Talante mediador




Septiembre es sinónimo de agenda de derechos humanos, utilizada una y otra vez para fines políticos. Incluso lo hizo Sebastián Piñera, con su célebre frase de los "cómplices pasivos". Entonces, que lo haga el gobierno más izquierdista de los últimos 27 años no es novedad.

Ahí están el anuncio del cierre de Punta Peuco y la decisión de poner urgencia al proyecto de ley que pone fin al secreto de 50 años de las declaraciones de las víctimas ante la Comisión Valech. También se apresura un proyecto de ley que castiga negar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos.

Sectores de oposición acusan el uso del dolor de la gente para con fines electorales. Es posible que algunos lo estén intentando -no sería primera vez-, pero no es tan claro que ese sea el verdadero objetivo. Porque los más hábiles en las esferas oficialistas seguramente se dan cuenta de que el descalabro político es tal, que es muy poco lo que puede servir la enésima vuelta a la tuerca del tema de los derechos humanos. Además, si no le sirvió a Piñera sumarse a ella -la izquierda retornó igual al poder-, por qué habría de ser útil a un gobierno caído en el total descrédito. Más bien, puede ser síntoma que saben van a perder, que habrá cambio de gobierno y que quizás se extienda por más de un período. Por consiguiente, hay que trata de amarrar todo lo que sea y, por último, darse todos los gustitos posibles, no importa cuál sea el daño.

¿Cuál sería el daño? El primero, que la sociedad siga crispada por los hechos del pasado y que no haya posibilidad de superarlos. Pero hay más. El proyecto que pena la negación de las violaciones de los derechos humanos persigue que no haya miradas alternativas ni matices, lo que constituye un atentado a la libertad de expresión, la base de la democracia. Algunos dicen que ésta pudiera resultar afectada, depende de cómo se redacte. Un completo error: establecer un castigo por no adherir a la verdad oficial constituye por antonomasia un ataque a la libertad de expresión. No se requiere ser libre para adherir a la verdad oficial, sino para disentir de ella.

Pero lo más grave es la derogación de la norma que aseguró 50 años de reserva a las declaraciones de las víctimas. No importa si era necesario hacerlo o si son útiles las declaraciones para los juicios, lo que importa es que el Estado asumió un compromiso y que antes del plazo establecido se quiere desconocer. A partir de ahora, quien crea en una oferta hecha por ley pasará por leso, pues bastará con aprobar otra ley que desconozca la oferta; argumentos para hacerlo siempre habrá.

La ONU nombra a la Presidenta asesora para mediaciones en conflictos internacionales. Para ser mediador se requiere capacidad de buscar la concordia, convencer a las partes que lleguen a acuerdos, lo que implica renunciar a legítimas posiciones, y que cumplan con la palabra empeñada. Lo contrario a lo que se está haciendo aquí.

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