Universidades chilenas: ¿Las más caras de la OCDE?

La semana pasada se dio a conocer el informe Education at a Glance 2017, que aporta interesantes cifras sobre los sistemas educativos de los países miembros de la OCDE, entre ellos Chile. Uno de los datos que resaltó la prensa chilena, fueron los aranceles promedio, según los cuales nuestras universidades se encontrarían entre las más caras del conglomerado.

Pues bien, me parece interesante complementar el análisis con otros datos provistos por el mentado informe.

En primer lugar, al comparar el gasto en educación superior en relación al producto interno de cada país, efectivamente vemos que Chile hace un importante esfuerzo, correspondiente al 2% de su PIB, por sobre el promedio de la OCDE (1.5%) y sólo superado por EEUU (2.7%), Canadá (2.6%) y Corea (2.3%). No obstante, al ser nuestro país más pobre que el resto de los miembros con quienes nos comparamos (excepto México), este porcentaje se traduce en realidad en un gasto por alumno que ni siquiera llega a la mitad del promedio de la OCDE y que nos ubica en el último lugar del grupo. Es la dura realidad: lo que para nosotros constituye una cifra significativa, en el contexto de la OCDE es apenas un gasto mediocre.

En segundo lugar, el informe explica que los países utilizan diferentes mecanismos para financiar la educación superior. Mientras algunos dirigen los recursos públicos hacia las universidades, de manera que éstas necesiten recaudar menos a través de los aranceles, otros los dirigen en mayor medida hacia los estudiantes, mediante becas o créditos subsidiados, de tal forma de apoyarlos en el pago de sus aranceles (que lógicamente serán más altos). Este último es el caso de Chile.

Con todo, si lo que queremos es comparar cuánto pagan efectivamente los alumnos en cada país, el arancel promedio reportado por el informe de la OCDE no es el mejor indicador. La razón es que en los sistemas como el chileno, lo que pagan en realidad desde su bolsillo quienes reciben ayudas estudiantiles del Estado, es bastante menos de lo que indica el arancel promedio. De igual forma, tampoco es buena medida el gasto privado en educación superior que reporta la OCDE, en tanto éste no es corregido por la fracción que en realidad es subsidiada por el Estado a través de ayudas estudiantiles.

En el caso de Chile, si comparamos los datos que provee el SIES (MINEDUC) sobre ingresos por aranceles de las instituciones de educación superior acreditadas (US$ 3.740 millones) y los recursos que el Estado destinó a ayudas estudiantiles (casi US$ 1.500 millones), encontramos que en 2015 el 40% del gasto total en aranceles fue en realidad subsidiado con recursos públicos. Visto de otra forma, el Estado chileno entregó del orden de 890 mil beneficios, lo que equivale al 80% de la matrícula en educación superior. Es decir, en promedio 8 de cada 10 personas que asiste a educación superior recibe apoyo del Estado para financiar su carrera y paga por ello bastante menos que el arancel reportado en el informe de la OCDE.

La conclusión entonces, es que las universidades chilenas no disponen de más recursos que las de la OCDE; al contrario, el gasto por alumno en nuestro país es todavía bajo. Pero es el mejor esfuerzo que podemos hacer hoy, dado que somos un país de ingresos medios y que tenemos un montón de otras prioridades. Por otro lado, que los aranceles que cobran las universidades parezcan altos respecto al resto de los países miembros, se debe en parte importante al sistema de financiamiento de la educación superior por el que nuestro país ha optado, situación que no se visualiza al comparar aranceles promedio ni tampoco en el gasto privado reportado por la OCDE.

Ahora bien, según señala este informe, los sistemas que –como el chileno- dirigen el gasto público mayoritariamente a ayudas estudiantiles, tienen la bondad de incentivar a las instituciones a adaptarse de mejor forma a las necesidades de los alumnos, haciéndolas más inclusivas. Y obviamente, permiten acotar el gasto público a través de la focalización en quienes más lo requieren. En el caso de Chile, en las últimas décadas hemos logrado importantes avances, de manera que hoy, con menos recursos, tenemos una cobertura similar al promedio de la OCDE y en línea con países como Suecia y Noruega. Asimismo, somos el segundo país con la mayor probabilidad de asistencia a educación superior, tenemos una tasa de graduación sobre el promedio y el mayor premio a la educación superior entre los países miembros.

Con todo, lo razonable a la luz de los datos, sería perseverar en esta fórmula que nos ha permitido progresar, haciendo las mejoras necesarias a medida que nuestro país vaya disponiendo de mayores ingresos. Por un lado, ampliando la cobertura y monto de ayudas estudiantiles en función de la necesidad del alumno, y por otro, incrementando los aportes directos a las instituciones que cumplan con la generación de bienes públicos. Países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Holanda han avanzado hacia sistemas de créditos contingentes al ingreso similares a nuestro tan vilipendiado CAE; Chile, en lugar de avergonzarse y echar marcha atrás, debiera tomar nota.