Luis Thayer por indicación del Congreso que restringe a Migraciones regularizar a extranjeros irregulares: “Es un punto político”

Luis Thayer por indicación del Congreso que restringe a Migraciones regularizar a extranjeros irregulares: “Es un punto político”. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

Ayer el Senado aprobó una indicación que establece que no se podrá emplear recursos para regularizar a extranjeros que hayan ingresado al país por pasos no habilitados. Para el director del Servicio Nacional de Migraciones, la iniciativa tiene un "efecto práctico poco relevante".


El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, se refirió a la polémica indicación que ratificó ayer el Senado en el proyecto de Presupuesto 2024 del Ministerio del Interior en materia de migración. La norma, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, impide que el organismo que dirige Thayer pueda “regularizar a extranjeros que hubieren ingresado clandestinamente al territorio nacional o cuyo ingreso no conste a la autoridad migratoria”.

Sin embargo, a juicio del director Migraciones la indicación aprobada por el Congreso “tiene un efecto práctico poco relevante” para la implementación de la ley de política migratoria, a cargo del Ministerio del Interior y que hoy está en el trámite de toma de razón en Contraloría.

En ese sentido, Thayer aseguró -en conversación con Radio Universo- que la iniciativa de los legisladores de oposición es más bien un “punto político”.

“En uno de los ítems del presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones, que es el ítem de un programa que está destinado a resolver las solicitudes de residencia, una persona cuando presenta sus papeles de antecedentes, contrato de trabajo, pasaporte, identidad, etcétera; es analizada en el Servicio. Ahí nosotros tenemos un programa, que son analistas, quienes resuelven estas solicitudes”, partió explicando Thayer.

En ese sentido, lo que ratificó ayer el Senado es una indicación que establece que en esa glosa determinada no se pueda emplear recursos para regularizar a extranjeros que hayan ingresado al país por pasos no habilitados.

“Desde nuestro punto de vista, es que la indicación tiene un efecto práctico poco relevante para efectos de la facultad que tiene el subsecretario, para crear un mecanismo de regularización -eso está en la ley de Migración- y para que el Servicio pueda implementarlo. La Ley de Extranjería y Migración establece esa facultad del subsecretario para declarar un mecanismo y del Servicio para implementarlo. Eso está en la ley de Migración, y esa facultad se mantiene independiente de que en el Congreso se haya aprobado que en el presupuesto vigente del Servicio -en esa glosa específica- no se puedan utilizar recursos para mecanismos de regularización. Aquí hay más un punto político”, acusó Thayer.

El director, además, precisó que hasta ahora no existe la definición desde Interior de iniciar un proceso de regularización a personas que ingresaron a Chile de forma clandestina, como el proceso que impulsó el gobierno de Sebastián Piñera en 2018.

“Si es que se tomara la decisión de implementar un mecanismo de regularización a personas que ingresaron de forma irregular, esta indicación no afecta ni esa facultad, ni afecta la posibilidad de destinar recursos de otras partidas para implementarlas”, apuntó.

“No se ha regularizado a personas que han ingresado de forma irregular al país, no se ha tomado esa definición, no se ha hecho hasta ahora, es una definición política que se tomará en su momento evaluando los criterios que están definidos en la política. Aquí el 2018 hubo un proceso de regularización donde no se pidió ninguna condición a personas que ingresaron de forma irregular”, recordó.

El trámite de la indicación

Luego de su aprobación en la Cámara, el Ejecutivo había ingresado una propuesta para eliminar dicha indicación. Sin embargo, eso fue descartado por los senadores durante esta jornada, con 21 votos en contra y 18 a favor, prevaleciendo lo despachado por los parlamentarios.

La iniciativa que prevaleció en el Senado fue impulsada por los diputados de Renovación Nacional Diego Schalper, José Miguel Castro y Andrés Longton.

“Se aprobó en el Senado la indicación que propusimos acá en la Cámara para que no se regularice (a extranjeros que ingresaron irregularmente al país) y que el gobierno de esta manera pueda comprender que la migración cuando es regular es bienvenida, pero cuando cruza nuestras fronteras de manera ilegal y le produce tanto daño a nuestro país -como hemos visto a propósito del sicariato, crimen organizado, narcotráfico y delitos tan violentos que se han importado- el gobierno tiene la obligación de expulsar”, señaló el diputado Longton.

El parlamentario agregó que la ratificación de la iniciativa en el Senado “derriba la postura del gobierno que estaba en su programa, que solamente hablaba de regularizar a quienes ingresan irregularmente al país”.

“Ese ‘efecto llamada’ que invitaba a los migrantes a venir irregularmente a nuestro país porque los iban a regularizar, se acabó con esta indicación. Esto obliga al gobierno a activarse para poder ejecutar de manera más eficiente las expulsiones que, hasta ahora, no ha tenido ánimo de realizar”, subrayó.

Monsalve: “Esa indicación es absolutamente innecesaria”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó la ratificación de la iniciativa parlamentaria e indicó que “las normas para cualquier regularización están contenidas en la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), para esto no es necesario una indicación a la Ley de Presupuestos”.

“Quiero insistir en que hoy día está en toma de razón de Contraloría la PNME, que es una política bastante restrictiva en esta materia, y cuando hay política, hay presupuesto. Por lo tanto, cuando se requiere llevar adelante una política, si es que el gobierno decidiera hacerlo, tiene la partida para complementar presupuesto”, esgrimió.

En ese sentido, la autoridad aseveró que “esa indicación es absolutamente innecesaria”.

Pero además de la explicación de Monsalve -quien deslizó que pueden sacar financiamiento de otros programas, capítulos y partidas del Presupuesto-, el gobierno todavía tiene como alternativas presentar un veto o acudir al Tribunal Constitucional (TC).

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