Gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, enfrenta nueva denuncia: trabajadores del GORE la acusan de pedirles dinero

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La acción fue interpuesta en la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría Regional por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI).


La gobernadora de la región de Coquimbo, Krist Naranjo, enfrenta una nueva denuncia, esta vez por el delito de extorsión, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría Regional.

La acción fue interpuesta por el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y se acusa a Naranjo de pedir dinero a sus funcionarios de confianza, práctica que se habría repetido mes a mes. Y a raíz de esto, trabajadores del Gobierno Regional (GORE) protestaron este viernes en la sede del organismo, portando una pancarta que decía “Fuera gobernadora!!! #Por los trabajadores”.

De acuerdo a testimonios recogidos por el diario El Día, la situación se transformó en una presión constante para su equipo de confianza, quienes debían aportar dinero de su sueldo base o bonos, especialmente aquellos beneficiados con la Función Crítica. “No solicitaba los dineros directamente, sino que lo hacía con terceros de confianza”.

Y añaden: “Si no pagas, te amenaza con despedirte. Según dice, esa plata la ocupa en su campaña”.

Naranjo habría designado como “recaudadora” a una funcionaria de confianza, quien recolectaría los dineros por mano, para luego entregárselo en efectivo a la gobernadora. Esto se realizaría tanto en la casa fiscal que utiliza, como en la oficina del GORE.

Este viernes, Krist Naranjo señaló a Mi Radio que la denuncia se trataba de un “montaje político” y que aún no decide si irá a la reelección: “Tengo mi conciencia tranquila, creo que esto es un montaje político y no sé todavía (si voy a la reelección). Todavía no estamos a tiempo y en este minuto estamos trabajando”, señaló.

Naranjo ya enfrentó una denuncia por ordenar a los conductores del vehículo fiscal realizar traslados que no están relacionadas con funciones y fines institucionales.

Tras la investigación, la Contraloría notificó en agosto del año pasado a la gobernadora de Coquimbo de la suspensión de su cargo por tres meses y el goce del 50% de su sueldo por el mismo período tras el fin de la investigación sumaria que acreditó que en 2021 y 2022, Naranjo ordenó a los conductores realizar traslados que no están relacionadas con funciones y fines institucionales, entre ellos llevarla de compras a un mall, a supermercados y al colegio donde le tocaba votar.

Asimismo, se acreditó que la gobernadora permitió que su hijo utilizara el vehículo para que fuera trasladado por un conductor a distintos lugares de la región.

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