Senado aprueba proyecto de nueva ley antiterrorista

Desde las 16.00 horas de este miércoles, la sala del Senado sesionó para revisar el proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad, reemplazando la norma vigente en la materia que data de 1984.

Las normas generales y de las cuales no se solicitaron una votación separada, fueron respaldadas por 41 senadores, por lo que fueron aprobadas y despachadas a la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional, lo que dio paso a la votación de la renovación de indicaciones y votaciones separadas.

Por ejemplo, las votaciones separadas fueron tendientes al artículo 18, para poder mover de jurisdicción los casos investigados. Se mantuvo por 32 votos, 3 en contra y una abstención.

También se procedió a renovar una indicación que pretendía intercalar los incisos respecto a la utilización y facilitación de insumos a menores de 18 años y, que fija una pena de presidio menor en su grado medio para quien los contacte. Esta se mantuvo por 28 votos a favor.

En las votaciones separadas -solicitadas por los senadores PC Pascual y Núñez- del artículo 4 respecto al “lobo solitario” a quienes se impondrá el grado máximo de la pena prevista. Por 30 votos a favor, 4 en contra y una abstención, se mantuvo el texto despachado desde la comisión ad hoc.

Lo mismo se buscaba en el artículo 12 (antes 13), el cual plantea medidas de investigación intrusivas en una zona geográfica, la cual se mantuvo por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, por lo cual fueron despachadas a la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional.

Respecto a este artículo, la senadora Pascual, además, hizo reserva de constitucionalidad.

El texto había sido aprobado en las comisiones de Seguridad y Constitución. El senador del Partido Socialista José Miguel Insulza rindió cuenta del informe de esa última instancia.

Se trata de una de las iniciativas respecto a seguridad cuyo trámite el Congreso acordó acelerar ante el crimen de los tres carabineros que fueron emboscados, baleados y quemados en Cañete, Región del Biobío, el sábado 27 de abril.

La propuesta apunta a conseguir una persecución penal eficaz e incluso anticipada del terrorismo y habilita el uso de las técnicas especiales de investigación asociadas a la nueva norma contra el crimen organizado para perseguir los delitos terroristas.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y, la subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, estuvieron presentes en la sesión. Se sumó también la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Matías Walker, vicepresidente del Senado dirigió la sesión luego que el presidente, José García Ruminot, indicara que estaba aquejando por una gripe que le impedía hacerlo él.

Tras la deliberación correspondiente, el proyecto fue aprobado por los senadores y avanzó a su segundo trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

La enmienda requería de 24 votos favorables para su aprobación por corresponder a una norma de rango orgánico constitucional.

“Aprobamos la reforma a la ley que sanciona conductas terroristas y lo hicimos con una gran mayoría, independientemente de los resultados de las votaciones, que en definitiva hay una gran mayoría de acuerdo en el texto aprobado, primero, en la Comisión de Seguridad y después en la de Constitución. Hoy va a ser más fácil sancionar conductas terroristas, porque la actual ley con las modificaciones introducidas en 2010, apelaban a un elemento subjetivo”, sostuvo el vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Walker, quien dirigió el debate.

Desde el gobierno, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, comprometió una rápida discusión en la Cámara Baja. Respecto a la ley, la secretaria de Estado resaltó que “fue despachada con un amplio acuerdo de oficialismo y oposición, de todo el espectro político”.

“Es una propuesta de ley democrática, moderna y que incorpora las mejores prácticas a nivel internacional y que se hace cargo de la realidad chilena, de la experiencia que hemos tenido en Chile, de los desafíos que hemos tenido en la materia”, sostuvo la autoridad.

En el debate intervino el senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, manifestando su “preocupación” por haber recibido el texto un par de horas antes de la votación. El legislador dijo que una modificación de 2010 provocó que la ley quedara sin aplicación durante casi 15 años. “Hicimos las cosas mal, a la rápida, a matacaballo porque hubo un hecho político y ese proyecto salió mal”, expresó, advirtiendo que se debe evitar un resultado similar. “Yo no estoy disponible para un contrato de adhesión”, dijo.

Luego, fue el turno de Daniel Núñez (PC), quien afirmó que “quiero señalar que estamos conscientes de que Chile requiere actualizar esta legislación. No nos gusta, pero en Chile ocurren cosas que pueden tener connotación terrorista y se requiere tener una legislación más eficaz”.

Asimismo, pidió claridad para la definición de la acción terrorista, por lo que solicitó al Ejecutivo su corrección en el artículo 2 y también a las medidas intrusivas de la investigación, establecidas en el artículo 13. (antes 12). “¿Por qué el Ejecutivo no nos ha propuesto una indicación más clara en ese sentido?”, preguntó Núñez.

“No generemos la posibilidad de que ciudadanos que son absolutamente inocentes, que no tienen nada que ver con ningún hecho terrorista, con ninguna organización, queden sujetos a una violación de todos los aspectos de su intimidad”, planteó el senador.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) sostuvo que estaba “a favor de actualizar o de cambiar una ley que fue creada en dictadura el año 1984, o sea que no tiene legitimidad democrática, en otro contexto donde se entendía la persecución a opositores, donde el estado con sus agentes cometió actos terroristas en territorio nacional y extranjero″.

Asimismo, catalogó de “estéril” las modificaciones realizadas a la legislación en 2010.

“Tengo algunas dudas con el artículo 12, ahora 13, respecto a las nuevas técnicas especiales de investigación sobre interceptación de equipos electrónicos… que habilita a intervenir equipos electrónicos en una zona geográfica determinada que podría ser demasiado amplia”, dijo Latorre, respaldando el planteamiento del senador PC Daniel Núñez, por lo que también solicitó nuevas indicaciones al Ejecutivo.

Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es que se refiere a la asociación terrorista y establece penas en tales casos. De este modo, quien sea parte de una asociación terrorista será sancionado con presidio mayor en su grado mínimo, es decir desde 5 años y 1 día a 10 años.

En tanto, se señala que las penas serán de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (de 5 años y un día a 15 años) para quien reclute nuevos miembros o entregue entrenamiento militar, de combate o en el uso de armamento o de artefactos explosivos; y de presidio mayor en su grado medio (10 años y un día a 15 años) para quien cumpla funciones de jefatura o ejerza mando en la asociación.

La propuesta incorpora también la figura del “lobo solitario”, en el entendido que algunos atentados como el caso del envío de bombas a exautoridades fueron cometidos por personas que corresponden a esa figura.

El proyecto considera también una disposición que aumenta las sanciones para los funcionarios públicos que, en el desempeño de su cargo, cometa cualquiera de los delitos contemplados en la ley.

Igualmente, presenta una norma que permite al Ministerio Público solicitar el traslado de las causas, previa autorización del pleno de la Corte Suprema cuando existan casos de especial complejidad o alarma pública.

La ministra Carolina Tohá destacó que en Chile por años rigió en esta materia una ley “heredada de la dictadura que tenía amplios cuestionamientos, vicios de legitimidad y además una serie de problemas técnicos que hacían pensar que era una legislación muy agresiva desde el punto de vista de las garantías de las personas”.

“Esa legislación se modificó efectivamente en medio de una coyuntura con una huelga de hambre en desarrollo para salir del paso de la huelga de hambre y quedó una ley inaplicable. En la práctica cada vez que se la busca aplicar lo que se obtiene es que los procesos no avanzan a ninguna parte, no se obtienen ni siquiera formalizaciones, ya ni hablar condenas. En la práctica desde el 90 hasta el 2024 Chile ha estado sin ley antiterrorista. Entonces es muy difícil explicar que nos ha faltado tiempo. Este proyecto no es un proyecto que surgió al calor de un incidente”, afirmó.

Tohá insistió en ese punto, haciendo hincapié en que el Ejecutivo entiende “lo delicada que es esta legislación”.

“Acelerar la fase final de votación en el primer trámite nos deja todavía mucho espacio para los temas que puedan quedar pendientes y que se pueden perfeccionar”, comentó.

Antes de que se iniciara el debate sobre el proyecto, el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez manifestó su molestia por el acuerdo de comités parlamentarios que fijó los proyectos priorizados incluyendo una moción de amnistía para uniformados formalizados o condenados por delitos en el estallido social.

También cuestionaron esa decisión el senador Juan Ignacio Latorre (RD) y la senadora Yasna Provoste (DC).

Núñez señaló, dirigiéndose a José García Ruminot, que los comités fueron citados por lo ocurrido en Cañete.

“Usted nos citó, en mi opinión correctamente, dada la conmoción que todos y todas tenemos por lo ocurrido en la provincia de Arauco y que esa conmoción sigue. Y lo que entendimos de esa sesión es que vamos a discutir de qué manera aprobar proyectos de ley, haciendo un gran esfuerzo legislativo, que no es fácil porque hay proyectos complejos, que tuvieran relación directa con poder combatir las situaciones que generaron el terrible crimen de los carabineros”, planteó el senador PC.

Núñez dijo que a su parecer era “incorrecto que se haya utilizado este dolor, esta conmoción nacional para instalar y adelantar la legislación de un proyecto de ley de amnistía que justamente está generando impunidad en crímenes que son también tan terribles como las violaciones a los derechos humanos”.