“¡Ministro, no le he dado la palabra! ¡En votación!”, le dijo en forma tajante el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, al ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), quien este martes concurrió a esa instancia para participar de la discusión del proyecto que eleva las penas por el delito de usurpación.

La iniciativa formaba parte de la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad que el Congreso y el Ejecutivo acordaron priorizar para enfrentar la delincuencia.

Esta propuesta contra la usurpación no era de La Moneda. De hecho, más bien era una moción que incomodaba a un sector del oficialismo. Por eso, a Elizalde le interesaba remarcar la postura del gobierno para evitar que la iniciativa terminara castigando a familias que viven hace años en tomas de terrenos. De hecho, una indicación del Presidente Gabriel Boric planteaba que no se podría detener a personas que fueran parte de campamentos catastrados oficialmente, lo que fue acogido parcialmente por la oposición, pero sólo en casos de tomas históricas que hayan sido pacíficas.

No obstante, ante la negativa de Kast a concederle la palabra (quien se justificó asegurando que el ministro ya había entregado sus argumentos sobre el proyecto), Elizalde le hizo un comentario a la abogada Elisabeth Matthei, asesora de la División Jurídica de la Segpres, quien lo acompañó a defender las enmiendas de La Moneda.

“Es un bruto”, dijo el secretario de Estado, comentario que alcanzó a ser escuchado por el senador de Evópoli.

“¿Me dijo que era un bruto?”, le preguntó Kast.

Elizalde le respondió con honestidad: “Sí, cómo no vamos..., con respeto, cómo no vamos a poder conversar”.

El hecho generó revuelo en la comisión. No obstante, a pesar de la polémica, igualmente la instancia pudo despachar la iniciativa contra la usurpación, que ahora pasará a la sala del Senado.

Si bien al término de las votaciones Elizalde dijo que retiraba las expresiones ofensivas, le reclamó a Kast su estilo para conducir la Comisión de Seguridad, lo que en el pasado le ha generado roces incluso con senadores de derecha, como Kenneth Pugh. “No usé el término adecuado, pero usted no se puede negar al debate”, manifestó el secretario de Estado.

En respuesta, el legislador de Evópoli le señaló al socialista que ya no era senador, cargo que dejó el miércoles de la semana pasada, tras jurar como nuevo ministro Segpres, en reemplazo de Ana Lya Uriarte. “Usted ya no es parte de esta institución. Ud. representa a otro poder del Estado”, le dijo.

La polémica continuó a la salida. El senador de oposición remarcó que Elizalde, en vez de disculparse, trató de justificar su actuar. El ministro, por su parte, dijo que usó una “expresión coloquial”.

Obviamente, el episodio dividió al Senado, que a diferencia de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, ha apostado por convertirse en un espacio de moderación del debate político. Aun así, senadores de oposición se le acercaron a Elizalde a manifestarle que si bien no compartían su expresión, tampoco justificaban el estilo de conducción de Kast.

La semana legislativa de Elizalde partió con varias malas noticias para el Ejecutivo.

El lunes, al inicio de la sesión de la Cámara, la bancada de la UDI sorprendió al pedir que el proyecto de salario mínimo también se viera en la Comisión de Economía, para evaluar el impacto en las pequeñas y medianas empresas.

Al no haber acuerdo, la medida se aprobó debido a la ausencia de varios legisladores oficialistas que aún no llegaban a la sala.

La medida, solicitada por el diputado Juan Antonio Coloma, tenía un sencillo objetivo político: dilatar la tramitación del mensaje y bloquear la posibilidad de que el Presidente Boric anunciara el reajuste para el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Algunos legisladores opositores admitían con picardía que también era una forma de darle un “bautizo” a Elizalde.

Luego, en la discusión del proyecto que facilita la notificación a migrantes irregulares, se aprobaron dos indicaciones de los diputados Miguel Becker (RN) y Johannes Kaiser (republicano), que a juicio del Ejecutivo eran inconstitucionales, pues obligaban al Ministerio de Interior a expulsar a extranjeros. El problema es que ambas fueron aprobadas con votos oficialistas y fueron alegadas por el gobierno en forma tardía.

Este martes, en tanto, justo en momentos en que Elizalde estaba en el Senado, los diputados de derecha volvieron a hacerle la misma jugada reglamentaria para trasladar a la Comisión de Seguridad de la Cámara dos proyectos contra la delincuencia, aprovechándose nuevamente del retraso de los legisladores oficialistas. Esta maniobra ya se ha transformado en una acción habitual de la oposición para endurecer y apurar la discusión de iniciativas en materia de seguridad que complican y dividen a la alianza gubernamental.

Si bien esta seguidilla de reveses no eran responsabilidad directa de Elizalde, los episodios exponían con crudeza la falta de disciplina oficialista que impera en la Cámara, donde la derecha ha logrado construir una mayoría transitoria para imponer una agenda a contrapelo del Ejecutivo, lo que igualmente se traduce en un problema para la Secretaría General de la Presidencia.

Incluso, este martes, al término de la sesión, una confusión de la mesa que preside el diputado liberal Vlado Mirosevic coronó un mal día legislativo para el Ejecutivo, que ayer sólo pudo celebrar la prórroga de un nuevo estado de excepción.

El error se produjo cuando Mirosevic cerró la discusión del proyecto del gobierno que crea un seguro laboral para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedades graves. La derecha le reclamó que aún faltaba dirimir algunos numerales, cuya votación se había pedido por separado. Ello obligó a la secretaría de la Cámara a revisar los videos y admitir que efectivamente no se habían votado dos puntos del mensaje presidencial. El problema es que a esa hora ya varios diputados oficialistas habían salido de la sala. Incluso, algunos ya no estaban en el edificio del Congreso. Al reanudarse la discusión, la derecha rechazó esos artículos mutilando el texto del Ejecutivo en la parte que definía el procedimiento de licitación y operación del fondo que se constituiría por este nuevo seguro laboral.

Si bien en La Moneda admitieron que todas estas situaciones fueron ingratas, remarcan que no son episodios definitivos y que aún quedan instancias para revertirlos legislativamente.

En todo caso, después de las elecciones se avecinan dos pruebas importantes para Elizalde: las votaciones sobre el sexto retiro y también por el proyecto que penaliza la inmigración irregular. En ambas iniciativas, La Moneda apuesta a alinear al oficialismo para rechazar esas reformas en la Cámara.