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El alcalde de Recoleta en su cuenta pública hizo alusión a la indagatoria de la Fiscalía en contra de la extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), apuntando que él es el único investigado siendo que el tesorero de la organización era el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, el vicepresidente.

La acción en tribunales civiles emprendida por Achifarp busca que los municipios paguen sus deudas con la organización encabezada por Daniel Jadue (PC). Esto, pese a que algunas autoridades ni siquiera reconocen haber integrado la agrupación que llevó al alcalde de Recoleta a ser próximamente formalizado por delitos de corrupción.

Durante la jornada del lunes 1 de abril, el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, junto a la fiscal Giovanna Herrera concretaron el ingreso de un escrito ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago en que solicitan audiencia para formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La decisión, tras dos años de investigación, asestó un duro golpe a una de las figuras más poderosas dentro del Partido Comunista. La demora en la toma de esta decisión, comentan conocedores del caso, fue recopilar la mayor cantidad de pruebas que le permitan al Ministerio Público no solo imputar al jefe comunal, sino solicitar en su contra la medida cautelar más intensa que contempla la ley, ante lo que califican como graves delitos ligados a actos de corrupción.

A siete años del inicio de Achifarp, la agrupación hoy está liquidada por la justicia e investigada por el Ministerio Público por la presunta ocurrencia de delitos en el tratamiento de los dineros públicos. Como sea, hoy distintos municipios cuentan con sus farmacias populares o municipales, todo muy alejado del modelo inicial que propuso el alcalde de Recoleta.

De acuerdo con el texto de la acción, había una serie de insumos de propiedad de la asociación que se mantuvieron ocultos, "en directo y claro perjuicio para la masa acreedora de Achifarp, por cuanto a esta fecha se han devaluado". Por lo mismo, también se apunta en contra del jefe comunal de Recoleta por el delito de administración desleal.

El cerco a los eventuales ilícitos de fraude al Fisco y cohecho que involucran al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se estrecha. Este lunes el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la petición de la fiscal Giovanna Herrera y amplió la indagatoria para revisar las maniobras fraudulentas que se indagan en este caso donde el jefe comunal ya declaró como imputado.

Un total de $1.291 millones son los que adeuda la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) a una serie de proveedores e incluso a los extrabajadores de la organización. Además del proceso civil con el cual se busca liquidar la organización y consigo pagar sus deudas, también se investiga la ocurrencia de posibles delitos en el funcionamiento de la entidad dirigida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

A siete años del inicio de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), la agrupación hoy está liquidada por la justicia e investigada por el Ministerio Público por la presunta ocurrencia de delitos en el tratamiento de los dineros públicos. En ese proceso, los alcaldes que en un inicio fueron socios de la organización liderada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hoy operan sus farmacias comunales de manera autónoma ante el nulo cumplimiento que tuvo la iniciativa del representante del PC.

El 4° Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de la Asociación Nacional de Farmacias Populares, con lo que el jefe comunal de Recoleta perderá la administración de la entidad. Un liquidador tomará el control de los bienes y buscará pagar las deudas que se tienen acumuladas con proveedores. Si bien desde la asociación responsabilizan a los municipios por la situación, ya que 63 no tienen sus cuotas al día, desde la parte demandante culpan a la actual dirigencia del excandidato presidencial.

Tras el informe de Contraloría -que cuestiona duramente la administración de la Achifarp, presidida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC)- las municipalidades comenzaron a evaluar la suspensión o retiro de su participación en esa asociación. Eso sí, no se afectará el precio de medicamentos, pues aseguran que la mayoría de las comunas adherentes mantienen tratos directos con los distribuidores y la Cenabast.

El informe final detectó que la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), presidida por el alcalde de Recoleta, no cuenta con estados financieros ni antecedentes bancarios que respalden en qué se ha invertido el dinero, ni las cuotas que pagan los asociados. Se apunta también a un inexistente protocolo que dé cuenta de procedimientos de adquisición, registro y análisis de los medicamentos comercializados a través de los municipios. Se ordenaron, además, sumarios por Avifavir e Interferón, fármacos adquiridos supuestamente para tratar el Covid y que pese a la prohibición de la autoridad sanitaria seguían almacenados en bodegas de la repartición que dirige Jadue.

La agrupación que preside el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuestionó la petición de quiebra que solicitó un proveedor de insumos contra la pandemia del Covid. En una declaración pública, calificó la acción judicial como "sin sustento" y que "a la fecha, se le han pagado cerca de $460 millones, cifra que supera con creces los insumos vendidos”.