Terminando con la exclusión

DESDE HACE algunos años que se viene trabajando en la inclusión social en nuestro país, con políticas orientadas en migrantes o pueblos indígenas, entre otros. Sin embargo, quiero destacar uno de los grandes pasos que hemos dado en la actualidad: la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral.

Del total de la población mayor de 18 años, un 20% tienen algún grado de discapacidad, es decir 2 millones 600 mil personas, que en promedio ganan casi 140 mil pesos menos y tienen un nivel de escolaridad menor que las personas sin discapacidad.

Ya era hora de que termináramos con esta situación, porque si hablamos de calidad del empleo y dignidad de los trabajadores, no podemos excluir a nadie: las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la plena inserción social, tal como lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile el 2008.

Este proceso de mejora continua no solo afecta a nuestro país sino que también a los desarrollados, por ello es tan relevante la ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, que en resumen, obliga al sector público y privado a contratar a un número no menor al 1% de personas con discapacidad.

Esta normativa también termina con una discriminación casi vergonzosa, al eliminar el artículo que permitía que a las personas con discapacidad se les pudiera pagar menos que el salario mínimo. En su oportunidad, esta normativa fue pensada como un incentivo a la contratación, pero terminó siendo una segregación social.

¿Es posible aumentar la empleabilidad de los 2 millones 600 mil personas que están en esta condición? En la actualidad, solo el 39,2% de ese universo se encuentra ocupado. Ahora se abre una serie de posibilidades. Dentro de lo que estipula la ley, hay 7 mil 600 empresas en Chile que deberán aplicar esta normativa. lo que significará mayores oportunidades laborales para las personas con discapacidad que se encuentran desocupadas o fuera del mercado laboral.

Su aplicación se hará en forma gradual. Hay seis meses de plazo para que se dicten los respectivos reglamentos, por lo que las empresas deben comenzar a prepararse.

El cambio será muy positivo. Existen estudios que muestran que en las empresas donde hay personas con discapacidad, éstas tienen una menor rotación, mayor disposición y compromiso en sus trabajos, lo que permite un cambio cultural de la organización a las cuales pertenecen.

Sin ir más lejos, un estudio (Sofofa y OIT, 2013) demostró que los trabajadores con discapacidad son más hábiles para la ejecución de ciertas tareas y/o especialmente comprometidos con la empresa tras acceder a un puesto de trabajo, lo que se irradia a un mayor compromiso de los demás trabajadores con sus respectivas labores.

Por eso que el llamado del gobierno es que las instituciones y/o empresas públicas y privadas tomen esta medida como una gran oportunidad, para aportar a la diversidad que tenemos como sociedad y llevarla al interior de la vida laboral, y ver las ventajas comparativas que experimentan.

Este es el inicio de una trayectoria que nos llevará a ser un país más inclusivo, en el que se valora y reconoce el aporte de las capacidades de todas y todos.