dentro de este listado de excelencia en el desempeño.

Hace años que diversos estudios –del Consorcio de Reforma del Estado,  Banco Mundial y Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, por mencionar algunos– han señalado que el sistema PMG está desvirtuado. El aumento del tamaño del PMG en el tiempo  y su vínculo con los indicadores de desempeño, ha derivado en incentivos perversos.

Se podría entender la lógica aspiración de los empleados públicos a una mejora en sus remuneraciones, y con ello, la manipulación de las metas para hacerlas cumplibles. Sin embargo, lo que más llama la atención es que esto ocurra y sea avalado por instancias oficiales a través de comités técnicos, comités triministeriales y otros procesos de análisis interno de otras autoridades del sector público. Hay una lección aquí,  que  ya la conocemos por un popular dicho, "no hay que culpar al chancho, sino al que le da el afrecho". En el caso de los PMGs, también es posible cuestionar a las autoridades que conociendo las perversiones de este mecanismo, no introducen los cambios necesarios y con su omisión amparan estas prácticas.

Es imperioso mejorar la gestión del Estado y la calidad de nuestros servicios públicos, con mecanismos y estrategias renovadas. Por ejemplo, desde diversos sectores se ha señalado que las subsecretarías estarían cumpliendo un rol principalmente político y no de coordinación de la gestión de los servicios que dependen del ministerio en la cual está inserta, tal como en teoría lo mandata la ley. A través de la iniciativa Chile Gestiona, el año 2011 se inició un proceso para trabajar en este sentido y actualmente la subsecretaría de Hacienda está asumiendo este propósito al interior del ministerio, así como en otras reparticiones. ¿Habrá llegado el momento de darle la prioridad que se merece al mejoramiento de la gestión pública?