Desde hace casi cuatro meses que la Defensoría Penal Pública (DPP) y Carabineros firmaron un convenio de trabajo que permite a los abogados defensores estar presentes en las comisarías en los horarios donde hay mayor cantidad de detenidos.

Tras el estallido social de octubre de 2019 fueron varios los organismos internacionales de derechos humanos que elaboraron informes con su visión de los hechos ocurridos en Chile y cuestionaron el trato de las policías. Fue ahí entonces donde surgió la idea de que la DPP estuviera presente en las primeras horas de la detención de ciudadanos.

El diagnóstico de esta situación estuvo a cargo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, dada la cantidad de detenidos por desórdenes públicos y las críticas hacia el manejo de la policía ante los protocolos.

La iniciativa llamada “Defensa de imputados en primeras horas de detención” pretende realizarse por seis meses y se desarrolla en cinco regiones del país: Antofagasta, O’Higgins, el Maule y Los Ríos, en tanto, en la Región Metropolitana está presente en las comunas de Santiago, San Joaquín, La Florida y San Bernardo.

Sobre la posibilidad de expandir el proyecto a todo el país, esta es una idea que estará sujeta a la evolución y los resultados que tenga el programa. “De esta forma podremos cuantificar e identificar cuál es el costo y los recursos que requiere la institución para poder ampliar la cobertura de este modelo”, dice el defensor nacional (s) Marco Montero.

La autoridad explicó que de esta forma se busca responder a la brecha estructural del sistema de justicia criminal que no contemplaba, hasta ahora, la defensa jurídica de las personas detenidas en las unidades policiales. “El proyecto busca fortalecer el acceso a la justicia de las personas detenidas y garantizar, de manera más efectiva, sus derechos”, agrega Montero.

Sobre el programa, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dice que esto es parte de la “reforma que se está haciendo a Carabineros, la que debe ser de forma ordenada e integrada y con una mirada sistémica de lo que es el sistema de justicia penal”.

Al menos 50 abogados colaboran en este proyecto a nivel nacional, y hasta la fecha 1.200 personas han sido entrevistadas bajo este modelo. Hay que precisar que no todos los imputados pasan a la audiencia de control de detención, porque algunos quedan en libertad. Esto, en gran medida depende de lo que indique el fiscal.

Una de las situaciones que se quiso mejorar, en medio del estudio previo a la puesta en marcha del proyecto, fue que el contacto entre defensor e imputado estaba siendo al día siguiente de que fuese detenido, incluso, pocas horas antes de la audiencia.

El jefe del Departamento de DD.HH. de la Defensoría Penal Pública, Tomás Pascual, explica que “los defensores no están de punto fijo, pero sí concurren todos los días a las unidades policiales a entrevistarse con las personas detenidas que ahí se encuentren”.

Pascual agregó que con los resultados preliminares aún no se puede identificar cuál será el costo monetario de extender el programa “Defensa de imputados en primeras horas de detención”.

“El inicio del estallido social derivó en tener todos los días, en promedio, 80 detenidos por desórdenes públicos. A eso se sumaban las críticas que se hacía a los funcionarios por los procesos y protocolos de detención (…) Eran jornadas agotadoras, ya que implicaba verificar que todo se hiciera de forma correcta y, muchas veces, lidiar con la adrenalina de los funcionarios”, relata el capitán de la 3° comisaría de Santiago, Cristián Gutiérrez.

En ese recinto se distingue un gimnasio que fue habilitado para recibir, registrar y custodiar a detenidos y detenidas, los que son divididos en cuatro calabozos. En dichos espacios los imputados son entrevistados por un profesional de la DPP.

El abogado Pablo Rojas participa del piloto. El profesional cuenta que llega de lunes a vienes -a eso de las 18:00 horas- hasta la comisaría ubicada en el pasaje Elías Fernández Albano. En promedio entrevista a siete imputados y de ellos solo algunos pasan a control de detención la mañana siguiente. La mayoría de sus representados son hombres, entre 25 y 45 años, y están allí por delitos de robo. “Cuando hay movimiento por la contingencia, ahí es por desórdenes públicos”, precisó Rojas.

Las entrevistas se hacen con todos los detenidos en el mismo calabozo, manteniendo un proceso de turnos. El capitán Gutiérrez lamenta que no haya un espacio habilitado para este procedimiento: “Las comisarías no tienen un espacio pensado para este proceso y no hay privacidad. Es ahí cuando se nota la falta de recursos estructurales que tienen las estaciones”.

Tanto el jefe de la 3° Comisaría de Santiago como el abogado concluyen que el trabajo en conjunto y en el mismo día permite que en cada detención se proporcionen mayores antecedentes y de mejor consistencia, lo que es eficiente para el juez de garantía al momento de decidir sobre el futuro del imputado o la imputada.

Ambos esperan que el proyecto continúe, ya que -según su punto de vista- los procesos son más eficientes tanto para los detenidos como para la justicia.