El tribunal de crímenes de guerra para Ruanda identificó a los últimos fugitivos restantes acusados de genocidio, concluyendo su misión de 29 años de impartir justicia por la masacre de 1994 que cobró más de 800.000 vidas ruandesas. “Esta es una demostración tangible de que la comunidad internacional puede garantizar que se logre la rendición de cuentas, sin importar cuánto tiempo lleve”, dijo el fiscal de la corte, Serge Brammertz.

En 1994, la mayoría hutu del país exterminó a 800.000 tutsis en apenas 100 días. La matanza tuvo sus orígenes en los odios generados entre estos dos grupos durante el período colonial en Ruanda y sucedió ante la pasividad de la comunidad internacional, que cuando quiso reaccionar ya había sido menguado el 75% de la minoría tutsi. La masacre fue organizada con listas de opositores y armas distribuidas a milicias hutus, con una propaganda de odio difundida por la radio. En tres meses, tutsis y hutus moderados fueron brutalmente asesinados, explica la cadena Deutsche Welle.

Los dos últimos nombres eliminados de la lista de 92 acusados del tribunal fueron Charles Sikubwabo y un gerente de un restaurante, conocido solo como Ryandikayo. Ambos eran organizadores locales influyentes en la prefectura de Kibuye, en Ruanda, y líderes de las turbas de la milicia Interahamwe Hutu, responsable de la masacre de tutsis. Enfrentaban acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Este momento histórico se desarrolló sin dramatismo, no con una detención o la exhumación de un cadáver, sino a través de una videoconferencia el 30 de abril entre el fiscal Brammertz, y los dos líderes de su equipo de seguimiento de fugitivos, dedicados a resolver los casos pendientes dejados tras el genocidio, según explica el diario británico The Guardian. Durante esa conversación fue cuando los tres coincidieron en que finalmente habían reunido pruebas suficientes para satisfacer a la corte de que los dos últimos sospechosos habían muerto hacía mucho tiempo y yacían en tumbas anónimas en diferentes rincones de África Central.

Cerrar estos casos no solo marcó el fin del arduo trabajo del tribunal, sino también la culminación de un experimento más amplio en justicia internacional para atrocidades masivas que se remonta a la creación en 1993 del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). Dos años después, se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

Ambos tribunales, con mandatos del Consejo de Seguridad de la ONU, demostraron ser tenaces y exitosos más allá de las expectativas. El TPIY concluyó con 161 acusados en 2011.

A medida que finalizaban sus misiones, los tribunales se fusionaron en el “Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales” en 2010, para manejar audiencias pendientes y perseguir a los últimos fugitivos. La eficacia de estos tribunales alimentó el optimismo en los años 90 de que la impunidad por genocidio y otros crímenes masivos podría ser desafiada y erradicada, impulsando la entrada en función de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2002.

No obstante, la CPI ha enfrentado dificultades, al no contar con el respaldo de Estados Unidos, Rusia o China, y estar centrada principalmente en casos africanos. Ahora enfrenta una prueba crítica mientras sopesa cargos contra líderes israelíes y de Hamas en medio de la guerra de Gaza.

Después de ser nombrado fiscal del mecanismo residual en 2016, Brammertz incorporó a miembros clave del equipo que rastreó a criminales de guerra serbobosnios, como Radovan Karadžić y Ratko Mladić, para enfocarse en los últimos ocho sospechosos ruandeses. Descartaron una red de informantes que proporcionaban pistas falsas y reconstruyeron los archivos desde cero, profundizando en entrevistas a testigos y datos abiertos.

“Desde el momento en que sus pies abandonaron la frontera con Ruanda en 1994, todo se trata de explotar las fuentes, investigar y entrevistar a los testigos hasta llegar a la última pieza del rompecabezas”, dijo Ewan Brown, un exoficial del Ejército británico que es codirector del equipo de seguimiento.

El equipo de seguimiento se centró en Sikubwabo y Ryandikayo, porque eran objetivos secundarios de la maquinaria genocida de 1994 y sus rastros se habían enfriado. Antes habían priorizado a líderes como Protais Mpiranya, exjefe de la guardia presidencial, cuya tumba se halló en Zimbabwe en 2022, y a sospechosos aún vivos como Fulgence Kayishema, arrestado en 2023 en Sudáfrica.

Sikubwabo y Ryandikayo, inicialmente figuras provinciales, se convirtieron en “árbitros de la vida y la muerte” durante el genocidio. Sikubwabo ayudó a orquestar la masacre en la iglesia adventista de Mugonero, donde murieron alrededor de 12.000 personas. Ryandikayo participó en muchas de las masacres, incluyendo el asesinato de una niña tutsi de 12 años, Mukanyemera, con un garrote y un machete.

Ambos huyeron al Zaire (hoy República Democrática del Congo) tras el genocidio. Sikubwabo llegó a Chad en 1997 y Ryandikayo a Kinshasa, falleciendo ambos en los 90. Sus muertes se confirmaron por entrevistas detalladas y relatos de testigos. Una última entrevista en abril corroboró la muerte de Sikubwabo, llevando a cerrar los casos en la videollamada del 30 de abril entre Brammertz y los líderes del equipo de seguimiento, Brown y Kevin Hughes.

“Mucha gente nunca creyó que algo como esto fuera posible: las investigaciones, los procesamientos y la búsqueda de los fugitivos”, dijo Hughes. “Espero que la gente salga de esta experiencia sabiendo que todo esto es muy posible cuando se reúne un buen grupo brillante de personas dedicadas, incluso un pequeño equipo. Es sorprendente lo que la gente puede hacer”.

Las investigaciones y la persecución de fugitivos no van a parar con el cierre de este caso. Aún se buscan mil sospechosos de menor nivel por las autoridades ruandesas. En la videollamada del 30 de abril, Brammertz, Brown y Hughes discutieron cómo ayudar al fiscal general de Ruanda a localizar a estos criminales. “Después de algunas semanas de investigación ya encontramos indicios de que pudimos localizar a varias personas que se esconden bajo identidades falsas en terceros países, y ya hemos comenzado a acercarnos a estos terceros países”, dijo Brammertz. “Aún queda trabajo por hacer”, añadió.