La advertencia del gobierno en la comisión mixta de isapres: “Se va a cumplir el fallo, la diferencia es con o sin ley”

Este jueves se constituyó la instancia que busca destrabar los nudos que se han generado en la discusión de la ley corta que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema sobre los cobros en exceso y la restitución de estos fondos a los afiliados. Y, si bien la sesión de ayer vería aspectos formales, terminó dando cuenta de lo difícil que será llegar a acuerdos. Si es que los hay.


Ayer se constituyó la comisión mixta que buscará humo blanco en la tramitación de la ley corta de isapres, luego de los desacuerdos que se han producido en los trámites anteriores en el Senado y en la Cámara. Y el inicio no fue del todo halagüeño para el futuro de la normativa, toda vez que durante la casi hora que duró la sesión, legisladores y representantes del gobierno –ministros Álvaro Elizalde (Segpres) y Ximena Aguilera (Salud)- no lograron ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo seguir la discusión.

Y es que, si bien este jueves sólo se verían los aspectos formales, lo cierto es que apenas se logró definir que la comisión sesionará viernes y lunes, con versiones de lado y lado sobre qué tratar en esas citas, y cómo abordarlas.

“Entendemos que las instrucciones del superintendente (Víctor Torres) para cumplir el fallo tienen que estar dictadas antes del vencimiento del plazo, con las normas que estén vigentes, o si no, podría alguien alegar que hay desacato de parte de la autoridad”, señaló al inicio de la instancia el ministro Elizalde, quien insistió una y otra vez que la postura del gobierno es acatar el fallo el 12 de mayo.

No va a haber desacato, se va a cumplir el fallo, la diferencia es si se cumple con o sin ley. Esa es toda la diferencia. El gobierno presentó en su momento un mensaje para determinar condiciones para el cumplimiento del fallo con un estándar que permitiera el seguro privado de salud no cayera en insolvencia y no se generara daño para afiliados. Las instrucciones del superintendente van a ser dictadas, la diferencia es si hay un marco jurídico nuevo”, se extendió en un momento de la discusión.

El secretario de Estado salía así al paso de distintas peticiones que algunos de los parlamentarios habían hecho previamente. El senador Juan Luis Castro (PS), por ejemplo, había dicho que “lo que nos va a medir el país es el resultado de esta ley, no la cantidad de horas que tuvimos en cada Cámara”. También propuso pedir ocho días más de plazo para despachar el proyecto “en aras de llegar a un acuerdo razonable”.

El senador Javier Macaya (UDI), en tanto, señaló a su vez que “si alguien supone o piensa que se puede hacer este trabajo en tres días, por lo menos en mis 13 años de parlamentario no lo he visto nunca, teniendo en cuenta la complejidad de la materia. Ponerse la soga al cuello por un plazo cuyo único gatillante es la Suprema…”.

Asimismo, el senador Francisco Chahuán (RN) había dicho que “la única manera de resolver ese plazo es con una nueva solicitud de prórroga o al menos con un ‘ténganse presente’ (…) la pregunta correcta es si la Superintendencia de Salud -ellos son quienes debiesen solicitarla- están disponibles o no para los efectos de modificar los plazos del 12 de mayo. La Suprema deberá resolver”, reconociendo que no cumplirlo efectivamente podría generar una situación de desacato, el que dijo podría afectar a uno o más poderes del Estado. A pesar de esto, fue tajante al expresar que “nuestros votos no van a estar para una mala solución”.

Y mientras la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) se cuadró con la postura del Ejecutivo y aseguró que se trabajó “sabiendo este plazo”, su par, el diputado Andrés Celis (RN), atizó al gobierno a resolver las dudas sobre si solicitarían una prórroga, si presentará indicaciones o informes financieros, antes de fijar el cronograma de trabajo.

Al final, todo se reducía a eso: los parlamentarios, en general, le recriminaron al gobierno que no podía pedir premura sin antes entregar el detalle de las indicaciones o los números sobre la situación de las isapres.

“No hay algo con qué trabajar. A mí me da lo mismo que haya o no desacato. Tendrá que hacerse cargo el superintendente. Necesitamos conocer el contenido de las indicaciones no mañana, ojalá hoy (jueves) y entender de qué manera quieren solucionar las diferencias que existen. A lo imposible ni este presidente ni esta comisión están obligados”, dijo al respecto Macaya.

A pesar de todo, Elizalde aseguró que el Ejecutivo cree que están las condiciones de que las controversias entre las cámaras se resuelvan de aquí al martes en la mañana, presentando como posible cronograma sesionar híbridamente viernes y el lunes, que la comisión vote el lunes en la tarde o el martes en la mañana, para que ese día también lo haga el Senado y el miércoles la Cámara. “Pareciera que queremos seguir dilatando y lo que necesitamos es definiciones”, añadió, sin especificar nunca cuándo el gobierno ingresará las indicaciones, cosa que pedían, sobre todo los senadores.

No podemos jugar a las escondidas”, le retrucó casi al cierre el senador Castro a la ministra Aguilera.

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