Siesta en los laureles

El avance de la agenda anticorrupción en los años 2015 y 2016 fue notable. Se modificaron las normas de financiamiento de los partidos políticos, haciéndolos más transparentes y sólidos institucionalmente. Se prohibió la donación de empresas a las campañas políticas y mejoraron sustancialmente las disposiciones para realizar propaganda electoral. Se publicó la Ley de Probidad, para que un universo cercano a las 60.000 personas, entre funcionarios y autoridades, estuvieran obligadas a realizar declaraciones de patrimonio e intereses, bajo la supervisión activa de la Contraloría. Se dotó de autonomía constitucional al Servicio Electoral, se perfeccionaron las normas de la Alta Dirección Pública, se creó el Plan de Formación Ciudadana en los colegios... en fin, son diez las leyes que se publicaron en estas materias y que presentan un avance inédito en la lucha contra la corrupción en Chile.

Este año, en cambio, el ritmo ha decaído. Se publicó la ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero y nada más. Concluye julio y ese es el recuento. Un optimismo desbordante no nos permitiría concebir para fin de año un balance más alentador, los tres proyectos de ley de mayor relevancia en la agenda ni siquiera se están discutiendo en sus respectivas comisiones.

El primero de ellos modifica la ley del Congreso, con profundas mejoras a los estándares de transparencia que aplican tanto a los parlamentarios como a sus funcionarios. Se crea una entidad de control y fiscalización, con ciertos niveles de autonomía y potestades sancionadoras, entre otras necesarias -por no decir urgentes- mejoras. El descrédito del Congreso y de los parlamentarios parecen todavía no ser lo suficientemente molestos para apurar el tranco de esta tramitación. Aprobado el proyecto por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado, pasó a la Comisión de Constitución en marzo, en la que no ha sido discutido todavía, pudiendo haber pasado directamente a la Sala.

El segundo proyecto relevante es el que regula la 'puerta giratoria', el paso entre entidades públicas fiscalizadoras y empresas que son fiscalizadas. Una materia pendiente en Chile que nos vuelve altamente vulnerables a la aparición de conflictos de intereses. El proyecto fue revisado por última vez en la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado a comienzos de mayo e iba bien encaminado. Lo sustancial es que la actividad legislativa retome este proyecto y permita que se transforme en ley durante esta legislatura, para evitar suspicacias que empañen un trabajo que se ha realizado con convicción, frente al éxodo de autoridades y funcionarios que podría implicar un eventual cambio de gobierno en los próximos meses.

Existen dos proyectos similares que aumentan las penas por delitos de corrupción, uno en la Cámara y otro en el Senado. Aquí lo que abunda sí daña, pues la imposibilidad de fusionar los proyectos en uno genera cierta incertidumbre que, al final, provoca que ninguno de los proyectos se tramite. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia ha dado una señal en este sentido, ingresando esta semana una indicación al proyecto que se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida por Fuad Chahín. Debe discutirse prontamente en esa instancia el proyecto, pues de otro modo, sin sanciones disuasivas, los notables avances de los años anteriores serán accesorios de la crisis de legitimidad que nos seguirá afectando.

Lo avanzado ha sido relevante pero no suficiente. En general, hemos tenido una reacción apropiada frente a los casos de corrupción que vivimos los años 2014 y 2015, pero en nuestro país siguen apareciendo nuevos casos que demuestran que nuestro diseño institucional todavía es altamente vulnerable. Insistir en la agenda anticorrupción es un desafío permanente en el contexto de descrédito y en la situación de corrupción generalizada que vivimos en Latinoamérica, a la que también hemos lastimosamente contribuido con las situaciones de financiamiento irregular de la política, el fraude en Carabineros y los casos en las Fuerzas Armadas, entre otras. Las condiciones para que surjan nuevos casos de corrupción siguen vigentes, por lo que no es aconsejable dormirse en los laureles.