Tardía y regular ley




Pasar cuatro años acuchillándonos por el financiamiento de la educación superior, para terminar con un proyecto de ley con 600 indicaciones discutidas en el minuto 89 del partido es una triste pirotecnia de fin de período. No es la reforma que necesitamos para el siglo XXI. No incluye ninguna medida ni recursos basales para I+D en estas instituciones, ni incentivos especiales a carreras más estratégicas para el país, ni sustitución de los mecanismos actuales de crédito, ni mayor flexibilidad a las trayectorias, carreras y programas en beneficio de los estudiantes. No hay una propuesta integral de financiamiento a la educación superior. Ni siquiera se le dio una piadosa muerte por sustitución al (excesivamente) vilipendiado CAE.

Estas discusiones se han sacrificado en el altar de la gratuidad a punta de glosas presupuestales que han dejado atrás una estela de heridos y quejas. La pelea entre lo que es estatal, público y privado continúa sin zanjar. No se evalúa la manera de corregir los déficits que la gratuidad le generará crecientemente a muchas carreras. La consagración de universidades e institutos que acepten y no acepten la gratuidad podría generar un sistema aún más segregado socialmente: triste logro. En suma, un fascinante ejercicio en dar más dinero para dejar a casi todos los actores enfurecidos.

Dicho esto… ojalá esta tardía y reguleque ley se apruebe como piso mínimo, porque permite "ordenar la casa" respecto al caos acumulado en 30 años de libertinaje. Se define una subsecretaría, una imprescindible superintendencia para vigilar los excesos que han cometido por décadas muchas instituciones "lucrosas pero sin fines de lucro", y acreditación obligatoria. No puede ser que continuemos con 75% de los programas de pregrado nunca acreditados, abusando de sus estudiantes.

Se termina con la absurda acreditación por años estableciendo niveles: excelencia, avanzado, etc. Además, se definen niveles de logro progresivo diferenciados para universidades e instituciones técnico-profesionales, y se mantiene la obligación de acreditar todas las dimensiones, salvo la de generación de conocimiento, creación y/o innovación, solo obligatoria para el nivel de excelencia. Se propone que una reestructurada Comisión Nacional de Acreditación, libre de obvios conflictos de interés, se someta periódicamente a una evaluación externa por parte de instituciones extranjeras de reconocido prestigio.

Insistiremos siempre en la necesidad de un ente autónomo de las burocracias politizadas de turno, para zanjar los inevitables conflictos que han venido y vendrán por la fijación de aranceles, por medio de un Consejo de Financiamiento de la Educación Superior: una agencia autónoma, plural, responsable de la administración de todos los instrumentos de financiamiento público, incluida la fijación de aranceles de referencia y cupos. El Higher Education Funding Council for England es buen ejemplo. De no hacerse, la noche de los cuchillos largos continuará otros cuatro años.

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