“Este es un día de hondo significado”. Así definía el Presidente Patricio Aylwin la jornada en la que se reunió con representantes de los pueblos originarios para anunciar la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI). Un año antes, como candidato, había firmado el Acuerdo de Nueva Imperial, con el que se comprometía a impulsar una nueva institucionalidad y el reconocimiento constitucional de estas etnias, además de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

El 24 de septiembre de 2018, 29 años después, el Presidente Sebastián Piñera anunció, al igual que sus antecesores, su compromiso por lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Si bien se trata de un problema histórico que data desde la fundación de la República, tras el fin de la dictadura han sido varias las iniciativas que han impulsado las administraciones de turno, las cuales, a la luz de los hechos, no han logrado el objetivo de darle paz a ese territorio en constante conflicto.

A partir del trabajo de la comisión creada por Aylwin se elaboró un anteproyecto que originó la actual Ley Nº 19.253, más conocida como Ley Indígena. También se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Fondo de Tierras y Aguas. Respecto al Convenio 169, comprometido por el Mandatario, se discutió por 17 años y fue ratificado recién el 2008.

A pesar de que el historiador mapuche Sergio Caniuqueo valora la aprobación de la Ley Indígena, por la protección a las tierras que esta significó, la periodista e investigadora Ana Rodríguez, coautora del libro “La Frontera: Crónica de La Araucanía rebelde”, analiza con una mirada más crítica la estrategia tomada desde el Acuerdo de Nueva Imperial, donde, a su juicio, comienzan las promesas incumplidas por parte del Estado. “Por un lado empieza una estrategia más bien asistencialista, al ser una región muy empobrecida, y por otro se aplica una estrategia policial”, explica.

Eduardo Frei debió enfrentar un conflicto con los pueblos locales por la autorización de la represa hidroeléctrica Ralco. Posterior a eso llamó a los “Diálogos Comunales”, los que operaron en paralelo a la “Comisión Asesora del Presidente sobre Pueblos Indígenas” y que propuso el reconocimiento constitucional.

Años después, Ricardo Lagos conformó el “Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (GTPI)”, instancia que generó las primeras “16 medidas” del Gobierno, además de crear la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, la que propuso, entre una serie de cosas, garantizar mayores derechos y autonomía para los pueblos, así como también el reconocimiento constitucional.

José Bengoa, historiador, antropólogo y quien participó en las instancias creadas por Aylwin y Lagos, es crítico con lo que se obtuvo de esas iniciativas, las que a su juicio “no tuvieron legitimidad”. “El resultado fue negativo, prácticamente no pasó nada y eso es evidente”, concluye.

En el programa de su primer gobierno, Michelle Bachelet propuso “impulsar urgentemente el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y dar alto rango político a las políticas a través de la creación de una subsecretaría de Asuntos Indígenas”, además de implementar las medidas impulsadas por la comisión Nuevo Trato de Lagos.

Ninguna de las iniciativas de Bachelet vio la luz y en 2008 la Presidenta creó la figura del Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas (CPAI), junto con conformar la Comisión Asesora sobre Política Indígena Urbana.

Por su parte, al asumir en su primer mandato, el Presidente Sebastián Piñera convocó a una mesa de diálogo en torno al “Plan Araucanía”, que propuso durante su campaña. Junto con eso, continuó con el funcionamiento del Consejo de Ministros y se comenzó a aplicar el Convenio 169 que había sido ratificado dos años antes.

En su segunda administración, Bachelet propuso elaborar una nueva Constitución y consigo crear un “Estado Plurinacional”. Además de eso se conformó otra comisión, esta vez de “Personalidades Representativas de la Sociedad Chilena e Indígena”, la que revisaría el actuar policial y la aplicación de la Ley Antiterrorista.

De aquello derivó la conformación de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, que propuso reparación a las víctimas, una evaluación de la reclamación de tierras, reconocimiento constitucional, desarrollo productivo y participación política de los pueblos indígenas. Además de eso, y en el marco de la propuesta constitucional, se generó un proceso constituyente indígena y una Comisión Técnica de Niñez y Pueblos Indígenas.

Al volver a La Moneda, Sebastián Piñera impulsó un “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”. Esta propuso la coordinación de varios ministerios con el fin de abordar la situación en la zona de manera multidimensional. Para el exintendente, Luis Mayol, el desafío fue complejo: “Había un desorden del punto de vista judicial y policial tremendo, porque estaba la Operación Huracán”.

La iniciativa buscaba fortalecer el diálogo en la zona, aunque según Mayol había condiciones. “Cualquier organización que quisiera dialogar con aquellas que estaban catalogadas como violentistas, tenía que previamente renunciar explícitamente al uso de las armas”. Sin embargo, la instancia se quebró tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de personal del GOPE de Carabineros.

En los últimos 32 años las medidas tomadas por los gobiernos han ido por una línea policial y otra de políticas públicas en la zona. Según Bengoa, en ese territorio existen dos fenómenos y procesos que se encuentran en disputa: “Por un parte la sociedad regional, que demanda fuerza militar, y por otro, un pueblo que está constituyéndose como una nación al interior de la sociedad chilena”.

En ese sentido, para Caniuqueo la fórmula adoptada por los diferentes gobiernos ha fallado porque se trata de políticas públicas de origen presidencial, pero no del Estado: “Hay una gran diferencia con una comisión de Estado, donde, por ejemplo, pueden operar todos los operadores y distintos actores del Estado”.

Según Ana Rodríguez, “no hay voluntad política, porque hacer comisiones es bueno, puede sonar muy bien, pero tampoco están participando todos los involucrados”. En esa línea, Bengoa asegura que para resolver estos hechos históricos se debe “hacer con voluntad real de los actores, y eso todavía no lo percibo”.

Para eso, según la escritora e investigadora, se debe tomar una estrategia diferente y avanzar con diálogo y acciones concretas a la vez: “Si tú no le das la validez de sujeto político al pueblo mapuche, es una conversación bastante vacía”.

Con la llegada de una nueva administración, y su anuncio de finalizar el Estado de Emergencia, el presidente electo Gabriel Boric tendrá un cambio en la estrategia. En ese sentido, y según su experiencia, Mayol aconseja: “El diálogo se tiene que hacer pacíficamente, no se puede hacer con una pistola encima de la mesa”.