La columna de Javier Vega: “Bullying regulatorio”

Hace algunas décadas el bullying estaba más extendido de lo que quisiéramos. En muchos cursos había un matón que se enseñaba con una víctima de turno, generalmente con alguno de los buenos alumnos de la clase.

Me acordé de esta realidad a propósito de la discusión regulatoria en nuestro país. Un empresario del comercio tiene que ser extremadamente riguroso en el pago de sus impuestos, en cumplir los derechos de los consumidores y una serie de otras regulaciones, mientras justo al frente de su negocio, el comercio informal campea. Al frente -instalados en vistosos toldos azules- no hay fiscalización alguna en materia tributaria, sanitaria ni menos se protegen los derechos de los consumidores. Es la competencia desleal en su máxima expresión aceptada tácitamente.

Pero las reformas avanzan para exigirles más a los formales. Por ejemplo, en el pacto fiscal se busca dotar con mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos (SII) y aumentar los impuestos. En el primer caso, el perfeccionamiento de la norma antielusión permitirá al SII tener más facultades para perseguir a aquellos contribuyentes que realizan “planificaciones tributarias agresivas” y, eventualmente, sancionarlos. Mientras los informales mueven millones de pesos en Chile a vista y paciencia de todos, sin pagar tributo alguno -en la práctica la más agresivas de las planificaciones-, el SII enfoca todos sus esfuerzos en detectar posibles focos de elusión. ¿Se acepta la evasión flagrante mientras se combate con fuerza la elusión?

La reforma del impuesto a la renta busca, por su parte, elevar los tributos a los contribuyentes con mayores ingresos. Es sorprendente constatar que hoy pagan impuesto a la renta solo el 25% de las personas naturales -porque el resto de los “contribuyentes” está exento- y son precisamente las que pagan las que, en términos relativos, menos reciben las contraprestaciones del Estado. Es a estos contribuyentes a los que se quiere seguir cargando la mano con mayor carga tributaria.

Con el proyecto que busca dotar al Sernac de la facultad sancionatoria pasa algo parecido. Un funcionario público estará fiscalizando celosamente a empresas formales para velar por el cumplimiento de la ley del consumidor, mientras en su camino encontrará a cientos de mini locales informales -a los que no presta atención, porque están fuera de su “perímetro regulatorio”- que transgreden persistentemente todos los derechos de los consumidores. De aprobarse el proyecto, el Sernac será juez y parte, con capacidad de sancionar empresas formales.

Al final, quien emprende formalmente en Chile paga impuestos altos, es duramente fiscalizado, los permisos que obtiene tienen baja certeza jurídica y es objeto de permanente sospecha. Además, las autoridades le exigen que pague mejor, como si las remuneraciones fueran fijadas en base al voluntarismo y no al mercado.

Hace pocos días grandes empresas locales anunciaron millonarios planes de inversión fuera de Chile. Es que eso pasa con el bullying. El buen alumno se termina cansando de las burlas y las pesadeces, hasta que llega el día en que se cambia de colegio.

*El autor de la columna es socio de Mirada Externa