McKinsey, bajo investigación penal por asesoramiento relacionado con los opioides

El Departamento de Justicia está llevando a cabo una investigación penal sobre la consultora McKinsey en relación con su pasado papel en el asesoramiento a algunos de los mayores fabricantes de opioides del país sobre cómo aumentar las ventas.

Los fiscales federales también están investigando si McKinsey o alguno de sus empleados puede haber obstruido la justicia en relación con los registros de sus servicios de consultoría para los productores de opioides, según personas familiarizadas con la investigación, que ha estado en curso durante varios años.

Se ha constituido un gran jurado en Virginia como parte de la investigación federal sobre la consultoría de McKinsey relacionada con los opioides, dijeron algunas de las personas. Las oficinas del fiscal federal en el Distrito Occidental de Virginia y el Distrito de Massachusetts están llevando a cabo conjuntamente la investigación, dijeron las personas.

McKinsey se rehusó a hacer comentarios.

La investigación penal se centra en el asesoramiento que McKinsey prestó a clientes del sector farmacéutico, como Purdue, Endo International y Mallinckrodt, que ya había provocado litigios civiles masivos contra la empresa. Demandantes gubernamentales y privados presentaron cientos de demandas civiles en los últimos años acusando a la consultora de exacerbar la adicción a los opioides, una acusación que McKinsey ha negado.

En 2021, McKinsey llegó a un acuerdo con los 50 estados, cinco territorios de EE.UU. y Washington, D.C., para pagar US$ 642 millones para resolver los litigios civiles relacionados con los opioides contra la empresa, sin admitir infracción alguna. En 2023, la empresa llegó a acuerdos por separado por un total de US$ 347 millones con tribus nativas americanas, distritos escolares públicos, compañías de seguros y gobiernos municipales, también sin admitir irregularidades.

En el acuerdo con los fiscales generales de los estados, McKinsey declaró que “para lograr la firmeza y evitar el costo y el riesgo inherentes a los litigios en todo el país, McKinsey optó por formar parte de la solución a una compleja crisis de salud pública”, contribuyendo a los esfuerzos para reducir el consumo de opioides sin admitir su responsabilidad.

Los antiguos clientes de McKinsey, Purdue, Endo y Mallinckrodt, se declararon en bancarrota bajo el Capítulo 11 mientras se enfrentaban a demandas masivas alegando que vendían medicamentos mediante prácticas de marketing engañosas y alimentaban la adicción. McKinsey ayudó a Purdue, el fabricante del analgésico OxyContin, a desarrollar una iniciativa para impulsar las ventas y el marketing de medicamentos, según los registros publicados después de que Purdue se declarara en bancarrota en 2019.

Los consultores de McKinsey asesoraron a la compañía sobre cómo aumentar las ventas de su medicamento estrella, incluida la sugerencia de que el equipo de ventas de Purdue hiciera más llamadas a los proveedores de atención médica que sabía que prescribían altos volúmenes de recetas de OxyContin y pasaran menos tiempo con los médicos que prescribían menos el medicamento opioide, mostraron los registros.

En agosto de 2013, los consultores de la firma enviaron un memorando a los ejecutivos de Purdue con 20 recomendaciones que, según ellos, aumentarían las ventas de OxyContin en más de US$ 100 millones anuales. McKinsey aconsejó a Purdue que había una “oportunidad significativa” para cambiar las llamadas de ventas a los prescriptores de mayor volumen, que como grupo prescribieron 25 veces más recetas de OxyContin en promedio que sus compañeros, según el memorando, incluido en los registros judiciales no sellados.

McKinsey dijo anteriormente que dejó de trabajar en negocios específicos de opioides en 2019 y que su trabajo para Purdue tenía como objetivo apoyar el uso legal de opioides y pacientes con necesidades médicas legítimas.

McKinsey también asesoró a Purdue y Endo sobre cómo dirigirse al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de Estados Unidos para la venta de sus productos, según los documentos hechos públicos a través de los acuerdos de la firma con los gobiernos estatales y locales. Este trabajo de asesoramiento se produjo mientras McKinsey trabajaba simultáneamente como consultor para el propio VA. McKinsey ha dicho que asesoró al VA en asuntos no relacionados con la adquisición de opioides.

Las empresas farmacéuticas empezaron a comercializar opioides como analgésicos seguros en la década de 1990, lo que llevó a muchos médicos a recetar las pastillas para todo tipo de lesiones y dolencias. Se cree que el volumen de pastillas de Purdue Pharma y otros fabricantes que inundó Estados Unidos contribuyó a la epidemia de opioides. Casi 645.000 personas murieron por sobredosis de opioides entre 1999 y 2021, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La fiscalía federal del Distrito Oeste de Virginia procesó con éxito a Purdue y a varios de sus ejecutivos en 2007, cuando la empresa se declaró culpable de un delito grave de uso indebido de la marca OxyContin con la intención de defraudar o engañar. Purdue se declaró culpable por separado en 2020 de tres delitos federales relacionados con la comercialización y distribución de OxyContin.

En 2021, Endo comentó que recibió una citación de la misma oficina del fiscal de los Estados Unidos el año anterior, en busca de documentos relacionados con McKinsey. Endo recibió una citación relacionada en 2021, señaló la compañía en una presentación de valores, sin revelar más detalles.

Endo llegó a una resolución penal a principios de este año en la que se declaró culpable de un delito menor por introducir medicamentos de marca falsa en el comercio interestatal. Junto con la declaración de culpabilidad penal, Endo llegó a un acuerdo de quiebra por el que se comprometía a pagar US$ 465 millones al gobierno en un plazo de 10 años para liquidar sus reclamaciones monetarias derivadas de los acuerdos penales y civiles.

Mallinckrodt, otro de los antiguos clientes de McKinsey, reveló el año pasado que se enfrentaba a una citación del gran jurado por parte de la oficina del fiscal del distrito occidental de Virginia, en busca de datos e información sobre la notificación por parte de la empresa de pedidos de sustancias controladas sospechosos.