Los 19 fiscales regionales del país enviaron una carta al pleno de la Convención Constitucional rechazando la idea, aprobada en particular por la Comisión de Sistemas de Justicia, de eliminar la figura del fiscal nacional para reemplazarlo por un Consejo Superior que dirija todo el Ministerio Público.

Los jefes de la fiscalía en las regiones vienen siguiendo hace tiempo la discusión de la Convención. También han ido recogiendo el debate académico que ha surgido sobre la materia y a inicios de esta semana se preocuparon debido las normas que se aprobaron en particular y se despacharon al pleno para su primera votación.

Los fiscales regionales escogieron al persecutor jefe de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, y a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, como sus representantes. Ambos investigadores han estado estos días en Santiago y se han reunido con las distintas asociaciones de funcionarios y fiscales para recoger el sentir de todas estas agrupaciones. En esas conversaciones, Meléndez y Mansilla han podido notar que al interior del Ministerio Público existe un consenso sobre esto.

Lo primero que dice Meléndez es que esta carta fue pensada respetando la autonomía de la Convención: “Esto lo hacemos desde la vereda de colaborar con nuestro conocimiento técnico, con un ánimo colaborativo y constructivo. Lo que nos interesa es que la gestión del Ministerio Público, la eficacia y la eficiencia no se vean alteradas y que lo que sí se haga es que se fortalezca todo lo necesario para que la conducción sea más transparente y con mayor control”.

“Existe unidad al interior del Ministerio Público, entre funcionarios, fiscales adjuntos y fiscales regionales, de que esta idea de crear un Consejo Superior no es algo positivo. Todos coincidimos en que eliminar la figura del fiscal nacional no soluciona ningún problema, por el contrario, puede causar una problemática mayor en diluir las responsabilidades. Por lo tanto, hay consenso en que se afecta la organización, el diseño y la estructura del Ministerio Público y, por lo tanto, la persecución penal y la protección de víctimas y testigos”, agrega Meléndez.

En su documento, los persecutores regionales dan cuenta de varios puntos que son problemáticos. El primero apunta a que al crear este órgano colegiado “se torna difusa” la responsabilidad de las autoridades. “Al estar la dirección de la institución a cargo de un órgano colegiado, naturalmente la responsabilidad de sus autoridades se debilita, ya que se dificulta la posibilidad de otorgar responsabilidad individual respecto de las decisiones que se adopten en el cumplimiento de sus funciones, disminuyendo, por tanto, la existencia de un efectivo control, no existiendo una figura similar en otras legislaciones occidentales que puedan servir de referente o parámetro”, se lee en la carta.

Por eso mismo, los fiscales plantean que si lo que se quiere combatir es la “existencia de un excesivo personalismo en el proceso de toma de decisiones relevantes para la institución” hay otros caminos: “Parece más adecuado proponer que la política de persecución penal y los criterios de actuación sean decisiones que se deban tomar por el Consejo General de fiscales, entregándoles voz y voto a sus integrantes, de modo que no se trate de un órgano meramente consultivo, como existe en la actualidad, y pase a constituir un órgano deliberativo, conocedor de los distintos fenómenos delictuales en el país”.

El fiscal Meléndez explica que el Ministerio Público es un órgano de gestión, que todos los días se enfrenta a problemas que deben ser resueltos de la forma más rápida posible y que por eso la dirección unipersonal de la fiscalía es más adecuada. “El ejercicio de la persecución penal implica que sea eficiente, oportuna, ágil y rápida. Por lo tanto, entregar la toma de decisiones a un órgano colegiado con la demora que eso va a implicar obviamente va a afectar la gestión y no vamos a poder cumplir nuestra función como corresponde de manera eficaz. Esto no solo lo decimos nosotros, sino que también lo dice la academia”, señala el jefe de la Fiscalía de los Ríos.

Este punto es desarrollado de la siguiente manera en la carta enviada a la Convención: “Al ser la fiscalía un órgano de gestión, con la creación de este consejo colegiado en su cúspide se entorpece y debilita la eficiencia en la toma de múltiples decisiones y actos que deben realizarse día a día, corriendo incluso el riesgo de paralización frente a disidencias o decisiones contradictorias, con lo cual se favorece la elusión de la responsabilidad organizacional y aumenta el riesgo de burocratizar el ejercicio de las funciones institucionales, en desmedro de una óptima distribución de los recursos, atentando directamente con la claridad organizacional vital para el desempeño de todas las personas que trabajan en la institución”.

Los fiscales regionales también critican que la creación de este consejo hará que el Ministerio Público traslade todo el peso de sus decisiones a Santiago. Esto haría perder una de las virtudes que tiene la fiscalía, ya que al contar con unidades regionales autónomas, las decisiones están distribuidas a lo largo de todo el país.

Además, se perdería la participación de las regiones en los nombramientos. Si todos los fiscales son designados por este consejo, entonces ya no habrá participación de las cortes de Apelaciones ni tampoco de los fiscales regionales.

“Las normas propuestas por la comisión importan un deterioro de la participación de las regiones en la toma de diversas decisiones al interior de la institución, pues refuerzan una mirada centralizada en un Consejo Superior, estableciendo órganos novedosos en su estructura, cuyos miembros y domicilio se encontrarán en la Región Metropolitana (...). De este modo, las decisiones que se adopten en la sede central tendrán incidencia en cada una de las regiones del país, sin tener en consideración las realidades locales”, exponen los investigadores en su documento.

El documento remitido a la Convención también ahonda en otro punto. Los fiscales plantean que si el objetivo de los convencionales es que la dirección del Ministerio Público quede más protegida de las interferencias del poder político o de los poderes empresariales, entonces la creación de un consejo de siete personas provocará el efecto contrario.

“Si la gran crítica que ha surgido de la misma Convención es la indebida injerencia que el poder político tiene en la actual elección del jefe máximo del Ministerio Público, no logramos comprender cómo podría mejorar aquello si tres de los siete miembros del consejo serán elegidos por el futuro Congreso Plurinacional, y que dependerá evidentemente de las mayorías políticas de turno. Una representatividad política de esta envergadura puede, sin duda, generar presiones políticas indebidas y ser fuente de corrupción en el órgano que precisamente existe para investigarla. Lo anterior también es aplicable respecto de los restantes cuatro miembros provenientes de la misma institución, ya que al ser elegidos democráticamente serán representantes de sectores, generando una vinculación con los grupos de interés a partir de los cuales resultaron electos”, expone la carta.

Al interior del Ministerio Público existe preocupación, dado que este consejo podría politizar la institución al traer las lógicas de campañas políticas para la elección de algunos de sus miembros. Esto es especialmente relevante si se toma en cuenta que una de las facultades de este consejo será la de evaluar y ejercer la potestad disciplinaria en los más de 4.300 funcionarios del organismo.

Al final del documento, los fiscales regionales también critican la idea de crear, además, un Comité del Ministerio Público. Aprobar esta norma, dicen, implicaría que la institución quede “bicéfala”.

También rechazan el artículo que les da autonomía a los fiscales adjuntos. Actualmente, la institución es jerarquizada y estos persecutores deben seguir los lineamientos que entrega el fiscal regional respectivo. Si se aprueba esto, los fiscales creen que se atentará contra la igualdad ante la ley de las personas.

“Lo indicado en el párrafo anterior podría traducirse en la adopción de criterios dispares en la toma de decisiones por cada fiscal en el país, respecto del mismo tipo de delitos o similares situaciones, lo que llevaría al absurdo de que el propio superior jerárquico, el o la fiscal regional que detenta la acción penal pública en su territorio, pierda el control de las decisiones de sus propios fiscales adjuntos”, se lee en la carta.

Finalmente, también se critica que se acorte a cuatro años la duración del cargo de fiscal regional, esto debido a que coincide con el periodo que tienen autoridades políticas como el Presidente de la República y los parlamentarios: “Ello puede atentar naturalmente contra la independencia y autonomía de la institución, por cuanto se da una gran injerencia del poder político de turno en la definición de las autoridades de la fiscalía”.

Al cierre de su documento, los fiscales se hacen cargo de las mejoras que necesita la figura del fiscal nacional y proponen algunas ideas para mejorar ese aspecto: “Las propuestas deben orientarse a establecer un verdadero perfil de fiscal nacional, fortalecer un mecanismo de nombramiento orientado al mérito, para garantizar que la persona designada sea la más idónea. Este procedimiento debe permitir un escrutinio de las personas candidatas y posibilitar la participación ciudadana. Lo anterior debe ser reforzado con un procedimiento de rendición de cuentas ante la ciudadanía de la gestión, un servicio profesional de carrera adecuado y la creación o mejora de órganos de control interno independientes e instancias adecuadas que investiguen y sancionen las faltas o delitos cometidos por los funcionarios de la institución”.