Con el propósito de resguardar a los grupos más vulnerables cuyos juicios orales fueron postergados por la pandemia, el protocolo que regirá la reactivación de la justicia penal, y que ya está listo, considera que se prioricen en las agendas de los tribunales, ya sea en modalidad remota o semipresencial, los casos en que los imputados están privados de libertad -es decir, sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva- y en aquellos en que las víctimas son niños, niñas, adolescentes, mujeres, especialmente aquellas que han sido afectadas por violencia de género y personas mayores.

El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, lideró la mesa en que participaron todos los actores del sistema penal -Poder Judicial, fiscalía y Defensoría, y en la que se elaboró este documento que será la guía en la realización de juicios orales que están pendientes debido al funcionamiento especial en la tramitación de los procesos judiciales cuando se decidió terminar con las audiencias presenciales para evitar contagios. Esta fue una de las primeras medidas impulsadas por la cartera que dirige el ministro Hernán Larraín y que se tradujo en una ley transitoria para enfrentar la pandemia y que permitió dar continuidad al servicio de justicia, priorizando algunas causas por sobre otras y suspendiendo también algunas actuaciones como los procesos probatorios. Esto repercutió en que el 2020 se redujeran las audiencias en los juzgados de garantía y en los tribunales de juicio oral en lo penal en un 68% y 65%, respectivamente, y en comparación a los años anteriores.

Con miras al término del estado de excepción constitucional, el 30 de junio, es que el Ministerio de Justicia busca que se acelere la tramitación del “proyecto de ley de reformas a la justicia post Covid”, que permitirá introducir normas transitorias y permanentes que reactiven los plazos suspendidos, reagenden aquellos juicios orales que no han podido llevarse a cabo de forma remota, entre otros. Al interior del Ejecutivo hay preocupación, porque pese a que la iniciativa ingresó al Senado el 1 de septiembre del año pasado y las seis urgencias que se le han aplicado aún se encuentran en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta y sin su promulgación, es probable que el histórico retraso de miles de audiencias siga creciendo.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, valoró que ante la crisis sanitaria se haya podido legislar en un corto plazo para que la justicia siguiera operando vía telemática y se permitió suspender audiencias y plazos, pero advirtió que eso ya no es suficiente. “El largo tiempo transcurrido sin que mengüe la pandemia está produciendo efectos negativos que obligan a modificar el funcionamiento provisional del sistema judicial. Se están produciendo graves atrasos que generan consecuencias desastrosas para el respeto de los derechos de cientos de miles de personas”, dijo a La Tercera.

En esa misma línea, sostiene el secretario de Estado, una vez más desde el ministerio que dirige presentaron un nuevo proyecto “que, de aprobarse, permitiría reactivar los procesos, abrir los plazos probatorios, reanudar audiencias, siempre con uso de la tecnología y medios remotos, para hacer real el otorgamiento de justicia”. Sin embargo, Larraín advirtió que “lamentablemente, esta iniciativa ha tenido un muy lento avance en el Senado, lo que nos produce una enorme preocupación, ya que el atochamiento crece y la sensación de denegación de justicia se percibe cada día con más fuerza. Esperamos una reacción oportuna en el Parlamento para resolver esta situación antes de que colapse el sistema por la demora en introducir estos cambios”.

Cifras de la Corporación Administrativa del Poder Judicial dan cuenta de que los mayores retrasos están en los juzgados de garantía, donde también se realizan juicios como lo son los abreviados y simplificados. Hasta febrero de este año había 300 mil audiencias postergadas, de ellas varias eran preparaciones de juicio oral. La virtualidad de las audiencias, en estos tribunales, ha estado concentrada en audiencias de control de detención y formalización, es decir aquellas actuaciones más urgentes del sistema penal. Es por esto que la mesa interinstitucional, liderada por el subsecretario Valenzuela, acordó una especie de hoja de ruta cuando los juicios se retomen y que podría ser apenas se promulgue “la reforma a la justicia post Covid”, sin siquiera tener que esperar a que se acabe el estado de excepción por el estado de catástrofe decretado por el Presidente Sebastián Piñera.

En este protocolo se contemplan audiencias remotas, es decir, aquellas en que todos los intervinientes van a estar de acuerdo de realizar un juicio a través de plataformas tecnológicas, pero también se dará la posibilidad de audiencias semipresenciales. En estas, se lee en el documento, “a lo menos un integrante del tribunal (juez) y algún otro interviniente acude al tribunal respectivo para el desarrollo de la audiencia. Mientras que los demás intervinientes y personas participan mediante medios telemáticos desde dependencias ajenas al Poder Judicial”.

Una de las preocupaciones de la mesa fue que independiente del tipo de audiencia que se acuerde, “se debe garantizar la comunicación directa y confidencial entre defensor e imputado. Este contacto se realizará por vía presencial o remota conforme a lo que defensor e imputado acuerden, para lo cual Gendarmería de Chile o los tribunales, según corresponda, dependiendo del tipo de audiencia de que se trate, deberán disponer las medidas técnicas necesarias para que ambos puedan estar físicamente juntos en sus dependencias o comunicarse de manera virtual”. Sobre todo cuando el imputado renuncie a su derecho a guardar silencio y quiera declarar.

En esta etapa se tendrá especial cuidado y resguardo a los derechos de grupos vulnerables. “En particular, respecto de personas privadas de libertad, adolescentes, niñas, niños, mujeres, especialmente las que son víctimas de violencia de género, y personas mayores. Entre estas medidas, podría considerarse la priorización en el agendamiento y el resguardo de la seguridad de las víctimas”, sostiene el protocolo.

Entre otras ítems que se acordaron fue respetar la publicidad de los procesos, permitiendo así que quien quiera ser público se pueda conectar y que los funcionarios judiciales garanticen el acceso telemático de todos los intervinientes de los juicios. En el caso de peritos y testigos que deban testificar, se señala en el documento, “se preferirá que la declaración se realice en el tribunal que corresponda. En caso que éste no sea posible, se podrá disponer que se declare desde otro tribunal o unidad judicial habilitada por el Poder Judicial para estos efectos. De no ser factible lo anterior, se permitirá comparecer desde otras reparticiones públicas. Finalmente, si no fuese posible prestar la declaración desde ninguna de las dependencias referidas, ella se podrá efectuar en un lugar que otorguen garantía suficiente al tribunal”.

Quienes no estén presentes en el tribunal, ya sea peritos, víctimas o testigos, los jueces deberán pedirles que exhiban su cédula de identidad en la pantalla por ambos lados y que “el tribunal evaluará si la persona se encuentra en un entorno adecuado para dar una declaración libre, espontánea y que no recurra a fuentes de información que estén ajenas a su control o mantengan comunicaciones con la parte que los presenta. Para estos efectos, el tribunal podrá solicitar que muestre o describa el lugar desde donde se contacta, corroborar que no se encuentre en compañía de terceros, requerir que comparta su pantalla, exigir que declare con un espejo detrás, pedir que se ubique a cierta distancia de la cámara, u otras medidas que estime pertinentes”.

Finalmente el protocolo deja en manos de los jueces “velar en todo momento por el cumplimiento de las garantías del debido proceso, para lo cual adoptará todas las medidas que durante el desarrollo de la audiencia se requieran, incluidas sus facultades de anular de oficio en caso de ser necesario”.

El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, explicó que “en los últimos cuatro meses constituimos un grupo de trabajo con representantes de la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y las Direcciones de Estudio del PJUD, también del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública; de los colegios de Abogados, tanto de Santiago como de regiones, para poder acordar un protocolo de funcionamiento de las distintas audiencias, en el sistema penal y particularmente los juicios orales”.

La autoridad agregó que “esto forma parte de un proyecto de ley donde queremos reanudar y poner en marcha completamente el funcionamiento del sistema de justicia en su totalidad. Poder absorber las sobrecargas de trabajo que hemos proyectado, especialmente por la suspensión de los procesos, y lo más importante, de incorporar de manera permanente el uso de tecnología y actuaciones vía remota en nuestro sistema judicial, favoreciendo finalmente al acceso a la justicia”.